El discurso antinmigración arrastra a la socialdemocracia sueca

Estadounidenses que desertaron en Vietnam, exiliados de las dictaduras del Cono Sur, kurdos que huían de Sadam Husein, balcánicos que escapaban de las atrocidades tras la desintegración de Yugoslavia… Suecia acogió durante décadas a refugiados de todos los continentes con los brazos abiertos. Ya no. El discurso xenófobo y antinmigración que impulsó la entrada de la ultraderecha en el Parlamento en 2010 se ha expandido por gran parte del espectro político del país escandinavo. Incluso el Partido Socialdemócrata —en el poder desde 2014— ha endurecido notablemente su retórica durante la campaña para las elecciones del próximo domingo.

Ningún país europeo tiene tantos refugiados per cápita como Suecia. Casi uno de cada cuatro de sus 10,3 millones de habitantes tiene raíces extranjeras. Las voces contrarias a la llegada de población foránea han tenido cierta repercusión desde los años ochenta, pero la mayoría de los suecos y casi todos los partidos políticos mantenían un firme compromiso con el derecho al asilo. Todo comenzó a cambiar durante la crisis migratoria de Europa en 2015, cuando llegaron más de 160.000 personas en pocos meses. En abril de ese año, el entonces primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, aseguró que no había “ningún límite” al número de refugiados sirios que podían llegar al país. Seis meses después, el gobernante reculó: “No podemos seguir recibiendo a tantos solicitantes de asilo. Simplemente, no tenemos capacidad para ello”. Junto a Los Verdes, sus socios en el Gobierno, Löfven comenzó a endurecer los requisitos para refugiarse en Suecia.

Su sucesora, Magdalena Andersson, la primera mujer al frente del país, ha adoptado una postura bastante más dura de la que trata de sacar rédito político. Distintas reformas legislativas han reducido drásticamente las opciones de obtener el estatus de refugiado en el país escandinavo. En junio, el Ejecutivo de Andersson propuso la creación de “centros de retorno”, cerca de los aeropuertos, para alojar hasta su deportación a los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada. El pasado sábado, en un debate televisado, la mandataria aseguró que Suecia tiene ahora “una de las políticas sobre inmigración más restrictivas de Europa”.

Ninguna localidad sueca refleja mejor el rechazo al inmigrante que Sjöbo, un municipio de 20.000 habitantes situado 50 kilómetros al este de Malmö. Durante las elecciones generales de 1988, se celebró allí un referéndum para vetar la llegada de refugiados al pueblo. Arrasó el sí con más del 66% de los votos y Sven-Olle Olson, el impulsor de la consulta popular, fue expulsado del Partido del Centro. Ningún refugiado se asentó en Sjöbo hasta 2001, cuando el Ayuntamiento puso fin a la prohibición. El municipio es hoy un bastión de Demócratas de Suecia (DS), un partido de ultraderecha con raíces neonazis —cuyo primer lema fue “Sjöbo muestra el camino”— que logró casi el 20% de los escaños en las parlamentarias de 2018 y que aspira a mejorar el resultado este domingo.

Hjalmar Mattsson, un pensionista de 71 años, cuenta con orgullo su participación en el referendum hace 34 años. “Se nos estigmatizó, se nos trató como racistas, pero el tiempo nos ha dado la razón”, comenta en una cafetería de esta tranquila localidad en la que la agricultura (trigo, colza, remolacha azucarera) es la actividad principal y la edad media de sus habitantes es bastante superior a la del conjunto del país. “Los refugiados han traído desempleo, criminalidad, un claro deterioro de los servicios públicos y las prestaciones sociales, además de un futuro desesperanzador. Es una realidad incuestionable”, argumenta. “Quien lo siga negando es que está ciego”, zanja.

No todos los habitantes de Sjöbo opinan como Mattsson. Melissa Arvidsson, una treintañera que trabaja en una sucursal bancaria en un pueblo cercano, lamenta que DS obtuviera en Sjöbo un 40% de los votos en los últimos comicios parlamentarios, el mejor resultado del partido en todo el país. “Me avergüenza que en cualquier parte de Suecia se vincule mi pueblo con la ultraderecha. Hay ocasiones en las que evito decir que soy de aquí, me cansa tener que dejar claro que no comparto la ideología de muchos de mis vecinos”. El municipio no ofrece cifras sobre el número de refugiados que residen allí, aunque resulta evidente que la proporción es muy inferior a la media nacional.

Anders Hellström, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Malmö, comenta que “hace una década, las políticas antinmigración de DS se consideraban extremistas. Hoy se han convertido en la opción dominante y el cordón sanitario para frenar a la ultraderecha se ha evaporado”. Hellström considera que muchos ciudadanos ahora critican a los inmigrantes, “especialmente a los musulmanes”, de un modo que no se hubiera tolerado hace unos años. “Esto da pie a la aparición de figuras todavía más radicales que los representantes de DS, como [Rasmus] Paludan”, agrega el experto en populismo y nacionalismo.

Hellström se refiere a Rasmus Paludan, un político con nacionalidad sueca y danesa que, tras fundar un partido que obtuvo el 1,8% de los votos en las últimas elecciones parlamentarias en Dinamarca, está tratando de polarizar aún más a la sociedad sueca. Desde hace meses, acude a distintas zonas del país para quemar un corán ante una multitud. El resultado suele ser el mismo: cientos de personas tratan de romper el cordón policial y agredir a Paludan.

La reacción más violenta a las acciones de Paludan llegó en Malmö (350.000 habitantes), donde conviven ciudadanos de 180 nacionalidades y más de un tercio de su población no tiene el sueco como lengua materna. Los disturbios más graves sucedieron en Rosengard, un barrio con más de un 20% de población musulmana. Decenas de policías resultaron heridos y autobuses, coches y una escuela fueron incendiados. Afwerki Tesfay, un sueco de origen eritreo de 22 años, reconoce que estuvo presente durante los disturbios, aunque asegura que se limitó a “insultar a Paludan y los policías”. Tesfay, que nunca ha tenido un empleo formal, cree que sus posibilidades de prosperar en Suecia son muy limitadas. “Aunque hubiera estudiado en la universidad, mis opciones de conseguir un trabajo cualificado en el sector privado serían escasas por mi color de piel”, comenta. “Muchos me ven como un criminal únicamente por tener padres eritreos. Si me pasara toda una noche paseando por Rosengard, la policía me cachearía mínimo cinco veces”, sentencia.

Tras los disturbios de abril en Malmö, la primera ministra declaró que “la segregación ha llegado a tal punto que existen sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente distintas”. Al inicio de la campaña electoral, Andersson aseguró que era necesario transformar los barrios en los que se concentra una mayoría de población extranjera: “No queremos Chinatowns ni Somalitowns. El sueco debe ser el idioma principal en todo el país”. Saida Moge Hussein, una concejala en Gotemburgo, reaccionó presentando su dimisión. “El Partido Socialdemócrata ha abandonado sus valores tradicionales y parece cada vez más un partido de derechas y xenófobo”, publicó en Facebook la política nacida en Somalia.

Las nuevas políticas de Suecia en materia de inmigración comienzan a ir en consonancia con las adoptadas en Dinamarca, donde otro Gobierno socialdemócrata, el de Mette Frederiksen, ha impulsado una ley para que los solicitantes de asilo puedan ser acogidos, pero fuera de territorio comunitario. Además, ha llegado a un acuerdo con Kosovo para enviar allí a extranjeros condenados en Dinamarca que serán deportados a su país de origen cuando cumplan su pena.

Precisamente el Partido del Centro —la formación de centroderecha que expulsó al impulsor del referendum en Sjöbo— puede resultar decisivo para que DS no forme parte del próximo Gobierno. Es la única formación a la derecha del Partido Socialdemócrata que mantiene su veto a los radicales. Los sondeos auguran un resultado ajustadísimo: una clara victoria socialdemócrata, pero un margen mínimo entre los dos bloques, el formado por DS y los tres partidos dispuestos a cooperar con ellos (conservadores, liberales y cristianodemócratas), y el compuesto por el partido de la primera ministra y otras tres formaciones (Los Verdes, La Izquierda y Centro) que se oponen rotundamente a que la ultraderecha toque poder.

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