Schröder demanda al Bundestag por recortar sus privilegios como excanciller en respuesta a su cercanía con el Kremlin

El excanciller alemán Gerhard Schröder ha presentado una demanda contra el Bundestag —la Cámara Baja del Parlamento federal— para recuperar los derechos que le correspondían por su condición de antiguo jefe de Gobierno, de los que fue despojado a finales de mayo. Schröder, muy cercano a las posiciones que defiende el Kremlin, pide la devolución del derecho a disponer de un despacho con personal, financiado por el Parlamento, según ha declarado su abogado, Michael Nagel, a la agencia DPA.

El bufete de Nagel ha presentado una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Berlín por este asunto en nombre de Schröder. La demanda considera que la decisión de cerrar la oficina de Schröder no es propia de un país democrático. “Este tipo de decisiones recuerdan a las de un Estado absolutista”, añade el texto recogido por DPA.

Los diputados que retiraron parte de sus privilegios al socialdemócrata, que gobernó Alemania entre 1999 y 2005, justificaron su decisión como una forma de “aplicar las consecuencias de su comportamiento [...] ante la invasión rusa de Ucrania”. El abogado de Schröder afirmó este viernes en la radio pública NDR que la decisión es “ilegal” y que el exanciller se enteró de ella por los medios de comunicación.

El expolítico socialdemócrata ha sido objeto de innumerables críticas por su relación profesional con empresas energéticas rusas, así como por su cercanía con el presidente ruso, Vladímir Putin. Hace dos semanas, en una entrevista con la revista Stern, Schröder culpó a la empresa Siemens del retraso en el envío de una turbina, aparentemente clave en la normalización del flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream I. Aunque describió la guerra como un “error del Gobierno ruso”, el excanciller mantuvo que no ve necesario romper sus vínculos con Putin.

Aparte de los guiños a Rusia, Schröder se negó al inicio de la invasión de Ucrania a renunciar a sus cargos en compañías rusas. Finalmente, a finales de mayo, el expolítico acabó dimitiendo de su puesto en la petrolera Rosneft y declinando una oferta de Gazprom. Tomó esta decisión justo después de que el Parlamento anulase parte de sus privilegios. El reglamento de la cámara señala que la dotación para los antiguos cancilleres debe hacerse en consonancia con “las obligaciones continuas del cargo”. Y los diputados consideraron que las de Schröder no requerían la inversión de 400.000 euros de recursos públicos, personal incluido, que en 2021 se destinaron a su despacho.

Para los abogados de Schröder, la decisión de la comisión presupuestaria del Bundestag que anula esos fondos es “ilegal”, según describen en el comunicado publicado. “Se afirma que el excanciller federal Gerhard Schröder ya no ejerce sus llamadas funciones oficiales posteriores. Sin embargo, no se especifica qué son esos deberes oficiales retroactivos; cómo se debe determinar su cumplimiento o incumplimiento; y qué procedimiento debe seguirse al respecto”, prosigue el texto del bufete de Nagel, considerado uno de los abogados penalistas más reputados de Alemania.

La semana pasada, Schröder obtuvo un importante éxito cuando el comité de arbitraje del SPD en Hannover, su ciudad natal, rechazó su expulsión del partido al considerar que no había quebrantado las normas de la organización. Este triunfo ha alentado al expolítico a querellarse contra la decisión del Bundestag de retirarle los fondos para su oficina. A pesar de la retirada del presupuesto para su oficina, el excanciller mantiene un dispositivo de protección personal financiado por el Estado, además de su pensión mensual de 8.300 euros.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.