La caída en desgracia del excanciller Schröder continúa: el Gobierno alemán le quita los privilegios por sus vínculos con Putin

El dinero del contribuyente alemán ya no va a sufragar la oficina y el personal que el excanciller Gerhard Schröder mantiene en Berlín como antiguo jefe del Gobierno. El Ejecutivo de coalición del también socialdemócrata Olaf Scholz ha decidido retirarle ese privilegio por sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin. La oficina de Schröder le supone al erario público unos 400.000 euros al año entre gastos corrientes y los sueldos de cinco asistentes. Su negativa a condenar la invasión rusa de Ucrania y el hecho de que mantenga sus puestos en los consejos de administración de varias empresas estatales rusas ha sido la gota que colma el vaso de casi dos décadas de trabajo indisimulado en beneficio propio y de un país extranjero.

El excanciller, de 78 años, se ha vuelto una figura extremadamente incómoda para el actual jefe del Gobierno. Tanto Scholz como el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, fueron pupilos de Schröder al inicio de sus carreras políticas y ahora les toca desvincularse de su legado. Scholz le pidió a principios de marzo en una entrevista televisiva que renunciara a sus cargos en las empresas rusas. No solo no lo hizo, sino que unas semanas después concedió una entrevista a The New York Times que despertó la indignación de toda la clase política alemana: defendió, o más bien no condenó a Putin, y puso en duda la autoría de la matanza de Bucha.

Según dijo entonces, solo dejaría sus puestos —por los que percibe casi un millón de euros al año, según el cálculo del diario estadounidense— si Moscú deja de suministrar gas a Alemania. El político ha sido uno de los hombres fuertes de Putin en Europa desde que abandonó el cargo en 2005. Y hay quien mantiene que también lo era mientras fue canciller. Se ha dedicado a defender los intereses de Rusia, especialmente en lo que respecta al gas, al impulsar primero el Nord Stream 1, el polémico gasoducto que transporta el hidrocarburo directamente desde Rusia por el lecho del mar Báltico, y después su ampliación, el Nord Stream 2, terminado pero paralizado por orden del Gobierno alemán en respuesta a la agresión rusa.

Un paria internacional

Pocos días después del inicio de la guerra, el personal de la oficina de Schröder dimitió en bloque. Casi todos los exdirigentes europeos seducidos por Putin habían renunciado a sus lucrativos cargos menos él. La presión era máxima, pero el excanciller no se dio por enterado. Convertido en un paria, Schröder incluso viajó a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso sin informar previamente al Gobierno alemán. Según él, fue como mediador, pero la visita no dio frutos.

“Los antiguos altos cargos que están claramente del lado de gobiernos criminales no pueden contar con el apoyo del Estado”, ha dicho el ministro de Finanzas y líder de los liberales, Christian Lindner, sobre la retirada de los privilegios pagados con dinero público. Los tres partidos de la coalición han acordado presentar una moción en el Bundestag, la Cámara alta del Parlamento alemán, para cerrar la oficina, situada en un edificio en el famoso bulevar Unter den Linden —justo enfrente de la Embajada rusa—, y extinguir los puestos de trabajo asociados a ella. La documentación generada estos años se guardará en los archivos del Estado. “La comisión presupuestaria constata que el excanciller Schröder ya no ejerce ninguna función derivada de su antiguo cargo”, asegura la moción, que se votará este jueves.

Aunque no hay oposición —los democristianos pedían ir más lejos y dejarle únicamente con el operativo de seguridad—, la iniciativa parlamentaria es delicada desde un punto de vista jurídico porque no hay precedentes. Nunca había sido necesario retirar privilegios a un excanciller. Por eso, el texto incluye un pasaje en el que asegura que otros antiguos jefes del Gobierno podrían verse afectados si no ejercen sus responsabilidades con arreglo a los intereses de Alemania. Schröder, eso sí, mantendrá su pensión de excanciller, que asciende a 8.300 euros mensuales. Según el Gobierno, retirársela violaría la Constitución.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.