Trump respalda que se publique la orden de registro de su casa como ha pedido el fiscal

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha roto su silencio tres días después del registro de la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Garland ha comparecido este jueves en Washington para defender la actuación más polémica impulsada por su departamento. Apenas ha dado ningún detalle, alegando que la ley se lo impide, pero sí ha asegurado que tomó la decisión personalmente y que pedirá al juez que le permita hacer pública la orden de registro por ser de interés público. Una propuesta con la que Donald Trump parece estar de acuerdo: este viernes, en sendos mensajes publicados en la red social Truth, el expresidente pidió la publicación “inmediata” de la orden.

Por otro lado, se ha sabido que el FBI realizó el registro con autorización judicial después de considerar que Trump había incumplido un requerimiento para entregar documentos clasificados, secretos y comprometedores para la seguridad de Estados Unidos. Ese requerimiento era una actuación políticamente mucho menos explosiva, pero no tuvo éxito. Y también que la orden se basó en un soplo de alguien lo suficientemente cercano a Trump como para aportar información al respecto.

“La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal tras la necesaria constatación de causas probables [indicios de delito]. La orden de registro es un documento que la ley federal exige que los agentes de la ley dejen al dueño de la propiedad. El Departamento ha presentado una moción para hacer pública la orden y el recibo a la luz de la confirmación pública del expresidente del registro, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto”, ha dicho Garland.

La falta de explicaciones ha alentado todo tipo de críticas y hasta amenazas contra el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigación (FBI) por tomar una decisión tan drástica y sin precedentes como el registro de una residencia de un expresidente de Estados Unidos. Trump tiene la orden, pero por ahora no la ha hecho pública.

Garland ha evitado dar detalles por razones legales, pero ha hecho una defensa cerrada de su actuación, “sin miedo y sin favores”. “Todos los estadounidenses tienen derecho a la aplicación uniforme de la ley, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia”, ha dicho antes de hacer tres comentarios específicos sobre el registro.

“Primero, aprobé personalmente la decisión de solicitar una orden de registro en este asunto. Segundo, en el Departamento no se toma esa decisión a la ligera. En la medida de lo posible, la práctica habitual es buscar medios menos intrusivos como alternativa a un registro y limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo. En tercer lugar, permítanme abordar los recientes ataques infundados a la profesionalidad de los agentes y fiscales del FBI y del Departamento de Justicia. No me quedaré callado cuando se ataca injustamente su integridad”, ha señalado. Garland no ha admitido preguntas tras su declaración.

La petición al juez de hacer pública la orden de registro, un documento de cinco páginas, ha sido registrada ya este mismo jueves ante el juzgado del Sur de Florida. En ella se explica que el Departamento de Justicia puso la orden de registro en conocimiento de los representantes de Trump, pero “no hizo ninguna declaración pública sobre el registro y el registro aparentemente atrajo poca o ninguna atención pública mientras se estaba llevando a cabo”. “Más tarde ese mismo día, el expresidente Trump emitió una declaración pública reconociendo la ejecución de la orden. En los días siguientes, la orden de registro y el material relacionado han sido objeto de gran interés y atención por parte de los medios de comunicación y otras entidades”, añade.

El Departamento de Justicia pide que, si no hay oposición por parte de Trump, no solo se levante el secreto sobre la orden, sino también algunos anexos y el recibo con el listado de documentos incautados, entregado al juzgado este mismo jueves.

En su escrito, argumenta que aunque solicitó inicialmente mantener la orden y sus anexos en secreto, ahora la orden judicial ya ha sido ejecutada, Trump ha hecho público el registro y sus representantes han hecho declaraciones públicas de los materiales buscados. “El claro y poderoso interés del público en entender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor del levantamiento del secreto”, concluye el escrito, que deja a Trump la posibilidad de oponerse. La pelota está en su tejado. Una negativa a que se hagan públicos los documentos debilita la retórica victimista del expresidente y sus seguidores.

Un soplo cercano a Trump

En las últimas horas, han ido trascendiendo también algunos otros detalles relativos al registro. Por ejemplo, que los agentes federales se llevaron una decena de cajas con documentos tras su actuación. O que la actuación estaba basada en información confidencial fiable de una fuente cercana al entorno de Trump que permitía identificar qué documentos secretos estaban en Mar-a-Lago y dónde encontrarlos.

La ley considera de propiedad pública los informes, documentos e incluso notas manuscritas que los presidentes manejan en el ejercicio de su cargo y les obliga a entregarlos a los Archivos Nacionales al cesar. Trump incumplió inicialmente esa obligación. En mayo de 2021, el personal de los Archivos Nacionales se dirigió al ya expresidente para interesarse por documentación que no había entregado.

En enero de 2022, ante la amenaza de actuaciones más drásticas, Trump entregó 15 cajas con documentos. Entre ellos se encontraron cartas del líder norcoreano Kim Jong-un y la nota que le dejó su antecesor, Barack Obama, en su último día en el Despacho Oval. Además, había documentos clasificados como secretos, según comunicó la Oficina de los Archivos Nacionales. En febrero trascendió que los Archivos habían pedido al Departamento de Justicia que abriese una investigación.

Visita a Mar-a-Lago

Luego se supo que agentes federales habían acudido la primavera pasada a Mar-a-Lago, se reunieron con abogados de Trump y pidieron que les mostrasen si el expresidente conserva aún documentos presidenciales y dónde los tenía. En esa visita, cuatro investigadores se reunieron con dos abogados de Trump. El propio expresidente estaba por entonces en su mansión y les saludó. Los agentes comprobaron que Trump aún tenía papeles de la presidencia.

El propio Trump reconocía esa visita: “A principios de junio, el Departamento de Justicia y el FBI pidieron a mis representantes legales que pusieran una cerradura adicional en la puerta que conducía al lugar donde se almacenaban las cajas en Mar-a-Lago. Se les mostró la zona asegurada, y las propias cajas. Luego, el lunes, sin notificación ni aviso, un ejército de agentes irrumpió en Mar-a-Lago, fue a la misma zona de almacenamiento y arrancó la cerradura que habían pedido que se instalara. ¡Un ataque sorpresa, POLÍTICO, y todo mientras nuestro país se va al INFIERNO!”, escribió este miércoles en su red social.

La ley penal estadounidense castiga a quien “oculta, elimina, mutila, borra, falsifica o destruye voluntaria e ilegalmente” documentos federales bajo su custodia, con penas que van desde multa hasta tres años de prisión y con inhabilitación para desempeñar cargos públicos, aunque hay serias dudas de que eso último se aplique a los requisitos para ser elegido presidente. Otra norma impone penas de uno a cinco años a quienes se apoderan o destruyen documentos clasificados.

Trump también intenta alentar la tesis del doble rasero y la persecución política comparando su situación con la de su antecesor: “¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos que Barack Hussein Obama se llevó de la Casa Blanca a Chicago? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? (...) ¿Irrumpirán en la ‘mansión’ de Obama en Martha’s Vineyard?”, ha escrito este jueves. Sin embargo, no consta que Obama se llevase ningún documento confidencial y menos aún que hubiese incumplido ningún requerimiento para devolverlo. Obama se llevó documentos con el propósito declarado de digitalizarlos y subirlos a la red, algo que tampoco consta que finalmente hiciera.

El registro ha elevado la tensión política en Estados Unidos, que ya era muy elevada. El miércoles de la semana pasada, antes de la actuación del FBI, Biden se reunió durante dos horas con historiadores y conversaron sobre los riesgos que afectan a la democracia estadounidense, comparando la situación actual incluso con la previa a la Guerra Civil, según ha desvelado The Washington Post.

La Casa Blanca ha evitado hasta ahora hacer comentarios sobre el registro. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, aseguró el pasado martes en su rueda de prensa diaria que nadie de la Casa Blanca había sido advertido previamente de lo que iba a suceder y tampoco quiso hacer una valoración política al respecto.

Les aquí la transcripción completa de la declaración del fiscal general en inglés

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