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La mitad de las reclusas canadienses son indígenas pese a que solo representan el 4,9% de la población

Los expertos achacan este desfase a factores estructurales, además de los escollos que enfrentan para obtener la libertad condicional y acceder a servicios para favorecer su reinserción

Un grupo de indígenas de Canadá
Un grupo de indígenas de Canadá realiza una vigilia por las tumbas anónimas encontradas en una escuela residencial.Amru Salahuddien (Getty Images)

Los rezagos y dificultades que enfrentan muchos de los indígenas canadienses –particularmente las mujeres- están lejos de desaparecer. Algunas cifras que han salido a la luz en días recientes muestran incluso que el escenario no deja de empeorar. De acuerdo a la Oficina del Investigador Correccional, institución que vela por los derechos de los detenidos en Canadá, la mitad de las reclusas en penales gestionados por Ottawa pertenecen a los grupos autóctonos. Sin embargo, las mujeres de estas comunidades representan el 4,9% de la población femenina del país.

“Por primera vez alcanzan el 50%. Es simplemente impactante y vergonzoso para un país con tantos recursos”, declaró Ivan Zinger, investigador correccional de Canadá, al diario The Globe and Mail. En 2015, las mujeres indígenas constituían el 35% en penales federales. Según Estadísticas de Canadá, representaban a principios de 2021 el 42% de las internas en cárceles provinciales y territoriales. Actualmente, el 32,7% del total de hombres y mujeres recluidos en centros federales son de origen autóctono. La población penitenciaria no indígena se ha reducido en un 18% en la última década, mientras que la de estos grupos ha aumentado un 28%.

Cyndy Wylde es profesora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Ottawa; laboró durante 25 años en el Servicio Correccional de Canadá. Wylde comenta a EL PAÍS: “Desde 1970 se cita la sobrerrepresentación indígena en la red penitenciaria. Y más de medio siglo después, las cifras siguen empeorando. Vemos las consecuencias del colonialismo. El sistema judicial no está adaptado culturalmente a estos grupos y está basado sobremanera en castigar, faltan servicios, hay barreras lingüísticas. Las comunidades deberían ser el actor central; es una de sus exigencias de autodeterminación hacia Ottawa”.

La experta, que pertenece a los pueblos anicinape y atikamekw, añade: “Hay formas de evaluar en el sistema que son problemáticas. Por ejemplo, las personas consideradas de alta peligrosidad casi siempre son indígenas. Enfrentan muchos escollos para obtener la libertad condicional y, en consecuencia, acceder a servicios para favorecer su reinserción social”. Distintos elementos estructurales juegan también en su contra, tales como menores tasas de educación y dificultades en vivienda y agua potable. Igualmente, las adicciones y los padecimientos en salud mental golpean más a los miembros de estas comunidades que a los demás canadienses.

Estos factores se ceban especialmente con las mujeres. Las canadienses de origen autóctono tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser víctimas de asesinato o desaparición que las del resto del país. Asimismo, la esterilización forzada fue practicada a miles de ellas durante décadas. Un reporte en 1993 de la Comisión Real sobre los pueblos indígenas reflejaba ya este sombrío escenario a través del testimonio de una reclusa: “Tenemos que reconocer las razones por las que estamos aquí. No hemos nacido para acabar en la cárcel. Han pasado cosas en nuestras vidas. Hemos sufrido, hemos tenido muchos contratiempos. Todo eso para llegar aquí”.

Wylde subraya los casos de racismo y discriminación en distintas instituciones públicas; una de ellas, las fuerzas del orden. Organismos comunitarios de Manitoba, Saskatchewan y Columbia Británica continúan deplorando que la policía investigue con mayor lentitud las desapariciones de mujeres indígenas y criminalice con frecuencia a estas personas. Un grupo de autóctonas presentó en diciembre una demanda colectiva contra el Gobierno de Quebec. Estas residentes de la ciudad de Val-d’Or afirman haber sufrido agresiones sexuales, golpes y arrestos injustificados durante años por algunos agentes de la policía provincial. Un informe independiente, publicado este lunes, hizo especial hincapié en malos tratos por parte de la Real Policía Montada de Canadá a mujeres autóctonas. La confianza está tocada por todas partes.

Cyndy Wylde comenta sobre las indígenas en el sistema penitenciario: “No nos llevamos sorpresas cuando revisamos sus antecedentes. Tienen una trayectoria de marginación dentro y fuera de sus comunidades. La violencia es una especie de hilo conductor”. Dice que muchas de ellas han pasado por centros de protección a temprana edad o por instituciones para delincuentes juveniles. “Otras también vivieron en los internados para niños indígenas”, agrega. Wylde se refiere a la red de pensiones federales (gestionadas por grupos religiosos) que operó entre 1883 y 1996 para asimilar por la fuerza a unos 150.000 menores autóctonos, bajo un nutrido catálogo de horrores. El hallazgo de más de 1.400 tumbas sin marcar en varios de estos centros en los últimos 12 meses ha causado conmoción mundial.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió el año pasado a los responsables de Justicia y de Seguridad Pública involucrarse de forma profunda en el tema de la sobrerrepresentación de las denominadas “Primeras Naciones” en el sistema penitenciario. Marco Mendicino, ministro de Seguridad Pública, reconoció la semana pasada en sesión parlamentaria que las cifras son “inaceptables”, afirmando que el Gobierno liberal va a atacar el problema con una serie de reformas, aunque sin entrar en detalles. En 1999, la Corte Suprema de Canadá ya había señalado que el elevado número de autóctonas tras las rejas significaba una “crisis en el sistema judicial”.

La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá pide a Ottawa tomar medidas inmediatas; también señala que todo ciudadano del país debería exigir cambios. “Durante décadas, los sucesivos Gobiernos han prometido abordar esta sobrerrepresentación, causada por la pobreza y las circunstancias sociales desiguales, y agravada por leyes que castigan de forma desproporcionada sobre todo a las indígenas marginadas. Pero está claro que la situación no hace más que empeorar”, apuntó en un comunicado su directora general, Lynne Groulx. Un ranking -elaborado a través de varias encuestas internacionales- ubicó a Canadá en 2021 como el cuarto país del orbe con mejores condiciones de vida para las mujeres (el primero en América). Pero el “paraíso canadiense” no es para todas.

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