La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses: un asunto muy reciente

Las esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas en Canadá cesaron oficialmente en los años setenta, sin embargo, investigaciones y testimonios indican que estos procedimientos se siguieron practicando décadas después y se teme que todavía se den casos. La senadora Yvonne Boyer ha pedido a sus pares legislativos que se lleve a cabo un estudio para conocer el alcance real de esta práctica a nivel nacional. “Me han contactado muchas mujeres de todo el país pidiendo ayuda”, declaró el pasado 11 de noviembre a The Canadian Press. Boyer mencionó la tragedia de Liz, obligada a abortar y a someterse a una ligadura de trompas en un hospital de Ontario a los 17 años.

En el terreno legal, solo dos provincias canadienses permitieron esta práctica, que se cebó especialmente con las mujeres de los grupos autóctonos. La ley en Alberta estuvo vigente de 1929 a 1972 y la de Columbia Británica de 1933 a 1973, con 2.800 y 400 esterilizaciones respectivamente. No obstante, existen registros de esos años sobre este procedimiento en otras provincias y territorios.

La creencia extendida es que estas esterilizaciones habían acabado en los setenta, hasta que el diario StarPhoenix y la cadena CBC presentaron una serie de reportajes en 2015 con testimonios de algunas mujeres sometidas a este método, entre 2008 y 2012, en hospitales de Saskatoon (provincia de Saskatchewan). A raíz de los señalamientos mediáticos, las autoridades sanitarias de esa ciudad encargaron una investigación independiente a dos expertas de ascendencia indígena: Judith Bartlett, profesora de medicina en la Universidad de Manitoba, e Yvonne Boyer, abogada especializada en derechos humanos.

Bartlett y Boyer presentaron su informe en julio de 2017. A pesar del clima de miedo y desconfianza, lograron hablar con siete mujeres que fueron forzadas a la esterilización en Saskatoon. Casi todos los casos ocurrieron entre 2005 y 2010. “Me insistieron en que el procedimiento era para no superar el tamaño óptimo de una familia”, “el médico me indicó que era el único método para no quedar otra vez embarazada”, “me hablaron con términos técnicos que no comprendí y me sentí forzada a firmar la autorización”, son algunos de los testimonios que aparecen en el documento. Las expertas concluyeron que las mujeres fueron víctimas de discriminación y prejuicios, dentro de un sistema que refleja la herencia del colonialismo y que provoca recelos en el momento de solicitar otros apoyos sanitarios.

El día en que se hizo público el informe, Jackie Mann, vicepresidenta de los servicios de salud de Saskatoon, presentó disculpas oficiales en una conferencia de prensa. “Siento profundamente que estas mujeres hayan sufrido la ligadura de trompas sin su consentimiento, que no hayan sido tratadas con el respeto y la compasión que se merecían y que no hayan obtenido la ayuda que requerían. Ninguna mujer merece ser tratada de esta forma”, expresó entre sollozos.

Poco tiempo después, Yvonne Boyer comenzó a recibir mensajes de otras mujeres indígenas, tanto de Saskatoon como de otras provincias, afirmando que habían vivido las mismas experiencias. Liz fue una de ellas. Boyer se convirtió en senadora en marzo de 2018 y espera que su petición cuente con el respaldo de la cámara alta canadiense. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático, escribió en Twitter el 12 de noviembre que la esterilización de mujeres autóctonas constituye una grave violación a los derechos humanos y pidió al Gobierno de Justin Trudeau que ponga fin a este procedimiento en todo el país. Cabe señalar que, de acuerdo al Estatuto de Roma, esta práctica es un crimen de lesa humanidad. La Asociación de Mujeres Indígenas y Amnistía Internacional Canadá manifestaron también sus críticas.

Como respuesta, la ministra de servicios indígenas, Jane Philpott, declaró que la esterilización forzada de las mujeres indígenas representa una violación muy grave a los derechos humanos. “Sabemos que los pacientes de estos grupos pueden enfrentar barreras sistémicas para acceder a los servicios médicos, incluidos el racismo y la discriminación. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que los pueblos autóctonos reciban atención de calidad y sin prejuicios”, señaló.

El médico exclamó tras haberle realizado el procedimiento de ligadura de trompas: 'Cortadas, atadas y quemadas. Listo. Ya nada pasará por ahí”

William Olscamp, portavoz de este ministerio, comenta que tienen la determinación de trabajar con todos los sectores con el fin de mejorar las normas de servicios de salud para los pueblos indígenas. Sin embargo, precisa los distintos niveles de competencias: “En Canadá, toda medida sanitaria debe ser tomada en consenso, ya que los servicios son ofrecidos principalmente por las provincias y territorios, a excepción de las reservas. Dado que solo los médicos en ejercicio pueden exigir que se practique una intervención como la ligadura de trompas, también se debe consultar a los grupos que regulan esta profesión. A su vez, las políticas de consentimiento se administran a nivel local en los hospitales. Es por ello que las gerencias de los hospitales y sus supervisores también deben contribuir para prevenir esta práctica”.

En octubre de 2017, dos mujeres presentaron una demanda contra el Gobierno de Saskatchewan, las autoridades de salud regional, algunos médicos y el Gobierno federal. Argumentan que sufrieron esterilización forzada y piden una indemnización de siete millones de dólares canadienses (unos 4,7 millones de euros) para cada una. De acuerdo a la demanda, el procedimiento médico tuvo un impacto considerable en su salud física, mental y emocional, además de que les quitó la posibilidad de procrear más hijos y afectó a sus relaciones de pareja.

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La demanda incluye detalles sobre estas experiencias. “En 2001, la afectada dio a luz por parto natural y fue llevada al quirófano poco tiempo después para ser esterilizada. Ella protestó, pero nadie le hizo caso. No recuerda haber firmado la autorización. El médico exclamó tras haberle realizado el procedimiento de ligadura de trompas: 'Cortadas, atadas y quemadas. Listo. Ya nada pasará por ahí”, señala el documento. Otra descripción, sobre un caso ocurrido en 2008: “Los profesionales de la salud le plantearon el procedimiento cuando se encontraba en situación de vulnerabilidad. Le pidieron su aprobación por escrito momentos antes de que se le realizara una cirugía de emergencia, mientras se le administraban opiáceos y bajo un dolor asociado con el trabajo de parto activo”.

Alisa Lombard pertenece a Maurice Law, despacho que se encargó de elaborar la demanda. Es la primera firma de abogados en Canadá fundada por miembros de pueblos indígenas. “Hasta el momento nos han contactado unas 70 mujeres. La mayoría son originarias de la provincia de Saskatchewan, pero también de Columbia Británica, Manitoba, Alberta y Ontario. El caso más reciente habría ocurrido en 2017”, afirma. La demanda aun no ha sido admitida como recurso colectivo. “Tenemos que esperar la decisión del juez, ya que debe estudiar muchos elementos. También está la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales”, añade. En los próximos días, Lombard estará en Ginebra para exponer estas esterilizaciones ante un comité de las Naciones Unidas. Hablará sobre una deplorable práctica que se creía erradicada en Canadá desde hace varias décadas.