Organizaciones de mujeres indígenas denuncian ante la ONU las esterilizaciones forzosas de Perú

Entre 1996 y el año 2000, más de 272.000 mujeres y 23.000 hombres fueron esterilizados en Perú como parte de un programa nacional de planificación familiar. El proyecto, que puso en marcha el Gobierno de Alberto Fujimori, permitía acceder a una ligadura de trompas o a una vasectomía a aquellos que ya tuvieran tres hijos. Las autoridades se centraron en las zonas más pobres del país, localidades rurales en las que gran parte de la población hablaba fundamentalmente las lenguas indígenas. Sin embargo, aunque las autoridades aseguraron que quienes fueron esterilizados dieron su consentimiento por escrito, varias investigaciones han probado que la mayoría de ellos no habían comprendido lo que estaban firmando o, incluso, que fueron presionados para hacerlo como condición previa para acceder a programas de ayudas y alimentos.

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La Comisión del Congreso de la República que investigó el caso en el 2002 estimó que el número de víctimas de estas esterilizaciones forzosas asciende a 314.605. Sin embargo, 17 años después de que el programa terminase, la justicia no ha llegado para las víctimas de esta violación de los derechos humanos. Este viernes, entidades especializadas denuncian la impunidad del caso. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) hablarán en Nueva York de las esterilizaciones forzosas coincidiendo con el Foro Permanente de las Naciones Unidas en un evento paralelo, en el que presentarán el adelanto de un documental que da voz a las mujeres a las que arrancaron a la fuerza su capacidad de ser madres.

“Las enfermeras nos dijeron que nos íbamos a quedar sin nada, sin dinero y sin trabajo, y que no podíamos tener más hijos. Y así nos llevaron a operar”, relata Milena Vázquez en el documental. Investigaciones independientes y testimonios de las víctimas, como Vázquez, revelan que muchas mujeres sufrieron chantajes y amenazas para acceder a participar en el programa. A muchas madres que acababan de dar a luz les decían que no inscribirían a sus hijos en el Registro Civil, a algunas embarazadas las amenazaban con obligarlas a abortar. Además, como denuncian las organizaciones, los miembros del programa realizaban visitas casa por casa y advertían a las mujeres que volverían con la policía si no acudían al centro de salud o a las campañas. También se ofrecían incentivos económicos a los esposos de las mujeres indígenas.

Sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su "consentimiento genuino", según el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem). ONAMIAP y la IWGIA afirman, además, que puede considerarse como un proyecto genociza porque se dirigía específicamente a las mujeres indígenas, a quienes se considera ciudadanos de tercera categoría, denuncian. Acusan, además, a los sucesivos Gobiernos peruanos de dilatar los plazos de investigación de los casos y de no poner en marcha una adecuada política de reparación.