El presidente de Túnez refuerza su popularidad pese a haber acaparado todo el poder

Tras cerrar el órgano que nombra a los jueces y disolver el Parlamento, Kais Said aún atesora una intención de voto de casi el 90%

Dos mujeres pasan ante el Parlamento de Túnez tras su disolución, el 31 de marzo.
Dos mujeres pasan ante el Parlamento de Túnez tras su disolución, el 31 de marzo.MOHAMED MESSARA (EFE)

El presidente de Túnez, Kais Said, concentró toda la atención en su país cuando el 25 de julio de 2021 suspendió las funciones del Parlamento y asumió los principales poderes del Estado. Este jurista de 64 años basó su decisión en una polémica interpretación del artículo 80 de la Constitución tunecina, que permite al presidente tomar “medidas excepcionales” ante una situación de peligro inminente para el país. El contexto “excepcional” era la crisis sanitaria provocada por la pandemia, y el enfrentamiento institucional entre la presidencia y el Parlamento. Hasta ese momento, las atribuciones del mandatario estaban limitadas sobre todo a la política de seguridad y exterior. Han bastado nueve meses para que Said desmonte la arquitectura constitucional del único país donde triunfó la Primavera Árabe y acapare buena parte de los tres poderes constitucionales. Pero ninguna de las acciones de Said le han restado un mínimo de popularidad.

Hassen Zargouni, director de Sigma, la principal empresa tunecina de encuestas, indicó a este diario tras la disolución del Parlamento a finales de marzo que el presidente contaba con un apoyo del 66% de la ciudadanía y una intención de voto del 88% si las presidenciales se celebraran ahora. Otra encuesta de la empresa, de diciembre pasado, ya apuntaba que el 84% de los tunecinos tenían una buena opinión del régimen presidencial, y un 53% incluso muy buena. Un 95% deseaba reformas del sistema político ante la crisis que vive el país.

Said adoptó la última medida drástica el pasado 30 de marzo, cuando disolvió el Parlamento después de que 124 de los 217 diputados de la Cámara se reunieran mediante una aplicación de Internet para intentar anular los decretos aprobados por el presidente desde que implantó el estado de excepción en el país el pasado 25 de julio. Said les acusó de gestar un golpe de Estado y el Ministerio de Justicia inició una investigación judicial contra ellos en la que les acusa de atentar contra la seguridad del país.

Said Benarbia, responsable del Magreb para la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), indica en una conversación telefónica que Kais Said ha “desmontado sistemáticamente”, desde el 25 de julio de 2021, “todos los contrapoderes”, todas las instituciones que pueden ejercer un control sobre su gestión. “Es un presidente que reina por decreto. Sus decisiones no se pueden contestar o recurrir ni siquiera ante la justicia”. Y advierte: “Si no respeta la Constitución, esto puede derivar en una situación de conflicto”.

En cuanto a la disolución del Parlamento por parte de un presidente, Benarbia explica que la Constitución tiene prevista esa opción. “Pero se tiene que producir al margen del estado de excepción. Y entonces, el presidente tendría que organizar unas elecciones legislativas en el plazo más breve posible. Pero seguimos en un estado de excepción que en ningún momento fue levantado”.

El ensayista tunecino Mehdi Kattou indica en un correo electrónico que la disolución del Parlamento le parece muy grave, pero advierte de que, en su opinión, no es la primera “transgresión”. “El tunecino medio lo ve más bien como un alivio, porque cree que los diputados son la fuente de todos los males. Y la gente esperaba una decisión así el mismo 25 de julio [de 2021], cuando suspendió sus funciones, no ocho meses más tarde”.

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En esa misma línea, Youssef Cherif, director de la filial en Túnez del centro universitario Columbia Global Centers, considera que con la disolución de la Cámara el presidente certifica un “hecho consumado”, después de suspender sus funciones cuando asumió plenos poderes. Pero avisa de que se abre la puerta a nuevos peligros. “Si Kais Said persigue judicialmente a los diputados y ellos acaban en la cárcel”, advierte, “esto podría provocar manifestaciones de Ennahda [partido islamista], un rechazo de una parte de la opinión pública, y una consternación internacional, y conducir a un mayor aislamiento de Túnez”.

Cherif asegura que el presidente aún sigue siendo popular y podría asumir el encarcelamiento de los diputados. Y cree que la disolución del Parlamento puede resultar beneficiosa si Said anunciara elecciones anticipadas en un plazo de tres meses, tal como contempla la Constitución en esta situación. Cherif cree que esa sería una forma de sacar al país del “embrollo constitucional” en el que se encuentra. Pero Said ya ha asegurado que no convocará elecciones legislativas en los próximos tres meses.

La disolución del Parlamento viene a sumarse a otras medidas drásticas. Así, en febrero, Said cerró el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), un órgano independiente creado en 2016 e integrado por 45 magistrados, que se ocupa, entre otras funciones, de nombrar a los jueces. Y en septiembre, Said ya aprobó una ley que le autoriza a gobernar por decreto en materias tan sensibles y dispares como la organización de la información, de la prensa y de la edición, la organización de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o la organización del Ejército.

En esta ocasión, el presidente Said contaba para disolver el Parlamento con el apoyo explícito de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el principal sindicato del mundo árabe, con más de un millón de afiliados en un país de 11,8 millones de habitantes. El secretario general de esta organización, Nordín Tabubi, hizo un llamamiento el 29 de marzo para disolver el Parlamento y organizar elecciones anticipadas. Afirmó no entender las dudas de Said para tomar la decisión. “Si el presidente se preocupa por tranquilizar a sectores extranjeros, evitando disolver el Parlamento, esto debe terminar”, declaró.

El secretario general de la UGTT ve en el Parlamento la encarnación del sistema político que Said decidió combatir al suspender sus funciones. En ese momento, el 76,8% de los tunecinos respaldaron en las encuestas la decisión del presidente, según la compañía Sigma.

El ensayista Kattou cree que el objetivo de la UGTT es salir de este periodo de transición. “El llamamiento del sindicato está lejos de ser un apoyo al presidente. Porque lo que realmente quiere la UGTT es que se aclare el panorama político, en un sentido o en otro”.

Said anunció el pasado diciembre su hoja de ruta, que preveía como primer paso una consulta por internet para preguntar a la población, entre otras cuestiones, si prefería un sistema de gobierno presidencial. El actual es un régimen mixto entre el parlamentario y el presidencial. El 86,4% de los participantes optaron por el sistema presidencial, según datos oficiales. El problema es que la participación ha sido muy baja: solo medio millón de personas mayores de 16 años. En las últimas presidenciales, de 2019, había siete millones de tunecinos mayores de 18 años con derecho a voto.

Esa escasa participación no ha desanimado al presidente, que pretende celebrar el próximo 25 de julio un referéndum sobre su proyecto de reformas constitucionales. El siguiente paso será la convocatoria de elecciones legislativas para el 17 de diciembre. Hasta entonces, el propio Said seguirá asumiendo poderes legislativos, ejecutivos y judiciales.

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Sobre la firma

Francisco Peregil

Es corresponsal para el Magreb desde 2015, con sede en Rabat. Antes ejerció desde Buenos Aires durante tres años como corresponsal para Sudamérica. Comenzó en EL PAÍS en 1989, después de trabajar varios meses en 'El Mundo'. Es autor de las novelas 'Era tan bella', –mención especial del jurado del Premio Nadal en 2000– y 'Manuela'.

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