El cierre del órgano que nombra a los jueces asesta un nuevo golpe a la democracia de Túnez

El presidente Said acusa al Consejo Superior de la Magistratura de parcialidad y corruptelas

El presidente tunecino Kais Said, durante una visita a Sidi Bouzid, el pasado 20 de septiembre.
El presidente tunecino Kais Said, durante una visita a Sidi Bouzid, el pasado 20 de septiembre.Slim Abid (AP)

El presidente de Túnez, Kais Said, anunció el pasado domingo que pretende disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), un órgano independiente creado en 2016 compuesto de 45 magistrados. En un mensaje televisado, Said acusó al Consejo de corruptelas y parcialidad. Declaró que los puestos y las nominaciones se venden según las afiliaciones de cada juez y añadió que algunos magistrados “han podido recibir” una gran suma de dinero como contrapartida a los nombramientos que designan. Esta medida supone un nuevo mazazo en la estructura democrática que ha regido el país desde la Primavera Árabe de 2011. Said ya destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del Parlamento el pasado 25 de julio. Desde entonces ha ido acaparando más y más poderes bajo la promesa de que pretende devolver el verdadero poder al pueblo.

El Consejo Superior de la Magistratura emitió un comunicado este fin de semana en el que aseguraba que continuaría ejerciendo sus funciones “para defender la independencia del poder judicial”. Sin embargo, la policía cerró las puertas de la sede del organismo este lunes por la mañana e impidió el acceso del personal a sus puestos de trabajo, según informó la agencia Reuters.

El jurista Kais Said, de 63 años, arrasó en las presidenciales de 2019 con el 72,7% de los votos. Llegó al poder sin la ayuda de ningún partido, sin experiencia política previa, ni dinero para sufragar su campaña. Su bandera fue el combate contra la corrupción, la lucha por la verdadera democracia. A pesar de tener un perfil ideológico muy religioso y conservador, el gran rival político de Said era el partido islamista Ennahda, que ha sido la fuerza dominante en el Parlamento y en el Gobierno.

Una parte del país culpa a Ennahda de las grandes deficiencias del país: la corrupción, el paro juvenil y el afán por disfrutar de los privilegios del poder a cualquier precio. Esta situación impulsó la popularidad de Said, sobre todo entre los jóvenes, especialmente afectados por el desempleo. Said supo despertar la esperanza en una gran parte del pueblo. Pero los poderes que le otorgaban la Constitución del régimen parlamentario estaban limitados a Exteriores y a la seguridad interior.

El recurso que ideó Said para solventar ese gran inconveniente fue recurrir al artículo 80 de la Constitución, que permite al presidente tomar “medidas excepcionales” ante una situación de peligro inminente para el país. Los principales partidos de la oposición tacharon a Said de golpista. Pero el mandatario siguió gozando de una popularidad que se ha ido desgastando en los últimos meses con la persistencia de los problemas económicos.

El periodista Nessim Bengharbia, especializado en Derecho Público y antiguo alumno del presidente, indicó desde París a EL PAÍS que la medida de Said contra el poder judicial es una grave violación del principio de separación de poderes y marca “un precedente peligroso”. Respecto a las acusaciones del presidente sobre la parcialidad y corruptelas de los miembros del CSM, Bengharbia señala que esos mismos argumentos de “corrupción” los utilizó Said para disolver el Parlamento. “Aunque ninguna de sus acusaciones ha sido probadas después”.

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Por su parte, Youssef Cherif, director de la filial en Túnez del centro universitario Columbia Global Centers, indicó también a este diario que la corrupción es endémica en Túnez y afecta a la política, la justicia, el Ministerio del Interior, etc. “Así que, probablemente, el presidente no está equivocado al atacar este sector. Sin embargo, la justicia se ha dotado de cierta independencia gracias al CSM, y este CSM se ha mostrado poco dispuesto a aceptar las maniobras del presidente, en parte porque está compuesto por opositores a Kais Said o partidarios del [partido islamista] Ennahda. Y eso convierte al Consejo en una institución a la que hay que derribar”.

Una cuestión de tiempo

Cherif asegura que esa oposición contra los poderes crecientes del presidente no se da en otros sectores como el Ministerio del Interior ni entre los sindicatos de policía. “Kais Said nunca ataca al Ministerio del Interior, nunca acusa de corrupción a la policía, aunque las acusaciones de corrupción y abuso de poder son tan fuertes como con la justicia”.

El ensayista tunecino Mehdi Kattou señaló a este diario que la disolución del Consejo era previsible, una cuestión de tiempo. Y cree que las acusaciones de Said son fundadas y que el estado de la justicia constituye uno de las grandes plagas de Túnez. Pero también piensa que la disolución del Consejo no arreglará nada. “Ahora habrá un gran pulso entre el presidente y los jueces, que hoy por hoy tienen los medios, con razón o sin ella, para no dejarse intervenir por Said”.

Kattou cree que a partir de ahora podrán llegar medidas semejantes en relación a la ISIE (Instancia Superior Independiente para las Elecciones) y también respecto al banco central, que “conserva aún una apariencia de autonomía e independencia”. “Kais Said ostenta a partir de ahora todos los poderes, lo que es extremadamente peligroso. Quienes le apoyan podrían hacerse una idea de la amenaza que eso supone solo con imaginar que esos mismos poderes estuvieran en manos de un adversario político”. El analista Kattou describe al presidente como un hombre solo que pierde cada día apoyos sustanciales y que va a tener que enfrentarse a una crisis de varias dimensiones.

La ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, ha emitido un comunicado en contra de la disolución del Consejo. El jurista Said Benarbia, responsable de esta organización para el Magreb, indicó a este diario que las acusaciones que ha vertido Said sobre el órgano que nombra a los jueces no tienen ninguna base. “El CSM se compone de 45 miembros y toma sus decisiones por mayoría. Decir que los nombramientos de jueces se venden no tiene ningún sentido. Hay sindicatos, asociaciones de magistrados y medios de comunicación [que supervisan el proceso]. Y nunca han denunciado eso”. Benarbia recalca que el presidente habla “sin presentar pruebas” con el objetivo de “intimidar a los jueces y al Consejo”.

Benarbia cree que el poder judicial ha sabido resistir, hasta el momento, “la deriva autoritaria” de Said. “Por ejemplo, cuando el presidente se declaró en julio jefe de la Fiscalía General, el Consejo rechazó la declaración y reiteró que la Fiscalía es independiente de la presidencia y debe permanecer así. Es, precisamente a causa de esa independencia por lo que el presidente ha decidido disolver el CSM. No puede tolerar instituciones que no le sean sumisas”.

El columnista Josh Rogin titula este lunes una tribuna en The Washington Post: “La democracia de Túnez está desapareciendo ante nuestros ojos”. El periodista esgrime: “Mientras nos distrae la guerra que se avecina en Europa, los Juegos Olímpicos del genocidio en China y la pandemia interminable, la última esperanza de una democracia árabe exitosa en el Oriente Medio se está desvaneciendo”.

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Sobre la firma

Francisco Peregil

Es corresponsal para el Magreb desde 2015, con sede en Rabat. Antes ejerció desde Buenos Aires durante tres años como corresponsal para Sudamérica. Comenzó en EL PAÍS en 1989, después de trabajar varios meses en 'El Mundo'. Es autor de las novelas 'Era tan bella', –mención especial del jurado del Premio Nadal en 2000– y 'Manuela'.

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