Ganaderos, paramilitares y uribismo: el explosivo testimonio de un exgobernador ante la justicia transicional de Colombia

El expolítico Benito Osorio vincula al empresario José Felix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, senadora del partido de Uribe, con el paramilitar Salvatore Mancuso

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, en una imagen compartida en sus redes sociales.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, en una imagen compartida en sus redes sociales.RR. SS.

Un explosivo testimonio ante la justicia transicional en Colombia ha señalado los vínculos con los grupos paramilitares de José Felix Lafaurie, un notorio dirigente ganadero muy cercano tanto al partido de Gobierno, el Centro Democrático, como al expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con el relato del exgobernador de Córdoba Benito Osorio, que es de carácter reservado, pero ha sido revelado por Noticias Caracol, Lafaurie se reunió al menos en dos ocasiones en el año 2005 con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso para que financiara la campaña de Mario Iguarán para ser elegido como Fiscal General de la Nación. A cambio de ese apoyo, según su testimonio, Iguarán nombró en un alto cargo del ente investigador a la esposa de Lafaurie, la actual senadora María Fernanda Cabal.

Lafaurie es desde hace más de 15 años el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, un gremio que Osorio conoce desde sus entrañas, pues en 2015 fue condenado a 19 años por la alianza que pactó el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo su dirección, con los paramilitares para despojar tierras de campesinos en esa región del norte de Colombia. Se acercó a la cúpula paramilitar al punto de ser testaferro de Mancuso, y en 2008 fue brevemente gobernador encargado durante el Gobierno de Uribe (2002-2010). Hace dos semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió la libertad –transitoria, condicionada y anticipada– por valorar sus aportes sobre los vínculos de políticos y empresarios con las AUC. Rindió las 12 horas de testimonios a los que tuvo acceso Noticias Caracol el 16 y 17 de diciembre.

Tanto Benito Osorio como Salvatore Mancuso ya habían mencionado el supuesto encuentro con Lafaurie ante los tribunales de Justicia y Paz, surgidos de la desmovilización de los paramilitares en el Gobierno Uribe, pero Osorio amplió los detalles ante la JEP, que forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC que ya cumple cinco años. “Mono, yo vengo de parte del Gobierno nacional, de Sabas Pretelt de la Vega [para entonces ministro del Interior], ellos consideran que el Fiscal General de la Nación debiera ser Marió Iguarán”, le dijo Lafaurie a Mancuso según el testimonio de Osorio. “Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce la Ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir”, argumentó. Luego, según Osorio, Lafaurie le envió a Mancuso los datos de contacto de miembros de la Corte Suprema de Justicia, encargados de escoger al fiscal.

Mario Iguarán, fiscal general entre los años 2005 y 2009, ha preferido no referirse a los señalamientos. En su gestión nombró en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a María Fernanda Cabal, actual representante del ala más radical del uribismo que goza de popularidad entre las bases del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el exmandatario. Incluso aspiraba a ser la candidata presidencial del partido, pero fue derrotada en noviembre por el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Lafaurie tampoco respondió las reiteradas solicitudes de Noticias Caracol para referirse a las acusaciones.

Quien sí reaccionó a las nuevas declaraciones ante el tribunal de paz fue el propio Mancuso, uno de los protagonistas más conocidos de la guerra en Colombia. “Todos los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos”, señaló el exjefe paramilitar en una carta publicada este miércoles por W Radio. En la misiva corrobora lo dicho con respecto a Lafaurie e Iguarán, y reitera que ya había dado a conocer las reuniones ante los tribunales. “Justicia y Paz se quedó corta para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado”, escribe Mancuso. Su diseño, apunta, ha llevado a que “gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales termine engavetada para ‘comodidad’ del poder político y económico de Colombia”.

Las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Luego de acogerse al proceso de Justicia y Paz, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y desde allí ha pedido sin éxito que se le permita someterse a la JEP, aunque sí ha rendido testimonio ante la Comisión de la Verdad. El exparamilitar ha asegurado en múltiples ocasiones que su confesión revelaría los vínculos entre el poder económico y el grupo armado que dirigió.

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“Hace muchos años quienes hemos investigado la relación entre paramilitares, políticos y empresarios, mostramos los nexos de José Félix Lafaurie con las AUC, cosas que ahora confirma Benito Osorio ante la JEP”, reaccionó en sus redes sociales el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. “Ojalá ahora sí las autoridades judiciales procedan de conformidad”.

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Santiago Torrado

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

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