El Pentágono cierra el caso del asesinato de 10 civiles en Kabul con un dron sin sancionar a los militares implicados

El “trágico error” que mató a diez civiles, entre ellos siete niños, durante la retirada de EE UU de Afganistán quedará sin castigo, ni siquiera depuración de responsabilidades, ha anunciado este lunes el Pentágono. Un ataque con dron dirigido contra un objetivo supuestamente terrorista días después de que un atentado suicida matase a decenas de personas en el aeropuerto de Kabul -entre ellas 13 soldados estadounidenses- acabó con la vida de una decena de miembros de la familia de un trabajador local de una ONG estadounidense. El Pentágono rechazó de entrada la responsabilidad, manteniendo durante semanas que el objetivo era legítimo para impedir un nuevo golpe del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas), autor de la masacre del aeropuerto, pero en septiembre reconoció que la operación fue un “trágico error” por el que nadie dará la cara. El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, ha dado por buenas las recomendaciones de dos altos oficiales para pasar página.

Fue el último ataque con dron antes de que EE UU completase la retirada de sus tropas del país centroasiático, el 31 de agosto pasado. Dos días antes, y en medio de constantes alertas desde Washington y Kabul ante la posibilidad de un nuevo ataque terrorista, el Pentágono anunció haber neutralizado la “amenaza inminente” que suponía una furgoneta, supuestamente cargada de explosivos, en las inmediaciones del aeropuerto, donde las labores de evacuación continuaban a un ritmo frenético. No fue tal, sino el Toyota Corolla de Zemari Ahmadi, logista de la ONG estadounidense Nutrition and Education International. Ahmadi acababa de llegar de repartir alimentos en campamentos de desplazados a las afueras de Kabul; aparcó el vehículo en el patio del domicilio familiar, situado en una densa barriada del noroeste de la ciudad, camino del aeropuerto, y los pequeños de la casa se metieron dentro para jugar. El impacto del misil destrozó el vehículo, el patio y parte de los edificios circundantes.

El ataque con dron -el último de una serie de acciones encaminadas a castigar a células del ISIS en Afganistán- se produjo el domingo 29 de agosto. Fue un ataque preventivo, según la versión oficial. Pero el relato de varios medios de comunicación extranjeros presentes en Kabul, cuyos periodistas lograron hablar con familiares de las víctimas e incluso asistir al entierro, echó por tierra enseguida la explicación oficial. Tras una investigación del Comando Central espoleada por la versión de los medios, el 17 de diciembre, casi 20 días después del mortífero bombardeo, el Pentágono reconoció el llamado daño colateral, un error especialmente ligado a las acciones con drones.

Una investigación posterior sobre el episodio no encontró acciones punibles, según la legislación militar, dejando en manos del “alto mando” la resolución del expediente. El secretario de Defensa cedió la última palabra sobre cualquier decisión administrativa, como sanciones o degradaciones, a los dos máximos responsables del operativo de repatriación, el general Kenneth F. McKenzie Jr., jefe del Comando Central, y el general Richard D. Clarke, jefe del Comando de Operaciones Especiales. Ambos oficiales no han encontrado motivos para castigar a ninguno de los militares implicados en la acción.

Durante las dos décadas largas de guerra en Afganistán, así como de combate contra los grupos yihadistas globales Al Qaeda y Estado Islámico, el Ejército de EE UU ha ocasionado un número incontable de bajas civiles por culpa de los drones. Rara vez se derivaron responsabilidades por los errores, recuerda el diario The New York Times, que ha sido informado este lunes de la resolución del caso de Kabul por “un alto funcionario del Pentágono amparado en el anonimato”. La excepción más destacada fueron las sanciones a una docena de militares en 2016 por su papel en un ataque aéreo en octubre de 2015 contra un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz (Afganistán), con 42 víctimas mortales. Ninguno de los sancionados afrontó cargos penales.

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