Frontex acelera las expulsiones en pleno endurecimiento del control migratorio

Frontex acelera su actividad para convertirse en el brazo logístico y financiero de la Unión Europea en la devolución de inmigrantes en situación irregular. Aun en plena pandemia de la covid, con las consecuentes restricciones sanitarias y de viaje, la agencia europea de control de fronteras ha ejecutado en la primera mitad del año 8.239 retornos forzosos y voluntarios. Es el dato semestral más alto de su historia, según recoge un informe reservado de la agencia al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El récord, aunque celebrado en la sede de la agencia en Varsovia, sigue poniendo negro sobre blanco la limitada capacidad de la UE para ejecutar retornos, uno de los pilares de la nueva política europea, consistente en limitar la permanencia en territorio comunitario exclusivamente a los que tienen derecho al asilo y acelerar las expulsiones del resto de migrantes que llegan a Europa. Así, Bruselas busca endurecer las vías de entrada de inmigrantes en situación irregular mediante un férreo control de sus límites liderado por Frontex, para lo que prevé llegar a los 10.000 agentes frente al millar actual. Además, impulsa el freno de la inmigración en países de origen y tránsito como Marruecos o Turquía, como eje vertebrador de su política. Todo ello en el marco de un aumento de la tensión por la crisis orquestada por Bielorrusia al trasladar a migrantes al límite con Polonia.

La cifra de retornos del informe de Frontex supone casi el doble de devoluciones que en el mismo periodo de 2020, marcado por un fuerte parón en la movilidad internacional. Y es un 9% más que en el primer semestre de 2019, el año con más expulsiones de la agencia. Son, sin embargo, números pequeños en comparación con los inmigrantes en situación irregular que la UE no consigue repatriar a sus países de origen. A pesar del dinero y la diplomacia invertidos, los socios comunitarios solo devuelven la tercera parte de todos los inmigrantes con orden de abandonar el territorio, unos 400.000 cada año de la última década.

Bruselas lleva años planteándose cómo expulsar más, y Frontex —creada en 2004— quiere ganarse la confianza de los Estados miembros para aumentar el porcentaje de retornos que organiza y financia. La mayoría de operaciones las siguen llevando a cabo los países, y la agencia intenta ganar terreno en esa tarea —en 2019 solo se encargó del 10% del total de devoluciones de la UE, y del 17% en 2020—.

El organismo tiene un presupuesto para esta tarea de 50 millones de euros, aunque no siempre consigue gastarlos. En el informe reservado, la agencia mantiene el optimismo: “Cuando las actuales restricciones por la covid se relajen, se espera que los retornos forzosos se reanuden por completo y Frontex desempeñará un papel aún más importante en la asistencia, con un número sin precedentes de devoluciones”.

Detrás del aumento de los retornos en esta primera mitad del año hay un número inusualmente alto de regresos voluntarios. Uno de cada cuatro repatriados por Frontex volvió a su país de origen por iniciativa propia. La agencia explica así el novedoso peso de los retornos voluntarios: “Estas devoluciones son generalmente más fáciles de implementar, ya que no se necesitan escoltas”. Además, añade la agencia, la resistencia a someterse a pruebas de la covid para evitar una repatriación, frenó la ejecución de retornos forzosos.

Más presupuesto

El mandato de Frontex no ha dejado de expandirse, a pesar de los cuestionamientos y las investigaciones a las que se enfrenta por supuesta ineficiencia y presuntas violaciones de los derechos de los migrantes en determinadas operaciones al ignorar denuncias de devoluciones en caliente por parte de Grecia en el mar Egeo.

En los próximos años está previsto que su presupuesto aumente de los 460 millones de euros de 2020 a 900 millones. El plan, además, pasa por que en 2027 cuente con esos 10.000 agentes propios. Una expansión política y presupuestaria que el Tribunal de Cuentas Europeo cuestionó en un informe en junio pasado. El auditor de la UE alertó de que la agencia no era “suficientemente eficaz”.

La estrategia de fortalecerse como ejecutor de retornos le ayuda a justificar su creciente poder y presupuesto, pero su relación con los países no siempre es fácil. A la falta de confianza entre las autoridades nacionales de algunos Estados miembros y los funcionarios del organismo, se suman cuestiones logísticas y de coordinación. En el informe, Frontex plasma su frustración por que los países no siempre comparten información y por la falta de flexibilidad a la hora de que impulsen operaciones conjuntas, en las que participan al menos dos Estados miembros, en lugar de apostar por operaciones propias.

Las acciones de retorno nacionales dan más autonomía a los países, pero tienen un problema: no todos los inmigrantes suben finalmente al avión, ya sea por un contagio de covid, porque presentan una solicitud de asilo a última hora o porque se fugan antes de embarcar. En 2018, un 43% de los asientos de avión previstos para retornos se quedó vacío, según el Tribunal de Cuentas Europeo.

Antes de la pandemia los dos tipos de operaciones ocupaban un peso similar, pero desde el año pasado la agencia acusa una “desproporción” entre una y otra. Frontex apoyó en 2021 tres veces más operaciones nacionales que conjuntas. “Frontex continúa animando a los Estados miembros a que abran sus vuelos de retorno a otros países. Las operaciones conjuntas son generalmente más económicas”, advierte la agencia.

España está entre los países que menos han solicitado el apoyo de la agencia. Esta primera mitad del año solo devolvió a 253 personas en vuelos apoyados por Frontex. El número bajo no sorprende; Madrid mantiene una colaboración muy modesta. En 2019, antes de cualquier restricción fronteriza, España devolvió 11.153 inmigrantes y solo unos 400 regresaron con respaldo de Frontex, según datos obtenidos por TV3. Lo hicieron sobre todo en vuelos a Albania, Georgia, Colombia y Ecuador. Madrid también usó a la agencia para devolver a Mauritania a malienses llegados a Canarias, unas operaciones que acabaron suspendidas porque suponía enviar a un país tercero a potenciales refugiados de guerra.

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