El agujero negro de las detenciones secretas de China

Incomunicado. Sin acceso a un abogado. Sin que su familia supiera su paradero, más allá de que agentes de seguridad se lo habían llevado. Sometido, denuncian los suyos, a “torturas para extraerle una confesión”. El abogado chino de derechos humanos Chang Weiping, especializado en casos de discriminación y defensa de la libertad de expresión, pasó así cinco meses y 16 días, entre octubre de 2020 y abril de este año, en lo que la legislación china describe y autoriza desde 2013 como Vigilancia Residencial en un Lugar Designado (RSDL, por sus siglas en inglés). Era su segunda vez dentro de este proceso de detención de nombre tan anodino como temido entre los disidentes chinos: quienes han pasado por él denuncian vejaciones, maltratos y torturas físicas y psicológicas.

La RSDL se ha aplicado en China a numerosos detenidos considerados especialmente problemáticos, por su notoriedad o por ser críticos —o percibidos como críticos— del sistema. Por él han pasado empresarios y estrellas de cine como Fan Bingbing, investigada en su caso por fraude fiscal; disidentes como Ai Weiwei, Liu Xiaobo o Xu Zhiyong; numerosos abogados de derechos humanos como el propio Chang. El temor a que la tenista de élite Peng Shuai pudiera encontrarse en esta situación tras denunciar abusos sexuales de un alto cargo chino desató los llamamientos de la Asociación de Tenis Femenino y deportistas internacionales para aclarar su paradero. Tras tres semanas desaparecida, Peng apareció esta semana en una videoconferencia para decir que estaba “sana y salva”.

La organización defensora de los derechos humanos Safeguard Defenders, autora de un reciente informe sobre esta herramienta, denuncia que su uso se ha multiplicado desde que quedó codificado en 2013 como resultado de una enmienda a la ley de Procedimiento Penal en China. “Nuestra revisión muestra uno de los sistemas de mayor alcance, si no el que más, de desapariciones forzosas en todo el mundo”, ha indicado la organización en una carta a Naciones Unidas. “El uso de RSDL es, sin ninguna duda, extenso y sistemático” agrega la ONG, cuyo fundador, el sueco Peter Dahlin, fue él mismo sometido a ese procedimiento en 2015.

Este instrumento legaliza la detención en un lugar secreto durante un máximo teórico de seis meses, aunque en ocasiones se ha sobrepasado el plazo. Precede al arresto formal y no es necesario que ningún tribunal dé su visto bueno. Según el Gobierno chino, es imprescindible para defender la seguridad nacional, y el país garantiza el respeto de los derechos de los detenidos. Para los defensores de los derechos humanos es una herramienta contra los activistas que viola los estándares internacionales y que, lejos del escrutinio público, abre la puerta a todo tipo de abusos físicos y psicológicos.

Las protecciones previstas en la ley —acceso a un abogado, supervisión por parte de la Fiscalía— quedan en la práctica descartadas. La policía puede invocar una “excepción” si considera que el detenido representa un riesgo para la seguridad nacional, explica el informe de Safeguard Defenders, Locked Up: Inside China’s Secret RSDL Jails (Encerrado: Dentro de las cárceles secretas de RSDL en China), que recoge testimonios de detenidos y sus familiares y examina las bases de datos de los tribunales chinos.

Los investigadores de esta organización encontraron que en 2013 se recurrió a este procedimiento contra al menos 325 personas. En 2020, contra más de 5.800. En total y hasta julio de 2021, han localizado 22.845 casos en los que los veredictos judiciales aluden al uso de RSDL antes del juicio. Pero las cifras reales pueden ser más altas —entre 38.000 y 57.000 personas pueden haber pasado por este sistema, calcula la ONG—, dado que las bases de datos no incluyen los casos que se considera que afectan a la seguridad nacional.

Este instrumento, denuncia la ONG, “se usa frecuentemente fuera de su propósito declarado, la fase de investigación de un caso delictivo, puesto que una proporción significativa no llega a ser nunca arrestada formalmente”. Según sus cálculos, un tercio de las víctimas que ha identificado y entrevistado quedaron en libertad bajo fianza o sin cargos. “En su lugar, la RSDL puede usarse como herramienta de intimidación y para obtener testimonios contra otros [sospechosos]”, apunta.

Tortura en la ‘silla del tigre’

El caso de Chang es típico. Este joven abogado fue detenido por primera vez el 12 de enero de 2020, tras haber participado dos semanas antes en una reunión con un grupo de activistas y abogados de derechos humanos en la ciudad de Xiamen. Tras 10 días en RSDL en un hotel de las afueras de su ciudad natal (Baoji, en la provincia central de Shaanxi) fue puesto en libertad. En octubre de ese año difundió un vídeo en YouTube en el que denunciaba haber sufrido tortura durante su retención: obligado a sentarse todo el tiempo en la silla del tigre —un artefacto metálico que inmoviliza al detenido y acaba causándole hinchazón y fuertes dolores en nalgas y piernas—, como secuela había perdido la sensación en dos dedos de la mano. Cinco días después de la publicación del vídeo llegó su segunda detención y entrada en RSDL. En abril quedaba acusado de “subversión contra el Estado”, un delito que le puede valer la cadena perpetua.

En septiembre, ya en arresto ordinario, pudo ver por primera vez a su abogado, 11 meses después de que se lo llevaran los funcionarios de seguridad. Según contó a su defensor y explica a EL PAÍS su esposa, la doctora en microbiología Chen Zijuan, en sus dos detenciones le llevaron al mismo hotel de Baoji. Allí le esperaba una habitación —distinta cada vez— con las superficies acolchadas y las ventanas selladas, para evitar que pudiera autolesionarse. En el segundo arresto, el cuarto era de dimensiones mínimas: unos 3x3 metros, de los que la mitad la ocupaban los funcionarios de seguridad que le interrogaban.

A lo largo de los cinco meses y 16 días de su segunda estancia en RSDL, denuncia la esposa, el letrado fue sometido a diversas torturas, maltratos y vejaciones, incluida de nuevo la silla del tigre. Su mano izquierda también fue inmovilizada durante dos meses seguidos. Se le impedía dormir, y solo se le proporcionaba el mínimo imprescindible de alimentación y agua.

“Solo cuando él hacía lo que los funcionarios de la seguridad del Estado querían, mejoraba la situación en cuanto a comida, sueño y temperatura de la habitación. Estaban provocando una reacción pavloviana, haciéndole obediente como un perro”, narra la microbióloga.

La situación afectó a su estado mental. “En el tercer mes de su RSDL se volvió paranoico, creía que toda la gente en su vida estaba puesta por las autoridades para perjudicarle, incluidas su madre y yo. En esos momentos estaba convencido de que esas sospechas eran razonables. Cuenta que la tortura psicológica en esa habitación fue lo más terrible para él”.

Otras víctimas de este procedimiento relatan experiencias similares. Todos denuncian, cuando menos, maltrato psicológico —incluidas amenazas contra sus familias— en sesiones interminables de interrogatorio. Muchos, privación del sueño o alimentación insuficiente, obligación de tomar fármacos sospechosos o de permanecer durante horas en posturas dolorosas.

“Durante las sesiones de interrogatorio, si no decía lo que querían oír, me castigaban. Por ejemplo, no me dejaban pestañear. Me obligaban a sentarme largo rato en la silla del tigre, o estar de pie todo el día en mi celda, incluso cuando ya estaba demasiado débil para estar de pie y me caía todo el rato”, cuenta Yang Zhisun, activista pro derechos humanos detenido en Pekín a finales de 2015, un testimonio recogido en el informe de Safeguard Defenders.

A Chang los maltratos le han dejado numerosas secuelas, denuncia Chen. Su marido, completamente sano antes de su detención, padece ahora de sangre en las heces, dificultad de movimientos de la espina dorsal y una hernia discal. “Antes, él podía conducir 1.300 kilómetros, la distancia entre Baoji y Shenzhen, mi lugar de trabajo, de una sentada. Y ahora, después de estar en manos de la seguridad, tiene muchos problemas. Todos son consecuencia de la larga inmovilización”.

Ahora Chang se encuentra detenido formalmente en Baoji a la espera de que la policía concluya una investigación sobre él que se prorroga, en busca de pruebas suficientes para llevarle a juicio. “En general, cuando los fiscales ordenan prorrogar la investigación es porque las pruebas son insuficientes para llevar a una persona a juicio. Pero en casos tan políticos [como el de Chang] las prórrogas adicionales son una manera de prolongar su detención subrepticiamente”, agrega su esposa.

El joven abogado no ha podido ver a su mujer o a su hijo desde que se lo llevaron hace más de un año. “Las cartas que le escribí se las leyó su defensor, no le permitieron que se las dieran. Él también me ha escrito cartas a mí, pero el centro de detención no autorizó que me las enviara”, cuenta ella.

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