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China estrecha el cerco sobre los abogados de derechos humanos

Varias ONG denuncian que la policía ha arrestado o interrogado a más de 80 letrados en los últimos días

Las fuerzas de seguridad chinas han detenido o interrogado a numerosos abogados que defienden causas de derechos humanos durante los últimos tres días, según han informado varias ONG. La cifra exacta de afectados por esta particular redada contra el colectivo -que se ha llevado a cabo en varias ciudades en todo el país- no está clara, pero las organizaciones pro derechos humanos estiman que podrían superar los 80.

Según China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG), una ONG de Hong Kong, 77 personas han sido detenidas en todo el país, la mayoría abogados. Una portavoz de la organización subrayó que numerosos activistas también fueron objetivo de esta ofensiva. De acuerdo con un documento recopilado por la Alianza de Movimientos Patrióticos y Democráticos de China en Hong Kong, 87 personas han sido detenidas o han desaparecido.

La mayoría de los arrestos se llevaron a cabo en Pekín. En un comunicado este domingo, el Ministerio de Seguridad Pública chino confirmó parte de estas denuncias al informar de la detención de cinco abogados del bufete Fengrui, con sede en la capital, que ha defendido casos como el del intelectual uigur Ilham Tohti -condenado a cadena perpetua por separatismo- o la asistente china del semanario alemán Die Zeit, que fue liberada hace pocos días tras pasar nueve meses en prisión. La portavoz de CHLCG sostiene que al menos otros dos bufetes también han sido investigados desde el viernes.

Según la policía china, los cinco detenidos están acusados de "alterar el orden público", un cargo que se usa de forma recurrente en estos casos. Concretamente, los abogados organizaron supuestamente más de 40 protestas desde julio de 2012 "en las que se pagaba a los participantes". También son sospechosos de "fabricar rumores en Internet para influir en las decisiones judiciales" y de "utilizar las redes sociales para ganar fama y dinero". El documento, recogido por la agencia oficial Xinhua, define al bufete de abogados como "una organización criminal" y asegura que los arrestados "han reflexionado sobre sus presuntos crímenes y se han dado cuenta de su impacto perjudicial".

El portavoz de Amnistía Internacional en Hong Kong, Patrick Poon, asegura que las detenciones tienen una relación directa con un incidente reciente en el noreste de China, en el que un agente de la policía disparó y mató a un hombre desarmado frente a su madre y sus tres hijos. El episodio suscitó una oleada de indignación en las redes sociales: voces independientes en Weibo, la versión china de Twitter, se unieron a abogados para pedir justicia y organizar protestas. "Fue un ejemplo exitoso de organización civil en China. En pocos días lograron así atraer más atención pública y generar presión sobre la policía local", dijo Poon, enfatizando que “las repercusiones de semejante efectividad en la organización civil pueden ser inmensas a largo plazo, y los abogados no solo prestaron asistencia legal, sino que jugaron un papel primordial”.

Desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2012, varias organizaciones de la sociedad civil china denuncian que espacio al activismo se ha reducido drásticamente. El número de detenciones ha crecido de forma significativa, y varios cambios legislativos como la nueva ley que regula las ONG extranjeras o la de Seguridad Nacional, que refuerzan el control gubernamental en prácticamente todos los ámbitos, son vistas como un ataque a la libertad de expresión. Las autoridades sostienen que estos cambios buscan "garantizar la seguridad y estabilidad del país". "Esta represión coordinada contra los que defienden los Derechos Humanos contradice la retórica del presidente Xi sobre la importancia del imperio de la ley en su mandato", sostiene Poon.

En Hong Kong, una treintena de personas se presentaron frente a la oficina representativa de Pekín para demandar la puesta en libertad de los abogados. El legislador de oposición, Albert Ho, criticó las detenciones por “carecer por completo de base legal”.

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