Represión, crisis económica y aislamiento: el horizonte del nuevo mandato de Ortega

En un barrio obrero de Managua un pequeño grupo de personas baila al ritmo de canciones alegóricas al presidente Daniel Ortega. Han sacado altavoces a la calle y beben cervezas. Su felicidad, sin embargo, contrasta con la del resto del barrio y una ciudad, Managua, que el domingo lucía desértica. Excepto los simpatizantes de Ortega, la mayoría de nicaragüenses se encerró en casa, como respuesta a una elección que ha sido considerada una farsa por los opositores y la comunidad internacional y en las que Ortega participó sin competencia y se dio por ganador antes incluso del recuento de votos. El silencio de las calles bien puede ser el prólogo de los próximos cinco años, en los que Ortega pretende mantenerse gobernando en el país centroamericano a fuerza de represión, acallando a los críticos y reventando cualquier indicio de protesta. El comandante, que ha descendido del pedestal del mito revolucionario, se enfrenta, sin embargo, a una situación complicada: la economía retrocede, la pobreza no cede, la crisis sanitaria por la pandemia pasa factura y el régimen se ve cada vez más aislado internacionalmente. Sin los petrodólares que llegaban puntales de Caracas, el modelo populista de Daniel Ortega se enfrenta al fracaso. El baile de sus seguidores puede convertirse en un amargo zapateo si el exguerrillero no da un cambio de timón.

A los analistas se les hace difícil predecir el futuro inmediato de este país azotado por los desmanes de sus caudillos. Incluso es difícil sacar conclusiones para quienes formaron parte del Frente Sandinista, trabajaron en el Gobierno revolucionario de los ochenta y todavía mantenían relaciones con Ortega tras su regreso al poder en 2007. Lo conocen bien, sí, y saben que Ortega no está dispuesto a ceder el poder, pero también están claros que bajo el sistema actual se le hace muy complicado mantenerlo. “Ortega cometió el error más grave, que es el haber suprimido las elecciones y lo hizo por el temor de que podía perder. El síndrome de las elecciones de 1990 [cuando perdió frente a Violeta Chamorro] está presente en su cabeza. Pero al suprimirlas logra un mayor aislamiento internacional y se pone en condiciones de mayor debilidad, debido a la falta de legitimidad”, explica Óscar René Vargas, sociólogo y economista.

Vargas dice que Ortega intentará abrirse a un diálogo, pero que en él solo permitirá la participación de los grandes capitales de Nicaragua, asustados por las amenazas de sanciones, la caída de la inversión y el parón económico. Aunque Ortega se ha enfrentado abiertamente al sector empresarial, otrora su gran aliado, necesita de la bendición de las grandes fortunas, que estas sigan haciendo negocios y atrayendo capitales, para que su proyecto político se mantenga a flote. “Ortega necesita un diálogo con los sectores del gran capital para tratar de redimir un poco el error político que cometió, pero, aunque lo logre, el proceso de implosión de su base social continúa y continuará, porque la economía del país no va a crecer de manera que permita crear empleos, lograr mejoras de salarios o reducir desigualdades”, analiza Vargas.

Ortega ha desatado desde junio una feroz cacería de opositores. Han sido apresadas decenas de personas, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición. El propio día de la votación, la represión se mantuvo y organizaciones civiles denunciaron la detención de al menos una docena de críticos. Para el régimen son presos a las que puede acudir a cambio de una negociación que le dé alguna proyección de cambio y apertura. “Ortega intentará establecer índices mínimos de legitimidad y por eso buscará el diálogo con los empresarios. Pero será un diálogo con muñecos de paja. Su objetivo es recuperar la inversión extranjera y establecer vías de entendimiento con sectores empresariales como las pequeñas y medianas empresas, pero es difícil que el modelo se sostenga, porque éstas son muy débiles”, explica el sociólogo Silvio Prado. “En los próximos años, veremos más de lo mismo, pero también se viene una mayor tensión, porque va a tratar de seguir reprimiendo la protesta social y lo hace porque sabe que no las tiene todas consigo”, agrega.

Para Ortega los empresarios son claves porque ellos pueden desarrollar un lobby que impida que se impongan nuevas sanciones al régimen, principalmente de parte de Estados Unidos. El Congreso estadounidense aprobó de forma bipartidista la semana pasada una ley conocida como RENACER que le da al presidente Joe Biden amplios poderes para imponer fuertes sanciones, incluidos limitar los flujos de fondos otorgados por organismo multilaterales como el Banco Mundial, lo que se traduciría en un duro golpe para el Gobierno, dado que depende de esa llave para su financiamiento interno. “Sería duro para Ortega limitar los préstamos internacionales, que le han permitido sobrevivir sin dinero ni inversión después del caída de la ayuda de Venezuela”, argumenta el economista Vargas, quien hace referencia al grifo constante de petrodólares administrados a discreción del mandatario y que le permitieron desarrollar una política clientelista para hacerse con el favor de los grupos más desfavorecidos. Se trata, según investigaciones de la prensa nicaragüense, de más de 4.000 millones de dólares derramados en una década.

La ley RENACER también permite a Biden sacar a Nicaragua del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta), aunque para Vargas esto puede ser más difícil, porque se desataría un verdadero terremoto económico que afectaría los intereses de empresas extranjeras —incluidas estadounidenses— que producen y venden con ventajas en Nicaragua. También podría afectar, dice el analista, a los 125.000 empleos que se mantienen gracias a las zonas francas. “Ortega sabe que la economía es su talón de Aquiles. 2022 será un año muy difícil y él está consciente de eso. La situación económica está muy ligada a las condiciones políticas que se pueden establecer”, dice Vargas. Y no hay nada más asustadizo que los capitales, que pueden marcharse de un país cuando sienten que la estabilidad está en riesgo.

Ortega debe enfrentarse, además del tema económico, a la falta de legitimidad interna. Lejos del 75% con el que su Gobierno asegura que ganó los comicios, las encuestas le dan apenas un 19% de apoyo de parte de los nicaragüenses, el porcentaje más bajo desde que regresó al poder en 2007. El desgaste se ha dado por la dura situación política, el deterioro de la economía y el mal manejo de la pandemia, cuyas consecuencias letales el Gobierno negó en un principio. En el imaginario colectivo, además, pesan mucho los presos políticos, la persecución religiosa, la impunidad de los asesinados por la represión de las protestas de 2018 y los 120.000 exiliados, con la fractura social que esto ha implicado en el país.

“Ortega querrá usar a los presos políticos como moneda de cambio, pero ha subido tanto el listón que poca gente estará dispuesta a negociar derechos humanos por impunidad”, explica Silvio Prado. “Hemos pasado, en términos académicos, de un régimen autoritario a una dictadura. Los regímenes autoritarios se manejan con cierta mano ancha porque permiten, por ejemplo, la presencia de partidos de oposición, pero el nivel de represión ha sido tan fuerte que Ortega ha cerrado todo el sistema”, agrega. La pregunta es, dice Prado, hasta dónde puede llegar un régimen que se sostiene en la represión o cuánto falta para que en Nicaragua haya un nuevo estallido social. “La crisis de Nicaragua sangra por todas las llagas”, comenta. “Y con Ortega no hay posible apertura. Si él hace la mínima concesión sabe que se le puede salir de las manos. Él apuesta a una sucesión familiar. En Nicaragua hemos tocado fondo”, concluye Prado.

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