El asesinato de dos adolescentes venezolanos acusados de un robo agita el fantasma del paramilitarismo en Colombia

Un crimen atroz vuelve a asomar a Colombia, un país donde nunca han dejado de operar todo tipo de escuadrones de la muerte, a sus peores fantasmas. El aún confuso asesinato de dos adolescentes venezolanos, uno de ellos de apenas 12 años y el otro de 18, que habían sido acusados de robar en Tibú, un municipio de la convulsa región fronteriza del Catatumbo, donde operan diversos grupos armados, ha estremecido a la sociedad y desnudado, por enésima ocasión, la debilidad del Estado colombiano. La ONU ha pedido que se esclarezca lo sucedido.

De acuerdo con la información de medios locales y varios vídeos que han circulado en las redes sociales, los dos jóvenes fueron detenidos el pasado viernes por civiles, al parecer comerciantes, y acusados de estar robando en una tienda de ropa y abarrotes. En las imágenes se les observa amarrados con una suerte de cinta adhesiva. “Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestras responsabilidades están, entonces los vamos a entregar a las autoridades”, se alcanza a escuchar en una de las grabaciones.

Pero nunca quedaron bajo custodia de la fuerza pública, que desatendió las llamadas de los comerciantes. En su lugar, hombres armados se los llevaron en motocicletas, de acuerdo con los testimonios. Unas horas más tarde aparecieron sus cuerpos baleados con las manos atadas, el del más pequeño con un disparo en la cabeza y sobre un charco de sangre, tirados en un camino. El niño aún llevaba su mochila roja y un cartel colgado al cuello con la palabra “ladrones”.

La policía, que ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (cerca de 23.000 euros) por información sobre los responsables, se apresuró a señalar a las disidencias de las FARC (o Gaor, por Grupos Armados Organizados Residuales, como los llama la jerga militar). El coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en Norte de Santander, anunció una investigación interna sobre la respuesta de los uniformados, mientras la Fiscalía también designó un grupo especializado de investigadores. Muchas otras voces han destacado que el episodio tiene las características del accionar paramilitar que ha sufrido el país en medio del conflicto armado de más de medio siglo que intenta cerrar.

“Condenamos el asesinato de un niño de 12 años en Tibú, Norte de Santander. Expresamos condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas”, señaló la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo también pidió “claridad” y “celeridad” a las autoridades. La de la ONU fue una de las primeras reacciones como parte de una oleada de rechazo que ha incluido a varios candidatos presidenciales.

“El asesinato de dos jóvenes en Tibú muestra la violencia paramilitar convertida ya en costumbre, legitimada de muchas maneras. Dos vidas segadas que resumen nuestro principal reto del futuro: recuperar la seguridad territorial y generar oportunidades para millones de jóvenes”, escribió en sus redes el aspirante de centro Alejandro Gaviria. “Desgarrador. La ausencia total del Estado. Una sociedad que se toma la justicia por mano propia, que no respeta la vida, y un Estado que no ofrece oportunidades a niñas, niños y jóvenes. Nada justifica la violencia”, señaló el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. “El asesinato de estos niños demuestra que el estado en Tibú esta al servicio del paramilitarismo y el crimen”, apuntó por su parte el izquierdista Gustavo Petro, líder de las encuestas de cara a los comicios del 2022, quien replicó las fuertes imágenes de los cuerpos.

Tibú, en el departamento del Norte de Santander, sobre la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, concentra 19.000 hectáreas de cultivos de coca –según las mediciones de la ONU– y es el corazón del Catatumbo, una región de geografía selvática y montañosa. Es epicentro de las disputas entre un archipiélago de grupos criminales que incluyen a la guerrilla del ELN, los remanentes del EPL y las disidencias que se apartaron del proceso de paz sellado hace cinco años con las FARC. En los años noventa, los paramilitares confesaron que asesinaron a miles de campesinos y los hicieron desaparecer en hornos crematorios. Hace dos años, un informe de Human Rights Watch sobre las violaciones de derechos humanos en el Catatumbo detalló cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca.

En medio del clima de deterioro de la seguridad que golpea distintos lugares de Colombia, también Cúcuta, la capital del departamento, ha sido escenario de sendos atentados en los últimos meses. Allí, las disidencias detonaron en junio un carro bomba contra una brigada del ejército, y días después dispararon ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque.

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