El Gobierno de Polonia apunta a los medios con capital extranjero

Los medios independientes en Polonia se ahogan poco a poco. Primero fue la asfixia económica ante el recorte de los ingresos por publicidad pública, a principios de año un impuesto sobre los beneficios por la publicidad y ahora una inesperada enmienda a la ley de radiodifusión para limitar el capital extranjero en los medios. Esta medida, que no afecta a las empresas de medios radicadas en la UE que quieran invertir en Polonia, ha sido presentada por los legisladores del gubernamental Ley y Justicia (PiS) como una salvaguarda ante una (improbable, según los analistas) intromisión de China y Rusia en el panorama mediático polaco. Por ahora, si sale adelante, solo afectaría al grupo TVN, de capital estadounidense, aunque es el principal canal de noticias crítico con el Gobierno.

Los informativos de este canal han destacado por sus trabajos de investigación. En 2018 emitieron unas imágenes de una reunión de neonazis polacos celebrando el cumpleaños de Adolf Hitler con uniformes de la SS y esvásticas. Entre los participantes fue identificado el asistente personal de un parlamentario del PiS. ¿La respuesta del Gobierno? Acusar al canal de televisión de “difundir odio”. La cadena, que tiene un valor estimado de más de 1.000 millones de dólares (unos 843 millones de euros) y es la mayor inversión estadounidense en Polonia, también fue sancionada con 330.000 euros por emitir imágenes de protesta en el Parlamento. De nuevo, se le acusó de “promover comportamientos violentos e ilegales”.

La enmienda, presentada por sorpresa a principios de julio, establece estrictamente que “solo se podrá conceder una licencia a entidades extranjeras cuya sede o residencia permanente se encuentre en un Estado miembro del espacio económico europeo”, que incluye a los países de la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia y Liechtenstein. Así, los medios participados de forma mayoritaria por una empresa de fuera de la UE tendrán restricciones.

El partido conservador y ultranacionalista argumenta que las empresas extranjeras tienen demasiada influencia en el sector de los medios, lo que provoca un sesgo en el debate público. Pero los analistas ven que esta norma tiene un objetivo claro.

“Echando un vistazo al panorama mediático en Polonia, este cambio solo afectaría al grupo TVN, incluido su canal de noticias independiente TVN24 —el mayor y esencialmente el único que queda de esas características—”, explica Szymon Ananicz, experto del centro de análisis político IdeaForum. Y recuerda que el legislador del PiS que introdujo el proyecto, Marek Suski, ha admitido públicamente que quiere una situación en la que su partido tenga cierta influencia sobre TVN, un grupo que además del canal de noticias, tiene otra docena de plataformas y una de vídeo a la carta.

TVN24 es una destacada fuente de información para muchos polacos. Da trabajo a cerca de un millar de personas y es vista a diario por 4,5 millones de espectadores, una audiencia nada desdeñable en un país de 38 millones de habitantes.

Rusia y China

Los legisladores tratan de disipar las sospechas que despierta esta reforma e insisten en que su intención es armonizar las reglas de propiedad con leyes similares en otros países de la UE. Pero el PiS empezó hace tiempo lo que el propio Gobierno define como la “repolonización” de los medios y tanto la Unión Europea como Estados Unidos han expresado su inquietud. “El nuevo proyecto de ley polaca sobre concesiones de radiodifusión es otra señal preocupante de la libertad y el pluralismo de los medios en el país”, alertó la comisionada de Valores y Transparencia de la Unión Europea, Vera Jourova.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha apelado en sus intervenciones a la prevención. “Imagine una situación en la que un medio en Polonia, ya sea un gran portal, televisión o radio, o un gran periódico, fuera comprado por una entidad rusa, china o árabe. ¿Tendríamos entonces, como ciudadanos, derecho a decir no?”, lanzó en una rueda de prensa, al día siguiente de que la propuesta fuera llevada al Sejm (Parlamento). “Nos gustaría tener tales herramientas, aplicables para prevenir tales adquisiciones”, añadió.

Sin embargo, es dudosa la necesidad de esta barrera legal. “Desde hace años soy abogado de medios y no he visto ningún interés de rusos o chinos en el mercado de la televisión en Polonia”, señala Karol Laskowski, socio de la consultora Dentos, que ha seguido la evolución del sector mediático en el país. En este caso concreto coincide en que “lo que están tratando de hacer aquí es crear una situación en la que de alguna manera puedan neutralizar TVN”. Y reducir así las voces críticas.

Nuevo capital

La enmienda a la ley de radiodifusión será discutida en agosto. Si la modificación sigue su curso, el grupo estadounidense tendrá que vender parte de sus acciones. Discovery es dueño de las cadenas polacas a través del grupo Polish Television Holding, con sede en Países Bajos. Sin embargo, “la nueva condición, incluye que la empresa no dependa de una entidad extranjera cuyo lugar de residencia permanente no esté dentro de la zona económica europea”, explica Szymon Ananicz, de IdeaForum. Las compañías afectadas tendrán que reestructurar su capital en un plazo de apenas seis meses desde que se anuncie la norma. Ahí entrarían los nuevos inversores.

El capital polaco domina en los medios de comunicación en la actualidad. “TVN es la excepción en televisión”, explica Tadeusz Kowalski, profesor del departamento de Periodismo de la Universidad de Varsovia, que desde 2016 investiga el gasto en publicidad de las empresas estatales y constata cómo “evitan cuidadosamente los medios críticos con el Gobierno”. Kowalski advierte de que este cambio de las reglas “socava la confianza en el Estado, empeora el clima de inversión” y podría traer consecuencias a Polonia “por violar los términos de las concesiones otorgadas, que se dieron siguiendo la legislación nacional y europea”.

En paralelo, el Consejo Nacional de Radiodifusión (KRRiT) tiene que decidir la renovación de la licencia del canal TVN24, que vence el 26 de septiembre, un trámite que inició hace 17 meses, pero aún no tiene respuesta. “Esta es una inversión estadounidense muy significativa aquí en Polonia. Y quizás, si no se renueva la licencia, habrá efectos colaterales en futuras inversiones estadounidenses”, advirtió el consejero del Departamento de Estado de EE UU, Derek Chollet, en una entrevista con TVN24, durante su reciente viaje al país.

El organismo ha explicado a EL PAÍS que el proceso se ha dilatado porque “ha resultado ser bastante complicado debido a los cambios en la estructura de propiedad de la empresa realizados en 2015, durante la licencia existente”, cuando la estadounidense Discovery adquirió el 100% del grupo TVN SA a través de Polish Television Holding. La portavoz del KRRiT, Teresa Brykcysnska, aseguró que la compañía con sede en Países Bajos es una “empresa ficticia, limitada únicamente a tener una dirección europea”. Según la ley las empresas fuera del Espacio Económico Europeo tienen que limitar su participación al 49%.

Libertad de prensa

La situación en Polonia preocupa también a Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha visto cómo desde 2015 el país ha ido descendiendo peldaños en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización hasta situarse en el puesto 64 de 180. “Hace tiempo que observamos con mucha inquietud maniobras que ha puesto en marcha el Gobierno polaco para limitar de forma inaceptable la libertad de prensa”, lamenta Alfonso Armada, presidente de RSF España.

La organización internacional ha detectado “medidas similares a las que ha puesto en marcha el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría: intromisión por parte del Estado, de empresas afines y de simpatizantes políticos para limitar el pluralismo mediático”. A principios de este año, el grupo de medios Polska Press, que pertenecía a la alemana Verlagsgruppe Passau, fue comprado por la petrolera estatal PKN, dirigida por aliados cercanos al PiS. RSF denunció que la venta dejó en manos afines al Gobierno 20 de los 24 periódicos regionales.

* Información actualizada con la respuesta a EL PAÍS del Consejo Nacional de Radiodifusión