Human Rights Watch denuncia “abusos gravísimos” de la policía contra los manifestantes en Colombia

Los policías de Colombia han cometido “abusos gravísimos” contra manifestantes en medio de la represión de las protestas mayoritariamente pacíficas contra el Gobierno de Iván Duque que cumplen seis semanas, ha denunciado este miércoles Human Rights Watch (HRW). Después de documentar al menos 20 muertes cometidas directamente por uniformados, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes, la ONG señala que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos en medio de las movilizaciones, e iniciar una reforma profunda que permita separar a la policía de las fuerzas militares, así como asegurar una rendición de cuentas que impida que los abusos acaben en la impunidad.

El saldo es estremecedor. Aunque las cifras que ha dejado el estallido social varían según distintas fuentes, la organización defensora de los derechos humanos ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, en un primer momento en contra de una fallida reforma tributaria, el pasado 28 de abril. Hasta ahora, ha podido confirmar que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas —que ahora se amalgaman alrededor de distintas causas—, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes.

De ellos, unos 20 podrían haber muerto a manos de policías. Las evidencias indican que los uniformados mataron al menos a 16 personas con municiones letales disparadas con armas de fuego. Las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo que indica una intención de matar, advierte el informe, que se conoce justamente mientras delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitan esta semana el país para verificar las distintas denuncias. El lunes sostuvieron una reunión privada con el presidente Duque.

Al menos otra víctima murió por golpizas y tres más por el uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras, según ha podido documentar HRW. La policía, en el centro de las críticas internacionales, ha disparado los cartuchos directamente contra los manifestantes, en contra de las indicaciones de dispararlos al cielo. También ha utilizado de forma imprudente y peligrosa el sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples denominado Venom en varias ciudades, entre ellas Bogotá y Popayán. La CIDH ya ha advertido sobre el uso indiscriminado de las armas consideradas “menos letales” por las fuerzas públicas. Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, así como más de 1.200 uniformados. El informe incluye los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, debido a cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados por los antidisturbios.

En reiteradas ocasiones desde que comenzó el estallido social, los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y con uso excesivo de la fuerza, “incluso mediante el uso de municiones letales”, señala el informe Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes. Esos abusos “no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, ha dicho José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, quien se reunirá este miércoles con Duque después de presentar el documento. El propio mandatario justamente anunció la semana pasada que se propone reformar a la policía, pero los anuncios no incluyen sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa para fortalecer los mecanismos de control y el liderazgo civil, como han recomendado varios expertos de tiempo atrás.

“Es importante que el presidente Duque haya abierto la discusión sobre una reforma policial. Su propuesta incluye algunas medidas, tales como la reforma al sistema disciplinario de la policía y la creación de un viceministerio de seguridad ciudadana, que pueden tener resultados positivos si se diseñan e implementan correctamente. Le haremos un seguimiento detenido a la implementación de estos planes para asegurarnos de que no se quedan en el papel, como ya ha ocurrido con otras medidas sobre la fuerza pública anunciadas durante su mandato”, valoró Vivanco en declaraciones a EL PAÍS. “Al mismo tiempo, creo que a la propuesta del presidente le faltan aspectos críticos, incluyendo un plan, así sea de mediano plazo, para transferir la policía del Ministerio de Defensa al del Interior o a un Ministerio de Seguridad Ciudadana, como ocurre en todos los países de América Latina, y una reforma a la Justicia Penal Militar que garantice que las violaciones a los derechos humanos siempre sean juzgadas por la justicia ordinaria”, agrega.

Además del uso excesivo de la fuerza, la violencia desatada en las últimas semanas también ha hecho temer por la reaparición de la sombra del paramilitarismo urbano. Grupos de personas armadas, vestidas de civil, también han atacado a manifestantes, y al menos cinco muertes se pueden atribuir a esos grupos. Las investigaciones de las autoridades deben incluir a esos atacantes vestidos de civil, señala el informe, para el que HRW entrevistó a más de 150 personas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, diversos funcionarios y defensores de derechos humanos. También se reunió con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y comisionó dictámenes por un grupo de expertos forenses. Accedió a informes policiales y médicos, necropsias, y corroboró más de medio centenar de videos publicados en redes sociales.

La ONG le recomienda al Gobierno de Iván Duque, entre varias medidas inmediatas, condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos y presentar una disculpa a nombre del Estado colombiano por los abusos policiales cometidos durante las protestas. También aconseja garantizar que todos los funcionarios eviten utilizar lenguaje que estigmatice a los manifestantes, así como suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del sistema Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas.

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