La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes

Las imágenes de civiles armados disparando contra manifestantes mientras son escoltados por policías en un barrio rico de Cali han revivido el fantasma del paramilitarismo en Colombia y encendieron las alarmas de varios organismos internacionales. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, pidió una investigación independiente por esos ataques. “En algunos puntos de la ciudad, algunos individuos privados habrían disparado contra manifestantes en presencia de agentes de la policía”, indicó en un comunicado en el que expresa su preocupación por las muertes en la tercera ciudad en población del país.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, aseguró Bachelet. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido una visita al país para verificar la situación de derechos humanos, también expresó su preocupación por la presencia de civiles que disparaban ante la vista de agentes de la fuerza pública. “La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar pronta y diligentemente estos hechos y sancionar a los responsables. Asimismo, hace un llamado urgente al Estado para fortalecer el diálogo entre todas las partes y reitera su disposición para contribuir en este proceso”. La canciller, Marta Lucía Ramírez, envió una carta a la CIDH confirmando que el Gobierno acepta la visita y que esta sería entre el 7 y el 11 de junio.

El viernes, a un mes del comienzo del paro nacional, Cali vivió un día de terror. Al menos 14 personas murieron y 98 resultaron heridas, 54 de ellas por armas de fuego en distintos puntos de la ciudad. En uno de los casos más graves, un oficial de la policía judicial fuera de servicio disparó y mató a dos manifestantes. Una multitud lo persiguió y apaleó hasta la muerte.

Al final del día, el presidente Iván Duque se desplazó hasta la ciudad, ordenó la militarización de Cali y del Valle del Cauca y, más tarde, la de otros siete departamentos. El mandatario también visitó algunos barrios, entre ellos Ciudad Jardín, el mismo en el que se vio disparar a los grupos de civiles armados, como ya lo habían hecho semanas atrás contra manifestantes indígenas. Durante su visita, varios ciudadanos le dieron las gracias por la orden de triplicar la presencia del Ejército en las calles.

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Tras las críticas de la ONU y la CIDH, la policía ha anunciado que investigarán a 10 agentes y a cinco civiles. El comandante de la Policía, Jorge Vargas, aseguró que ya identificaron a los uniformados y entregaron la información a la justicia penal militar y la Procuraduría —que investiga a los funcionarios públicos— mientras que los datos sobre los civiles fueron enviados a la Fiscalía. “Se ordenó coordinación a la Fiscalía para identificar y judicializar y para saber si [las armas usadas] son traumáticas o de fuego y cuál es el procedimiento a seguir”, agregó el comandante de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Fernando Murillo.

Aún no es claro si estos agentes o los civiles causaron alguna de las muertes ocurridas ese día en Cali. “Estamos esperando información de tres personas lesionadas que estuvieron en la clínica Valle del Lili para ver si corresponde a armas de fuego o de fogueo y poder informar a la Fiscalía sobre particulares que hicieron uso de esas armas”, dijo Murillo a Caracol Radio.

Uno de esos civiles, Andrés Escobar —un empresario de mercadeo—, apareció en redes sociales para reconocer que fue uno de los hombres que se ve en los videos. Y aunque aseguró que la suya era un arma de fogueo, reveló que existe un grupo de autodefensa ciudadana en el barrio. “Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la comuna 22, salimos a defenderla, no con el objetivo de causar daño, sino de que los vándalos se retiraran. La fuerza pública no podía reaccionar”, dijo Escobar. Aseguró que es “una persona de bien, no un paramilitar”.

No es la primera vez que emergen denuncias sobre la presencia de civiles que disparan contra manifestantes durante el último mes. El pasado 10 de mayo, varios de ellos dispararon contra indígenas del Cauca, pero aún no se conocen investigaciones al respecto. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que llama la atención su vestuario y armamento. “Hay una cosa que es muy extraña en estos hombres: están cerca a la policía, con armas cortas y largas y tienen el mismo concepto de los que dispararon contra los indígenas y expresan una radicalización extrema, porque niegan que las sociedades tengan movilizaciones ciudadanas”.

También en Pereira y en Medellín, varios civiles han participado en ataques a manifestantes. En la primera, ubicada en el eje cafetero, hombres armados dispararon y mataron a Lucas Villa, un joven que se manifestaba pacíficamente en un puente de la ciudad. En Medellín, un hombre se entregó a la policía tras haber disparado contra personas que bloqueaban una vía. Argumentó haber usado un arma de fogueo. La policía le impuso una multa de 240.000 pesos (64 dólares).

La alcaldesa de Bogotá se ha manifestado contra el surgimiento de este tipo de grupos en el paro nacional. “La extrema derecha llama a la militarización y la extrema izquierda a la rebelión. Es irresponsable romantizar la autodefensa ciudadana o la militarización. En vez de condenar por igual toda violencia, atizan odios que terminan en violencia indiscriminada contra jóvenes o policías”, dijo la mandataria local.

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