El Gobierno de Colombia condiciona el diálogo al fin de los bloqueos de carreteras

Una de las caras de la protesta en Colombia que más críticas ha generado es la de los bloqueos de carreteras. Cientos de vías han sido taponadas por manifestantes desde el 28 de abril, cuando se convocó a un paro nacional que dio inicio a una de las mayores crisis gubernamentales de la historia reciente del país. La muerte de dos bebés en ambulancias que no pudieron pasar, u el desabastecimiento de medicamentos y alimentos puso este tema en el centro del debate. La noticia sobre el llamado del comité del paro al descalamiento de bloqueos fue vista como un mensaje hacia una negociación. Pero el Gobierno exige no habrá mesa de diálogo hasta que la última vía quede abierta.

El Ejecutivo de Iván Duque considera el desbloqueo como un inamovible para sentarse a negociar con el comité nacional del paro, que aglutina a las centrales obreras; éstas exigen que el Gobierno condene e investigue la brutalidad policial que ha dejado medio centenar de civiles muertos en menos de 30 días y que se comprometa a desmilitarizar las ciudades, entre otras peticiones.

En medio de interminables conversaciones que no han llegado a ningún acuerdo concreto, el comité del paro anunció el desescalamiento de los bloqueos y abrió al menos 29 carreteras en todo el país, como lo constató la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas, que sirven de garantes. “Entre el 29 de mayo y el 1 de junio había 84 bloqueos y nosotros constatamos la reducción de 29. También hemos logrado que el comité del paro trabaje con los comités territoriales y eso ha sido exitoso”, dijo a EL PAÍS, monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Pastoral Social y uno de los mediadores.

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Para el Gobierno esto no fue suficiente, aunque reconoce que hubo avances en diferentes desbloques en el país. “Insistimos en nuestra posición: en Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta. Esos bloqueos deben desaparecer. No le hacen bien a nuestros compatriotas, a la economía ni a la democracia del país”, dijo Emilio Archila, delegado del Gobierno para las conversaciones, al final de la noche del martes. Las obstrucciones a la vía pública¨ están protegidas por el derecho internacional a la reunión pacífica y la protesta, siempre y cuando no generen una carga desproporcionada a terceros.

Una vez más, se estancó la posibilidad de abrir una mesa de negociación y en algunas regiones del suroccidente del país regresarán los taponamientos de carreteras. “La vía (Panamericana, que comunica el sur con el centro del país) estaba desbloqueada desde el lunes y ayer esperábamos una respuesta positiva del Gobierno. No la hubo. Volveremos a abrirla cuando se firme el acta de garantías para sentarnos a la mesa de negociación”, aseguró Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena CRIC, en el Cauca. Los indígenas aseguran que mantendrán una vía alterna como “corredor humanitario”, que permita el paso de ambulancias y alimentos.

Mientras eso sucede, los manifestantes vuelven a las calles y este miércoles están programadas varias movilizaciones en todo el país. Nelson Alarcón, líder de los maestros y delegado del comité del paro dijo a este diario que el Gobierno ¨dio vuelta¨ frente a los avances que ya habían logrado. “Se ratifica en su postura de no querer negociar, de no aceptar lo que ya había aceptado. Esperamos que cumpla su palabra”, dijo Alarcón y aseguró que el comité del paro apoya los consensos territoriales que habían conseguido algunas comunidades para la apertura de vías, “que han permitido que en muchas partes del país estén transitando alimentos, combustible”. El jueves, se reunirán nuevamente el gobierno y las centrales obreras.

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