La irrupción de los independientes obliga a los partidos tradicionales de Chile a reinventarse

A dos semanas de las elecciones en Chile, donde los ciudadanos eligieron a los 155 redactores de una nueva Constitución, además de autoridades municipales y gobernadores, una de las principales esquirlas políticas apunta directo al corazón del sistema de partidos. En el órgano constituyente un 64% de los convencionales no militan, lo que no solo muestra la crisis en que se encuentran las agrupaciones, sino que augura la incapacidad de las estructuras tradicionales para demandar disciplina en la búsqueda de consensos. Empujados por los resultados, esta semana sectores de la izquierda han levantado una propuesta en el Congreso para que los candidatos independientes compitan en igualdad de condiciones con los candidatos inscritos bajo partidos políticos en las elecciones parlamentarias de noviembre.

“Es muy irresponsable, porque el objetivo de esa acción es barrer con los partidos en vez de permitirles renovarse”, opina Pablo Ortúzar, investigador del Instituto del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). “Es el Partido Comunista alimentando el caos para usarlo como escalera. El Frente Amplio, como buena izquierda académica e inorgánica, está siendo usada como carne de cañón por los comunistas, para luego ser traicionados cuando convenga”, analiza Ortúzar, autor del libro El poder del poder. Según su opinión, “Chile podría peruanizarse, es decir, entrar en una dinámica de caudillos que van y vienen, sin líneas ideológicas claras y con un voto movido por el clientelismo”.

Para María de los Ángeles Fernández Ramil, cientista política y experta en reformas políticas, la iniciativa a favor de los independientes en las parlamentarias “se hace a partir de una lectura rápida del éxito de las candidaturas independientes para la convención constitucional”, que tendrá un año como mucho para redactar la nueva Carta Fundamental. “Ello revela la facilidad con que la clase política escapa de hacer lecturas más complejas de la realidad, pero también insinúa un fenómeno preocupante y ya alertado por la cientista política Claudia Heiss: el peligro de una desinstitucionalización de la política que lleve, desde una desaparición de las agendas programáticas colectivas a una atomización en agendas particulares”, dice Fernández Ramil.

Los partidos políticos tienen en Chile la credibilidad por los suelos. En una sociedad que desconfía de sus instituciones, las colectividades están en la peor ubicación de la tabla, según diversas encuestas. De acuerdo al último estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), la confianza en los partidos está en el 2%, por debajo del Congreso (6%), Gobierno (9%) o los tribunales de Justicia (12%). De acuerdo al informe Diez años de auditoría a la democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con información anterior a las revueltas de 2019, “la democracia sigue siendo el régimen de Gobierno preferido por la ciudadanía”. No obstante, el estudio agrega que “desde la década de 1990 se mantiene un grupo, cercano al 20%, que en algunas circunstancias prefiere un régimen autoritario”, una de las cifras más altas de América Latina.

En la última década, además, ha aumentado en Chile la percepción de que la democracia chilena funciona mal o muy mal, lo que el PNUD explica al menos por dos elementos. Por un parte, porque la ciudadanía estima que la persistencia de la desigualdad representa un fracaso de la democracia y de sus instituciones. Por otra, por la generalizada desconfianza en instituciones políticas como los partidos. “Si bien la expansión de la desconfianza en el decenio ha llegado también a otras instituciones, como Carabineros, las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, son las instituciones políticas las que suscitan la mayor desconfianza”, asegura el informe. Las personas critican su funcionamiento, su capacidad para considerar las necesidades y demandas ciudadanas y la percepción de corrupción.

“A pesar de todas las reformas al sistema político en este último tiempo –como el fin del sistema binominal [ideado por la dictadura para sobrerrepresentar a la derecha en los resultados electorales] y la nueva ley de financiamiento de partidos–, la caída en la confianza de las instituciones políticas no se ha revertido”, indica este estudio de 2020.

Partidos en crisis, pero no muertos

Para Ortúzar, los partidos chilenos “sufren debido a años de burocratización, centralismo y estancamiento”. “Se encuentran en crisis, pero no muertos. Y depende de ellos pasar a retiro a la vieja guardia, convocar nuevos rostros y militantes e iniciar un proceso de renovación programática y reconección territorial”, asegura el antropólogo. Los resultados de las elecciones de hace dos semanas, agrega, fueron un “rechazo a las formas políticas de la transición, sus partidos y sus rostros”. “Básicamente, no se cree que los mismos políticos que llevan décadas en sus cargos tengan algo nuevo o mejor que ofrecer”, comenta el investigador.

La politóloga Fernández Ramil dice que los resultados de las elecciones mostraron a primera vista que los partidos no gozan de buena salud, por la inesperada irrupción de independientes y la participación electoral de 43% “que no se condice con lo que se jugaba en los recientes comicios”. Pero analiza con cautela: “La historia demuestra que los partidos tienen una gran capacidad de adaptación y cambio frente a la adversidad y, además, que aquellos que irrumpen en el sistema condenando a los partidos terminan convirtiéndose en algo parecido a ellos aunque ­–en una primera instancia–repudien ser vistos como tales”.

Si Fernández Ramil, experta en reformas políticas, tuviera que identificar un hito clave donde los partidos se infringen un golpe a sí mismos “fue en ocasión de la aprobación del voto voluntario”, que comenzó a regir en 2012. El proceso de debilitamiento de las colectividades, asegura, corre en forma paralela al incremento de una abstención electoral que terminó convirtiéndose en estructural (en torno al 50%).

El camino constituyente fue una apuesta de la transversalidad de la clase política –con excepción de los comunistas– para encauzar el conflicto tras el estallido social de 2019. El acuerdo contempló un calendario que arrancó en octubre pasado con el plebiscito para decidir si se reemplazaba la Constitución de 1980 redactada en dictadura. El trato contemplaba darle facilidades a los independientes para poder postular a la convención, es decir, que serían tratados como los partidos políticos a la hora de constituir pactos. Según recordaba hace unos días Darío Paya, abogado y diputado del partido de derecha UDI entre 1994 y 2010, “el sistema electoral de la elección de constituyentes permitió que independientes de izquierda, muchas expresiones anti sistémicas, hayan presentado listas sin necesidad de conformar partidos ni tener plataformas únicas ni declaraciones de principios”. “Fueron reglas completamente excepcionales en Chile y en cualquier lugar del planeta”, analizaba Paya.

De acuerdo a Fernández Ramil, en el momento del diseño institucional del mecanismo en 2019, “quizás se subestimó la capacidad estratégica de los independientes para organizarse”. Pero al mismo tiempo –agrega– “la indignación expresada en el estallido social no hubiera permitido que no se les hubiera generado un espacio para poder competir”. En la misma línea, Ortúzar dice que no fue un error: “Los independientes son un factor de legitimación de la instancia y pueden llegar a ser también una quilla de sentido común si se lo proponen”. Para el antropólogo, “la polarización de las élites es uno de los grandes problemas de Chile y eso puede ser descomprimido por personas de otros sectores y experiencias”.

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