El Departamento de Justicia de Trump espió a tres periodistas que informaban sobre la trama rusa

En los primeros meses del mandato de Donald Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia obtuvo en secreto registros de llamadas telefónicas e intentó acceder a los correos electrónicos de periodistas del diario The Washington Post que informaban acerca del papel desempeñado por Rusia en las elecciones de 2016, según ha publicado este viernes el propio diario. La información sobre el presunto espionaje ha sido referida a los periodistas por funcionarios de la actual Administración.

En tres cartas fechadas el 3 de mayo pasado, el Departamento de Justicia se dirige a tres periodistas del diario -dos de ellos en activo, más otro que ya no forma parte de la plantilla-, a los cuales “por la presente notifica que de conformidad con el procedimiento legal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recibido registros de comunicaciones asociadas con los siguientes números de teléfono durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 31 de julio de 2017”. La lista detalla los números de teléfono privado, de la oficina y móvil de los tres periodistas espiados. Trump había tomado posesión de la presidencia el 20 de enero de ese año.

Cameron Barr, director ejecutivo en funciones del rotativo, ha mostrado su inquietud por el alcance de la noticia. “Estamos seriamente preocupados por este uso del poder del Gobierno para tener acceso a las comunicaciones de los periodistas. El Departamento de Justicia debería esclarecer de inmediato las razones para su intromisión en la actividad informativa de periodistas que solo hacían su trabajo, una actividad protegida por la Primera Enmienda”, que consagra el derecho a la libertad de expresión.

La supuesta injerencia del Kremlin en el proceso electoral que en 2016 dio la victoria contra todo pronóstico a Trump fue una sombra que le persiguió durante su mandato. Investigada por el FBI, comités del Congreso y un fiscal especial, Robert Mueller, la trama se originó con el robo de correos electrónicos del Partido Demócrata que distribuyó WikiLeaks antes de las elecciones de 2016 con el supuesto objetivo de favorecer a Trump, y en la presunta confabulación del entorno del republicano con el ciberataque. El fiscal Mueller no halló pruebas de conspiración entre Trump y Moscú, pero dejó abierta la posibilidad de que el republicano sí cometiera un delito de obstrucción a la justicia, al tratar de entorpecer las investigaciones. La supuesta existencia de un complot entre Trump y el Kremlin fue repetidamente calificada por el republicano como caza de brujas.

Empresas de comunicación y defensores de la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU- la que ampara la libertad de expresión y de prensa-se oponen de confiscar grabaciones de periodistas en un intento de identificar las fuentes de filtraciones, pues consideran que interfiere la recopilación de informaciones críticas. El penúltimo episodio de incautación de grabaciones se produjo en 2018, cuando el Departamento de Justicia accedió a las comunicacioones de una periodista en una investigación sobre sus fuentes. El contenido de las informaciones giraba también alrededor de la trama rusa.

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