Bolsonaro intenta contener la sangría de militares tras la renuncia de la cúpula de las Fuerzas Armadas

En el día en que Brasil alcanzó un nuevo récord diario de muertes por la covid-19, con 3.780 fallecidos, el Gobierno de Jair Bolsonaro demostró una vez más que contener la pandemia no está entre sus prioridades. El palacio del Planalto se dedicó a amplificar la crisis político-militar provocada por el propio presidente con la dimisión del ministro de Defensa y tres comandantes de las Fuerzas Armadas, algo inédito desde el regreso a la democracia, en 1985. Asediado por el Congreso y con la vista puesta en su base más radical, el objetivo de Bolsonaro a lo largo del día fue enviar el mensaje de que estaba respaldando a las fuerzas militares, y que no era objeto de protestas por parte de la cúpula militar.

Las especulaciones sobre un posible autogolpe, una ruptura institucional o una declaración de estado de sitio fueron tan fuertes que el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, tuvo que calmar públicamente los ánimos: “Las Fuerzas Armadas se guiarán siempre por la legalidad”, dijo al sitio digital G1, repitiendo lo que establece la Constitución sobre el rol de los militares.

Durante el resto del día, el bolsonarismo desplegó una estrategia de tres puntos. Defendió ante la prensa que Bolsonaro fue severo y despidió a los tres comandantes militares, cuando, en realidad, fueron estos los que entregaron sus cargos por discrepar con la salida del ministro de Defensa, Fernando Azevedo; el presidente utilizó a uno de sus fieles aliados en la Cámara de Diputados, el comandante Vitor Hugo, para intentar someter a votación un proyecto de ley que amplía los poderes del presidente durante la pandemia; determinó que su nuevo ministro de Defensa, Walter Braga Netto, firmara una carta que se leerá en los cuarteles de todo el país este miércoles exaltando el golpe militar de 1964. El texto es siempre celebrado por las bases del presidente, un 10% de la población que defiende abiertamente el regreso de un régimen militar.

A primera hora de la mañana, el ministro general Braga Netto informó a los comandantes de las Fuerzas Armada, el general Edson Pujol (Ejército), el almirante Ilques Barbosa (Marina) y el brigadier Antonio Carlos Bermúdez (Fuerza Aérea), que habían sido destituidos por orden del comandante en jefe, el presidente Bolsonaro. El trío ya estaba dispuesto a entregar sus cargos en apoyo al exministro Fernando Azevedo. Aun así, el encuentro entre ellos fue tenso. Ilques Barbosa, reconocido por su serenidad, se quejó con vehemencia de los cambios, con el argumento de que interferían con la imagen de las Fuerzas Armadas, y acusó a Bolsonaro de llevar la política a los cuarteles. Braga Netto, más impetuoso, llegó a golpear la mesa y a gritar a los demás durante la reunión.

De inmediato, el nuevo ministro mostró una de sus principales características. “En el Ejército están los que dirigen y los que mandan. [El exministro] Fernando Azevedo era un líder. No se puede decir lo mismo del general Braga Netto”, dijo Alexandre Fuccille, politólogo e investigador de defensa de la Universidad Estadual Paulista.

Este movimiento en los mandos obligará a Bolsonaro a cambiar el orden de los ascensos en el Ejército. Por lo general, el oficial de mayor rango es ascendido a comandante. Pero la intención del presidente es ascender al quinto general con más antigüedad, el actual jefe de la región Nordeste, Marco Antônio Freire Gomes. De este modo, cuatro generales con más antigüedad que Freire Gomes pasarán a retiro obligatoriamente. Todos ellos están vinculados al ahora destituido general Pujol, con quien Bolsonaro ya estaba distanciado, o han ocupado cargos de relevancia en otros Gobiernos. Por lo tanto, la elección de los nuevos comandantes estará marcada también por sus posturas políticas pasadas, según señaló un oficial a este diario. “El daño que está haciendo Bolsonaro con la politización de las Fuerzas Armadas es tremendo. Deberían dejar la política fuera de los cuarteles, pero no es así”, evaluó Alexandre Fuccille.

Existe la posibilidad de que el nuevo comandante sea anunciado este mismo miércoles, cuando otros dos generales sean ascendidos y los cuarteles celebren el golpe militar de 1964. “Las Fuerzas Armadas terminaron asumiendo la responsabilidad de pacificar el país, enfrentando el desgaste para reorganizarlo y garantizar las libertades democráticas que hoy disfrutamos”, dice un fragmento de la carta conmemorativa firmada por el ministro Braga Netto. El texto niega que el golpe militar rompiera el orden institucional. Por último, el nuevo ministro señala: “El movimiento de 1964 forma parte de la trayectoria histórica de Brasil. Así, los acontecimientos de aquel 31 de marzo deben ser comprendidos y celebrados”.

La intención del Gobierno de celebrar el golpe es tan marcada que el Planalto fue a los tribunales para garantizar el derecho de los uniformados a conmemorar el inicio de la dictadura, algo inimaginable en el resto de los países latinoamericanos que también tuvieron regímenes militares.

El Congreso y la Policía Militar

Mientras tanto, en el Congreso Nacional, el diputado Vitor Hugo intentó en vano que se sometiera a votación un proyecto de ley para declarar el “estado de movilización nacional”. La medida buscaba agitar la política con la posibilidad de que presidente tuviese durante una pandemia los mismos poderes que tendría en caso de invasión extranjera. Es una especie de versión moderada del estado de defensa, algo que precede al estado de sitio, cuando se restringen las libertades individuales y políticas, con un añadido estratégico: pondría bajo el mando del presidente a la policía militar, un grupo cultivado por los bolsonaristas. La maniobra fue vista por los opositores y la mayoría de los dirigentes del partido como un intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro. El proyecto no llegó a votarse.

El texto presentado por Vitor Hugo establece que, en este caso, el jefe del Ejecutivo puede tomar medidas que incluyen la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisa y ocupación de bienes y servicios; y la convocatoria de civiles y militares para las acciones que determine el Gobierno Federal. “Esta ley da margen para que el presidente adelante cualquier proceso golpista”, dijo el líder de Ciudadanos, Alex Manente.

Además de prohibir este intento autoritario, tanto la Cámara como el Senado votarán las solicitudes de comparecencia del nuevo ministro Braga Netto, de su antecesor, Fernando Azevedo, y de los tres mandos militares cesados el martes. Ya hay solicitudes en trámite en ambas cámaras. El martes por la noche, ya frustrada la embestida en el Congreso, Bolsonaro siguió enviando mensajes a sus bases y predicando contra el aislamiento social como método para contener la pandemia. Dijo que tenía las manos atadas para revertir las restricciones. “Juego dentro de la Constitución. Hace tiempo que algunas autoridades no juegan dentro de los límites de la Constitución”, dijo Bolsonaro en su canal de YouTube.

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