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“El crimen organizado está matando a muchos líderes de las comunidades indígenas y tribales”

El subdirector general de la FAO, Julio Berdegué, sostiene que los nativos son los mejores guardianes de los bosques en la región

Rocío Montes
Julio Berdegué, subdirector general de la FAO
Julio Berdegué, subdirector general de la FAO.FAO Americas

Cerca de 300 estudios científicos de primer nivel han demostrado que los pueblos indígenas y tribales son los mejores guardianes de los bosques de América Latina y el Caribe. Lo dice una publicación que recientemente ha lanzado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). “Si se dan ciertas condiciones, las comunidades indígenas y tribales cuidan sus bosques y los protegen de la deforestación, de la pérdida de carbono o de incendios forestales de una manera más eficaz que otras formas de conservación, como las áreas naturales protegidas por los gobiernos”, asegura el mexicano Julio Berdegué (Mazatlán, 1957), subdirector general de la FAO, con sede en Santiago de Chile. Lo hace en una conversación vía telemática, porque la capital chilena se encuentra nuevamente en cuarentena por la crisis de la covid-19.

Pregunta. ¿Qué condiciones deben asegurarse para la conservación de bosques?

Respuesta. Nos parece importantísimo que los territorios de bosques que son habitados por estos pueblos estén debidamente titulados en favor de ellos. Que tengan derechos de propiedad, que no es una propiedad individual como normalmente la entendemos, sino una propiedad en favor de todo el pueblo. Esto les da la capacidad legal de resguardar los bosques de usos que no sean regulados por ellos mismos. Esto, por sí mismo, ya tiene un gran efecto.

P. ¿Cómo lo ha hecho Latinoamérica con respecto a la titulación?

R. En América Latina no lo hemos hecho mal. Los datos del reporte nos dicen que de los 380 millones de hectáreas que son ocupadas por estos pueblos en zonas boscosas, un gran porcentaje está titulado. Tenemos países como Bolivia donde hay 29 millones de hectáreas ocupadas por indígenas y 24 millones están tituladas. Brasil: prácticamente el 100% está titulada, lo mismo que Colombia, Guyana, México o Perú . Son todos países que han hecho un fuerte avance en entregar.

P. ¿Cómo está la región con respecto a otras en el mundo?

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R. América Latina en esto está muy por delante de Asia y África y eso explica, según el reporte, por qué en América Latina las tasas de deforestación —que sí son preocupantes—, son bastante menores que en África y en Asia.

P. ¿Qué países lo están haciendo mal?

R. Chile, por ejemplo, no aparece tan bien: tenemos 8,9 millones de hectáreas ocupadas por pueblos indígenas de las cuales 2,3 millones de hectáreas son territorios colectivos indígenas reconocidos por el Estado. Argentina tampoco está bien: tiene 62 millones de hectáreas ocupadas por estos pueblos y tiene solo ocho millones tituladas. Lo mismo Paraguay: 5,4 millones y menos de un millón reconocidas. Venezuela está muy mal también.

P. ¿Qué otra condición debe asegurarse para que las comunidades puedan proteger efectivamente los bosques?

R. El efecto de la titulación se refuerza cuando hay incentivos económicos a una mejor conservación. Y hay dos grandes grupos de incentivos que se exploran en el reporte: el pago por servicios ambientales y permitir que estas comunidades hagan un manejo sostenible de sus bosques, que tengan permisos para que puedan generar algunas actividades económicas que son compatibles con el cuidado de esos bosques.

P. ¿Qué es el pago por servicios ambientales?

R. El pago a los pueblos que habitan ahí por los servicios ambientales que nos prestan cuando conservan los bosques. Agua fresca, regulación del clima, conservación de la biodiversidad o mantener el papel de los bosques en la regulación de los ciclos de lluvias. Generar esos bienes que son vitales para todos nosotros, supone un esfuerzo de cuidado de los bosques. Y hay sistemas que se han implementado en distintos países de nuestra región donde se compensa a esas comunidades. Vale la pena decir que son incentivos muy baratos: cuatro dólares por hectárea, 10 dólares por hectárea. No estamos hablando de grandes compensaciones.

P. ¿Y a qué se refiere con permitirles hacer manejo sostenible de los bosques?

R. A veces se les dice: “Ok, aquí está el bosque, pero ustedes no lo pueden tocar”. Como si fuera un museo. Pero se les podría decir: “Mire, usted puede producir maderas, pueden producir productos forestales no maderables, hierbas, esencias que se usan en la industria de los cosméticos”, lo que resulta perfectamente compatible, cuando se hace bien, con la conservación de los bosques. Finalmente, es clave la gobernanza de los bosques, que contempla la institucionalidad pública, los reglamentos, las leyes.

P. ¿Cuál es el peligro si no hay gobernanza?

R. En América Latina y el Caribe resulta clave el ejercicio del Estado del derecho respecto de las actividades ilegales sobre estas áreas. Muchas veces han sido tituladas en favor de los pueblos indígenas, pero ellos no pueden enfrentar al crimen organizado que se está metiendo en muchos de estos lugares para negocios ilícitos en torno a las drogas, por ejemplo. Esto está causando una devastación de los bosques, porque en los procesos de reproducir drogas usan productos altamente contaminantes. Son actividades muy dañinas, pero, además, devastadoras: el crimen organizado está matando a muchos líderes sociales de las comunidades indígenas y tribales para evitar que se opongan a ellos.

P. ¿Y la minería ilegal?

R. Con el aumento del precio de determinados metales, por ejemplo, el oro, hay grandes incentivos. Y no estamos hablando de pequeños mineros, sino de minas donde hay maquinaria pesada, bulldozers, uso de explosivos, que son una devastación tremenda. Se suma a la extracción ilegal de la madera, muchas veces vinculada también a los grupos criminales. La expansión irregular de actividades agrícolas y ganaderas sobre bosques que nominalmente están protegidos, pero que no hay una suficiente capacidad de fiscalización y de sanción. Los pueblos indígenas por sí solos no se pueden oponer a todas estas fuerzas. Es vital que el Estado de derecho proteja estos bosques y a las comunidades.

P. Y que pague su esfuerzo…

R. En esta política, el Estado reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades tribales que ocupan estas zonas del bosque están brindando beneficios al resto de la sociedad. Lograrlo requiere un esfuerzo de prevenir que estas otras actividades ilegales o irregulares. No es estar sentados a la sombra de un árbol y estos bienes vienen por sí solos. Una vez que hay civilización que rodea estos bosques, empieza una presión para explotarlos.

P. ¿Observan algún nexo entre recuperación de la economía y empleo y los hallazgos del estudio?

R. Invertir en apoyar el trabajo que hacen estas comunidades tiene múltiples beneficios. En primer lugar, el beneficio ambiental, ecológico, climático que está demostradísimo y que —insisto—, nos beneficia a todos. En segundo lugar, la lucha contra la pobreza. Los pueblos indígenas en todos nuestros países, lamentablemente, siempre aparecen con los peores índices en cualquier variable que quieras mirar que tenga que ver con la pobreza, la exclusión, la salud, las expectativas de vida, los ingresos. Ahora que estamos todos preocupados por la recuperación de empleos, señalamos que estos bosques y las comunidades nos ofrecen una gran oportunidad. Hay algunos estudios del Banco Mundial que indican que crear un empleo en la construcción tiene un costo más o menos de 40.000 dólares. Y la construcción es uno de los instrumentos favoritos de los gobiernos para la recuperación. Pero nosotros hemos hecho un examen de soluciones basadas en la naturaleza —reforestar, descontaminar ríos, recuperar cuencas que se han visto erosionadas, recuperar suelos que se han degradado— y generar un empleo de este tipo completamente nuevo tiene un costo de cuatro mil dólares.

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Sobre la firma

Rocío Montes
Es jefa de información de EL PAÍS en Chile. Empezó a trabajar en 2011 como corresponsal en Santiago. Especializada en información política, es coautora del libro 'La historia oculta de la década socialista', sobre los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Academia Chilena de la Lengua la ha premiado por su buen uso del castellano.

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