Las misiones de rescate naufragan en el Mediterráneo central

La imagen de cientos de ataúdes dispuestos en un hangar del aeropuerto de Lampedusa (Sicilia) en octubre de 2013 conmocionó a la opinión pública italiana, que durante años había ignorado el drama migratorio frente a sus costas. En los naufragios de los días 3 y 11 de aquel mes perdieron la vida más de 390 personas y el Gobierno del entonces primer ministro Enrico Letta —aupado de nuevo ahora al liderazgo del Partido Democrático— decidió poner rápidamente en marcha una ambiciosa operación de salvamento marítimo bautizada como Mare Nostrum. En tan solo un año de vida, la misión logró rescatar a 150.000 personas en el Mediterráneo central, pero su elevado coste —300.000 euros al día— y la falta de apoyo de otros países —el Reino Unido, entre otros, llegó a criticar el supuesto efecto llamada del programa— llevaron a su fin en 2014. Desde entonces no ha habido ninguna iniciativa comparable, ni en recursos ni en objetivos, en la ruta más transitada y letal hacia Europa.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asociada a Naciones Unidas, desde 2015 hasta la fecha, 18.226 personas han muerto en aguas del Mediterráneo, 14.374 de ellas en la ruta central. El pasado martes, el mismo día que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, publicaba un informe en el que califica de “deplorable” la situación de los migrantes en el mar, 39 personas fallecían ahogadas en sendos naufragios frente a las costas de Túnez. El documento, muy crítico con la política de los Estados miembros, señala que la progresiva retirada de los buques militares, el bloqueo al trabajo de las organizaciones humanitarias y el retraso en los desembarcos han socavado la integridad de los sistemas de rescate.

“Necesitamos una mejora de la corresponsabilidad en la búsqueda y el salvamento marítimo”, dice por teléfono el enviado especial para el Mediterráneo central del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), Vincent Cochetel. “Estos días hemos visto cómo las autoridades tunecinas rescataban varios barcos procedentes de Libia, es bueno que ellos se estén comprometiendo, pero deben hacerlo más países”.

A su cierre en 2014, la misión Mare Nostrum fue sucedida por la operación Tritón. Esta iniciativa liderada por Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, tenía como mandato apoyar a Italia en las labores de vigilancia de sus lindes y también en la búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central. Pero si la misión italiana contaba con un presupuesto de nueve millones de euros al mes, Tritón apenas alcanzaba un tercio, 2,9 millones mensuales. La operación fue sustituida en febrero de 2018 por Themis, con un planteamiento similar aunque más enfocada en el control de la delincuencia transfronteriza. Durante la crisis migratoria de 2015 y 2016, 1,3 millones de personas cruzaron el Mediterráneo y más de 9.200 murieron en su intento por llegar a Europa. En los últimos cinco años, Frontex ha ayudado a rescatar en ese mar a algo más de 350.000 personas, 141.600 de ellas en el Mediterráneo central. Los datos publicados por la Comisión Europea elevan la cifra —hasta febrero— a 267.223. La diferencia se explica porque en el área de operación de Themis, 125.600 migrantes habrían sido socorridos por autoridades nacionales y ONG. La agencia también lidera otras dos misiones en el Mediterráneo: Poseidón en la frontera marítima de Grecia con Turquía, donde su labor se ha visto salpicada por la presunta implicación en las devoluciones irregulares de migrantes, e Indalo entre Marruecos y España.

En paralelo al trabajo de Tritón, la UE lanzaba en 2015 la operación militar Sophia, que con medios marítimos y aéreos tenía el encargo de luchar contra las redes de tráfico de personas. Esta iniciativa “fue parte esencial del trabajo de la Unión para mejorar la seguridad y la estabilidad marítimas en general en el Mediterráneo central. Contribuyó a reducir el número de cruces mortales, permitió la captura de presuntos contrabandistas, neutralizó los buques y capacitó a los guardacostas libios”, destaca Peter Stano, portavoz de la UE. La realidad es que las labores de rescate no formaban parte de su mandato, pero sus buques tenían la obligación de asistir las llamadas de socorro que recibían en los patrullajes. Hasta 2018 la operación auxilió a 45.000 personas, pero con la llegada de la ultraderechista Liga al Gobierno italiano en marzo de ese año comenzaron los problemas para llevar los barcos a puerto, se frenaron los rescates y en 2019 la misión prescindió de sus buques.

Prácticamente finiquitada desde entonces, Sophia desapareció por completo en marzo de 2020 y vio la luz la operación Irini, un programa cuyo mandato específico es hacer cumplir el embargo de armamento hacia Libia, país sumido en el conflicto desde la caída de Muamar el Gadafi, en 2011. En su misión, los barcos no han practicado nunca un rescate, pues operan en un área lejos de las rutas migratorias habituales y próxima a las del contrabando de armas.

Según denuncia el informe del Consejo de Europa, hay una tendencia a sustituir los medios marítimos por la vigilancia aérea, también en los operativos de Frontex, lo que se traduce en que los aviones pueden identificar una embarcación, pero no rescatar a las personas en peligro. La información recopilada por estas aeronaves, drones y satélites de los países y las agencias de la UE se comparte con las autoridades pertinentes, incluidas la Guardia Costera de Libia, que acaba interceptando las embarcaciones y las devuelve a puertos inseguros donde se vulneran los derechos humanos.

Cerco a las ONG

A la vez que los Estados disminuyen sus efectivos en el mar, las autoridades continúan poniendo trabas al trabajo de las ONG. En Italia, las embarcaciones son sometidas a estrictos controles y las organizaciones denuncian un bloqueo administrativo. Hay sanciones por llevar pan congelado a bordo, porque la actitud de la tripulación en un simulacro de incendios no es “la adecuada” o por transportar demasiados chalecos salvavidas, comentan. Con la salida del Gobierno del ultraderechista Matteo Salvini, quien ocupaba el puesto de ministro del Interior, cambió el discurso de criminalización radical contra las ONG, pero no el fondo de las políticas, afirma Marco Bertotto, responsable de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Italia. “Seguimos viendo, desde el Ejecutivo, un sentimiento de falta de colaboración y de comprensión de nuestro papel. Si bien se ha reducido la cuantía de las sanciones que nos impuso Salvini, estas no han desaparecido. A la vez, las condiciones para llevar a cabo las operaciones en el mar se endurecen”, señala.

Durante los primeros meses de la pandemia, la organización catalana Proactiva Open Arms fue la única autorizada por el Gobierno italiano para rescatar y desembarcar en sus puertos a las personas auxiliadas. La ONG tuvo que adaptarse al estricto protocolo anticovid y realizar pruebas a todo el personal rescatado. “Si bien ahora las facilidades para desembarcar son mayores y se hace más rápido, las autoridades nos obligan a estar parados 14 días en cuarentena, por lo que al final sobrepasamos los períodos anteriores a la pandemia, cuando tardaban cinco, seis o siete días en asignar un puerto”, afirma Òscar Camps, fundador de la organización. El pasado viernes, horas antes de que el Open Arms volviese a partir de nuevo, ningún barco de ONG patrullaba el Mediterráneo central.

Bertotto y Camps coinciden sobre la conveniencia de recuperar una operación como Mare Nostrum, aunque esa intención no esté esbozada en los planes de ningún Gobierno europeo. Camps destaca, por ejemplo, la labor “muy digna” de Salvamento Marítimo en España, fundamentalmente en el Atlántico. Por su parte, Cochetel apunta: “La UE debería hacer más en general, pero también tendría que ayudar a los demás países a hacer más. Vemos a muchas personas salir de Marruecos o Senegal, embarcarse en un viaje muy peligroso y esa gente no debería tener que abandonar su país”. Y desliza: “Tenemos que trabajar en varios frentes, no es solo el rescate en el mar, hay que crear oportunidades para los jóvenes en los países de origen”.