Un tribunal regional africano falla contra la extradición a EE UU de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha fallado este lunes contra la extradición del colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Cabo Verde a Estados Unidos. En una vista celebrada en su sede de Abuya, capital de Nigeria, el Tribunal de la CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde, se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab, aunque está por ver si las autoridades caboverdianas van a acatar esa decisión.

Durante más de nueve meses se ha logrado retrasar la extradición de Saab, detenido el pasado 12 de junio en la isla caboverdiana de Sal, a pedido de la Justicia estadounidense. El arresto se produjo cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral y después de que la Interpol emitiera una ficha por supuesto blanqueo de dinero. La defensa del empresario, que se ha convertido desde hace más de un lustro en el principal contratista del Gobierno venezolano, ha emprendido una estrategia que llegó hasta el Tribunal de la CEDEAO y que pretende convertir el caso en un conflicto diplomático. A la cabeza del equipo legal que representa a Saab está el ex juez español Baltazar Garzón.

Tras la detención, Venezuela alegó que Saab tenía el estatus de enviado especial del Gobierno de Maduro y de “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana, además de la nacionalidad venezolana. Para Caracas, Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”. Hasta el arresto, el empresario siempre había estado en las sombras, así como sus nexos con el presidente venezolano.

Sobre Saab pesan acusaciones en Estados Unidos y Colombia de lavado de dinero. En 2019 entró en la lista de sancionados del Tesoro junto con sus socios y colaboradores. En 2020 la Fiscalía colombiana le confiscó bienes en ese país, donde es buscado desde 2018. Saab también fue señalado el año pasado por Washington como el orquestador de una red que se dedica a exportar petróleo venezolano a la sombra del embargo impuesto por Estados Unidos. Para eludir las sanciones, de acuerdo con una investigación de EL PAÍS y el portal Armando.info, el esquema supuestamente diseñado por Saab ha disfrazado transacciones de millones de barriles de crudo como parte de acuerdos de “ayuda humanitaria”: los socios llevaban alimentos y productos de primera necesidad al país sudamericano y la paraestatal PDVSA les pagaba con petróleo. La Casa Blanca afirma que se trata de un fraude, el Gobierno de Maduro justifica que no tiene opción ante el bloqueo económico.

La corte africana ordenó a Cabo Verde, además, el pago de una indemnización que asciende a unos 200.000 euros. El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario de Saab, que este solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas acabaron cumpliendo a regañadientes. Saab ha permanecido desde hace más de un mes bajo custodia de militares y agentes de la Policía Nacional del país africano.

La Embajada de Venezuela en Senegal, encargada de cubrir Cabo Verde, también confirmó en su cuenta de la red social Twitter que el Tribunal de la CEDEAO “ordenó la liberación inmediata del embajador Alex Saab”. La corte “declaró que la captura y detención del embajador Saab fue ilegal, arbitraria y reconoce la violación de sus derechos humanos. La decisión involucra la suspensión de la extradición”, indicó la legación venezolana en Dakar. La corte estimó entonces que la Justicia caboverdiana “actuó fuera de su jurisdicción” cuando lo detuvo el 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.

El Gobierno y una corte de Cabo Verde ya habían aprobado la entrega de Saab, pero su defensa recurrió la decisión ante el Supremo Tribunal de Justicia del país. El Gobierno de Venezuela exigió el pasado 5 de marzo a Cabo Verde la “liberación inmediata” del empresario colombiano, cuya detención ve ilegal por considerar que las autoridades de ese país violaron su inmunidad diplomática. Además de la defensa diplomática, el Gobierno venezolano ha emprendido una intensa campaña en defensa del empresario, involucrado en negocios de comida, construcción, petróleo y oro. Pintas con el mensaje “Free Saab” han aparecido en Caracas, donde hace un mes se organizó un pequeño concierto para pedir su libertad.

“Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante EE UU”, declaró a la agencia Efe el propio Saab, de 49 años, en una entrevista a comienzos de este mes. La prensa de Cabo Verde recogió también declaraciones de Garzón, en las que celebró la decisión del tribunal. “Hemos defendido el carácter de agente diplomático y, por tanto, de inviolabilidad e inmunidad. Argumentamos que el arresto de Alex Saab fue ilegal desde el principio. Por lo tanto, exigimos que Cabo Verde cumpla sin demora con todos y cada uno de los puntos de esta sentencia”, señaló el portal A Semana.

Desde 2015 periodistas de investigación en Venezuela de Armando.Info han revelado los entramados comerciales de Saab con el chavismo, que iniciaron en 2012 con la firma de un acuerdo binacional entre fallecido Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos para la construcción de viviendas. Las relaciones alcanzaron su punto más alto cuando Saab se convirtió en el principal proveedor del programa de venta de alimentos importados a bajo costo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, por el cual se entregan las llamadas cajas CLAP que se entregan a los más pobres. En 2017, la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios los productos de los CLAP. Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con esa trama, el empresario nacido en Barranquilla y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”, mientras Venezuela atravesaba la peor crisis de abastecimiento de comida y los indicadores de desnutrición y pobreza se incrementaban. Además, sobre este programa se ha denunciado la entrega de productos de baja calidad y su uso político para coaccionar a electores.

En 2019 Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Estados Unidos ha sancionado y congelado bienes a más de un centenar de funcionarios, pero la detención de Saab ha sido el caso que más ha movilizado al chavismo.