Bolivia

Bolivia devuelve al FMI un crédito de 327 millones de dólares otorgado al Gobierno transitorio

El país andino pagará más de 24 millones de dólares en intereses por la devolución del préstamo recibido tras el derrocamiento de Evo Morales, en 2019

El presidente boliviano, Luis Arce, este jueves durante un acto con el Ejército en El Alto.
El presidente boliviano, Luis Arce, este jueves durante un acto con el Ejército en El Alto.AIZAR RALDES / AFP

El Gobierno de Luis Arce, el delfín del expresidente Evo Morales que ganó las elecciones en octubre del año pasado, anunció este miércoles la devolución de un crédito de 327 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había concedido a su antecesora, Jeanine Áñez. A la cifra inicial del préstamo otorgado al Gobierno de Áñez, que asumió el poder tras el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, el Estado boliviano deberá sumar más de 24 millones de dólares en intereses y comisiones.

El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, afirmó que el Gobierno estaba actuando “en defensa de su soberanía nacional”, ya que el apoyo del FMI venía condicionado por determinadas políticas económicas, y la Constitución boliviana, promulgada en 2009 por Morales, prohíbe admitir metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. La aceptación del crédito hace poco menos de un año iba contra este mandato.

La justificación de la cancelación del préstamo ha sido cuestionada por funcionarios del pasado Gobierno. Según ellos, el crédito no formaba parte de ningún acuerdo con el organismo, sino que era un “apoyo coyuntural” para mejorar la liquidez del Estado boliviano durante la pandemia de la covid-19. Por lo tanto, aducen, el préstamo no estaba sujeto a ninguna condición en particular.

La oposición boliviana criticó que el Gobierno dejará de usar un dinero que podría ser útil para combatir la crisis económica y sanitaria que vive el país por “una falsa idea de soberanía”. Bolivia está saliendo de una segunda ola de contagios que tiene al país en vilo desde diciembre del año pasado. Hasta este miércoles, se han registrado 238.495 contagios y 11.303 fallecimientos en una población de 11 millones de habitantes.

Este miércoles, el oficialismo aprobó una ley sanitaria que ha causado gran rechazo de los médicos y trabajadores sanitarios. Argumentan que la ley permite que el ministerio de Salud contrate personal que no haya sido acreditado por las instituciones académicas que ellos controlan, y existe el temor de que Bolivia nuevamente acuda a los servicios de los médicos cubanos que fueron expulsados por el Gobierno de Áñez. Los médicos bolivianos han rechazado sistemáticamente que profesionales de otra nacionalidad trabajen en el país, incluso en puestos que la mayoría de ellos no deseaba ocupar, como en áreas rurales. El Gobierno de Arce ha negado que vaya a traer una vez más personal cubano al país.

Otro punto de la ley que es resistido por los sindicatos es el control gubernamental de los precios de los servicios de salud. La norma también exige que cualquier vacunación contra la covid sea gratuita, lo que elimina la posibilidad de que los laboratorios privados comercialicen las vacunas. Esto es criticado por sectores de la oposición, que exigen “libertad de mercado”. Su argumento es que la vacunación privada podría aliviar las obligaciones del Estado, que se encuentra muy atrasado en cuanto a la adquisición y distribución de vacunas. Hasta ahora solo se ha vacunado a unos 10.000 bolivianos, todos ellos médicos y enfermeros. La primera campaña masiva se realizará en marzo.

La expresidenta Áñez presentó la contratación del crédito del FMI como un logro de su gestión contra la pandemia, pero no pudo usar el dinero porque el Parlamento de entonces, controlado por el Movimiento al Socialismo, el partido de Arce y Evo Morales, se rehusó a aprobar las decisiones de su Gobierno. Con esta devolución quedó establecido el principio de esta tienda política de independizar al país del organismo internacional, al que culpa por los programas de reducción de empleos y de privatización de las empresas estatales que se aplicaron en las décadas de los ochenta y noventa.

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