El presidente de Guatemala llega a su primer aniversario con índices de popularidad bajo mínimos

Alejandro Giammattei Falla, un médico de 64 años que muy pronto abandonó la bata blanca para dedicarse a la política, asumió la presidencia de Guatemala el 14 de enero de 2020 después de cuatro intentos fallidos. Y recibió de su antecesor, el comediante Jimmy Morales, un país en ruinas y arrodillado ante las mafias que han secuestrado el poder. La popularidad del nuevo mandatario al asumir el cargo era del 80%. Doce meses después, su aceptación es apenas de un 25%, según las últimas encuestas. La baja eficacia en el combate a la corrupción y su cuestionada gestión de la pandemia y del impacto de los huracanes están detrás de la caída, según los analistas consultados.

Nadie pensaba que Giammattei pudiera obtener el triunfo. El promedio de su voto duro en los anteriores intentos era apenas del 13%. Pero el rechazo frontal que inspiraba su contendiente, la incombustible Sandra Torres Casanova, le permitió la victoria sin un plan de Gobierno y, mucho menos, un equipo con el cual enfrentar los enormes retos del cargo. El analista Edgar Gutiérrez califica a 2020 como un año “catastrófico” para Giammattei, para el Gobierno y para Guatemala. “La falta de acción estratégica del gobernante para hacer de la crisis una oportunidad se perdió, mientras el aparato estatal sigue hundiéndose y, con este, el grado de aceptación entre sus gobernados”, puntualiza.

Entre las causas del desplome de esa aceptación, Gutiérrez señala que Giammattei mintió al tratar de maquillar los efectos de la pandemia, así como el fracaso en la entrega de los recursos asignados al combate de la covid-19 y la destrucción provocada por los huracanes Eta e Iota (unos 3.850 millones de dólares que se ‘esfumaron’ en la burocracia estatal) y, en menos de un año, debilitó como nunca el Estado de derecho. “Nunca habíamos asistido a una desobediencia tan flagrante a las decisiones del Constitucional como la perpetrada por el Congreso y la misma Corte Suprema de Justicia”, dice Gutiérrez.

El procurador Jordán Rodas señala que los derechos humanos son inexistentes en la agenda política de Giammattei. “No son tema para el Gobierno”, puntualiza. “A esto se suma la opacidad que ha caracterizado su gestión y el mal carácter del presidente, que desprecia a sectores importantes como a la población indígena o la prensa, que han sido humillados en reiteradas ocasiones”.

Atribuye la pérdida de credibilidad del Gobierno a lo errático de su accionar, al carácter confrontativo del mandatario hacia cualquier asomo de desacuerdo y a que no ha hecho ningún esfuerzo por enmendar alguna decisión que cause controversias. “Su rosca de aduladores le pinta un panorama inexistente y son los únicos a quienes escucha”, dice Rodas. Y recuerda que Guatemala es uno de los países más desiguales y corruptos del mundo, problemas estructurales que, lejos de remitir, se agranda cada día.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, un centro de pensamiento, abunda en la percepción negativa del Gobierno de Giammattei. “Su mayor error ha sido haberse sumado al Pacto de Corruptos. Entre otras razones, por su necesidad de alcanzar una mayoría en el Congreso, donde predominan grupos de parlamentarios vinculados a las mafias, lo que ha llevado la corrupción a niveles de escándalo. A esto se suma la deficiente gestión en muchas áreas de la administración pública, debido a la nula capacidad de muchos de los integrantes del gabinete”.

El influyente empresario Dionisio Gutiérrez, presidente de la fundación Libertad y Desarrollo, considera que un análisis de este primer año de Gobierno debe hacerse desde dos dimensiones. “La primera, la realidad política del país y, la otra, la pandemia”. Y al entrar en materia, Gutiérrez va a la yugular: “¿Cómo se puede gobernar un país en el que grupos criminales, a través de partidos políticos han venido capturando las instituciones políticas del Estado desde la apertura democrática en 1985? Es una enorme dificultad. En lo relativo a la pandemia señala que ningún Gobierno del mundo, y menos aún los de países como Guatemala, tiene una calificación aceptable en el manejo de esta crisis”.

Guatemala, comenta el empresario, no tiene un modelo de desarrollo y mucho menos un proyecto de Estado en el que se busque construir instituciones democráticas gobernadas por un Estado de derecho. “Somos una democracia formal, sin fondo ni contenido. Tenemos elecciones cada cuatro años, pero con la debilidad institucional que implica la criminalización de la política, la contaminación del narcotráfico y la corrupción. Guatemala se desliza hacia un Estado criminal, hacia un narco Estado o una dictadura populista con fachada democrática. En Guatemala no tenemos partidos políticos. Lo que tenemos son bandas criminales que se organizan como partidos para llegar al poder”. Para revertir esta situación, el empresario reclama reformar la ley electoral y el sistema de justicia.