Guatemala, un país que naufraga en un mar de corrupción

Los guatemaltecos enfrentan el reto de superar la cooptación del Estado por grupos de poder, cuyos orígenes se remontan a la época de la colonia y con el expolio a las arcas convertido en cultura. El robo se practica desde los más altos cargos políticos, hasta el último conserje. La sabiduría popular lo resume plásticamente al señalar que quien busca un empleo en el Gobierno no pide un trabajo, sino un hueso al que se aferra con uñas y dientes.

“El nacimiento del Estado de Guatemala deriva de los intereses de los grupos dominantes para promover la emancipación de la Corona española y, así, mantener el poder político y económico. Esto se consolidó en el siglo XIX con la formación de un Estado liberal, que creó un modelo patrimonial, destinado a proteger los privilegios de la élite”, explica el historiador José Cal. Añade además que, ya en la época contemporánea y tras los acuerdos de paz que en 1996 pusieron fin a una guerra de guerrillas de 40 años, un Estado debilitado permitió el surgimiento de una nueva clase cuyo fin es el expolio del Estado por medio de negocios lesivos, con el narcotráfico como denominador común.

Expulsar del poder a estos grupos no será tarea fácil, pero ahora existe una toma de conciencia de la población que puede marcar el inicio del cambio. “Existe una fatiga generalizada ante el régimen de impunidad y de robo descarado. La paciencia se consume cada vez con mayor velocidad, aunque, como sociedad, todavía nos hace falta organización e inteligencia sectorial. No sabemos votar”, comenta el analista Edgar Gutiérrez, quien desde su cargo como ministro de Exteriores (2000-2004) fue el principal impulsor la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que el expresidente Jimmy Morales logró expulsar del país con el apoyo de las mafias.

Gutiérrez puntualiza que el ejercicio ciudadano se hace particularmente cuesta arriba cuando la democracia está secuestrada, con miles de millones de dólares circulando en cada campaña. No obstante, el hartazgo ciudadano logró echar al Gobierno del general Otto Pérez en septiembre de 2015, mismo espíritu que el pasado sábado se hizo presente en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca, con réplicas en todo el país, y acorraló al Gobierno. “Me impresiona la debilidad del Gobierno. A pesar de que tienen cooptados a todos los poderes del Estado, el sábado ganó la población, que hizo recular al Congreso y a un Gobierno que llegó a convocar la Carta Democrática de la OEA. Patético”, agrega el excanciller.

Para Gutiérrez, el futuro inmediato de Guatemala es caótico: “La Administración de Giammattei no tiene ni la voluntad ni la capacidad para enfrentar esta crisis. Es un Gobierno que tiene muchas facturas que pagar, lo que limita su capacidad de acción, así quisieran actuar correctamente. Están muy condicionados, lo que explica que en el Gabinete existan cantidad de ministros incapaces de superar la prueba más sencilla de cultura general”.

Analistas de Transparencia Internacional como Manfredo Marroquín comentan que la corrupción en Guatemala es una amenaza permanente para el sistema democrático. “En la medida en que continúe como la matriz del sistema, la inestabilidad continuará”, señala. “El Gobierno tendría que dar muestras de cambiar el rumbo, o las protestas ciudadanas serán el pan de cada día, porque la gente está convencida de que estamos en poder de mafias políticas”. Marroquín hace énfasis en que el país ya no soporta más inestabilidad. “La economía se vería afectada, algo que no tolerarían los agentes económicos, algo que obligaría a la salida del poder de Alejandro Giammattei”, cierra.

Al caer la tarde de este lunes, el divorcio entre Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo, parecía agudizarse. El número dos, que sigue sin ser atendido por el presidente, ha calificado como “precipitada” la decisión de invocar la Carta Democrática de la OEA para superar la crisis. “Creo que a través del diálogo lo podemos manejar”, ha señalado.

Paralelamente, diputados de los partidos opositores Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Semilla, de la ex fiscal general Thelma Aldana, pidieron la renuncia de la Junta Directiva del Legislativo, “por la forma unilateral” con que decidieron suspender el trámite de la Ley del Presupuesto, cuando una decisión de esa naturaleza solo puede ser resuelta por el pleno del Congreso.