Cuba

La Administración Trump designa a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo

La inclusión del país en la lista, que complica la agenda diplomática del entrante Gabinete de Biden, llevará a la imposición de “sanciones a personas y países” que comercien con la isla

Mike Pompeo, el pasado marzo en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, en la ciudad de Washington.
Mike Pompeo, el pasado marzo en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, en la ciudad de Washington.NICHOLAS KAMM / AFP

Estados Unidos ha designado a Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”, según ha anunciado este lunes el Departamento de Estado en un comunicado. La decisión se produce a nueve días de que Donald Trump abandone la Casa Blanca y obedece, según el secretario de Estado, Mike Pompeo, a que La Habana “proporciona reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al garantizar puerto seguro a los terroristas”.

“Con esta acción, haremos una vez más responsable al Gobierno de Cuba y enviaremos un claro mensaje: el régimen de Castro debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense”, añade Pompeo.

La decisión, dice el comunicado, llevará a la imposición de “sanciones a las personas y a los países que realicen ciertas actividades de comercio con Cuba”. La devolución del país a la lista de Estados patrocinadores de terrorismo, de la que salió en 2015 y en la que se encuentran también Siria, Irán y Corea del Norte, supone la reversión de los esfuerzos de la Administración del demócrata Barack Obama para reconstruir los vínculos con la isla, histórico enemigo de la Guerra Fría. Y complica el campo de maniobra para un posible acercamiento de la diplomacia de la Administración de Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Obama, que tomará posesión el próximo día 20.

Entre otra serie de justificaciones históricas de la medida, Pompeo cita la “infiltración del aparato de inteligencia y seguridad de Cuba” en “las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela”, “ayudando a Nicolás Maduro a mantener el dominio sobre su pueblo mientras permite operar a organizaciones terroristas”. También alude el comunicado al hecho de que Cuba proporcionó refugio a una estadounidense, Assata Shakur, condenada por matar a un policía de Nueva Jersey en 1973.

Ya en mayo del año pasado, Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que “no cooperaron plenamente” con los esfuerzos de la Administración estadounidense contra el terrorismo, al negarse a extraditar a un grupo de guerrilleros colombianos del llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aquella clasificación era un paso previo a una posible inclusión de La Habana en la lista negra de patrocinadores del terrorismo a la que regresa ahora. Cuba ingresó en la lista negra en 1982, pero en mayo de 2015 la Administración Obama sacó al país de la misma, en una decisión con escasos beneficios prácticos para La Habana, cuyas relaciones diplomáticas con Washington están rotas desde 1961, pero que se interpretó como un gesto clave en la normalización de las relaciones, iniciada por Obama y Raúl Castro, y frustrada con la llegada al poder de Trump.

La inclusión de nuevo de Cuba en la lista supone la última de una serie de medidas adoptadas por el Departamento de Estado en la recta final del mandato del presidente Trump, destinadas a blindar algunas de sus prioridades en política exterior antes del relevo en la Casa Blanca. La Administración Trump, en sus últimos días, ha designado a los Huthi en Yemen como grupo terrorista, ha relajado las restricciones a las relaciones diplomáticas con autoridades taiwanesas y ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. También, el pasado 5 de enero, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos sigue reconociendo al presidente interino Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El equipo de transición de Joe Biden no se ha pronunciado sobre estas medidas de última hora, pero uno de sus miembros, citado de manera anónima por The Wall Street Journal, ha asegurado que el equipo del presidente electo las revisará y “ofrecerá un veredicto basado exclusivamente en el criterio del interés nacional”.

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