“Palestina todavía no llega a ser un Estado con capacidad legal”
El antiguo embajador en Londres afirma que los países árabes presionaron para convertir la CPI en un arma política
Salió del Reino Unido, donde nació en 1962, en dirección a Israel para regresar en 2011 como embajador de su nuevo país. Exdiplomático que participó en las principales negociaciones entre israelíes y palestinos, Daniel Taub es experto en derecho internacional. “En el caso de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Israel”, aclara de entrada en el vestíbulo del emblemático hotel King David de Jerusalén, “es central la cuestión preliminar de la jurisdicción del tribunal antes de abrir una investigación. De lo contrario, no habrá caso”.
Taub rehuye el debate político que impregna el conflicto palestino-israelí y surfea con aplomo los argumentos legales. “En su larga declaración de acusación, la fiscal de la CPI [Fatou Bensouda] consideró que sí existe jurisdicción. A pesar de ello, observó aspectos que necesitan una ulterior aclaración. Por eso elevó la cuestión a la llamada sala prejudicial de la CPI, para constatar si tiene jurisdicción y, en ese caso, cuál es su ámbito territorial”.
Precisamente es esta sala del tribunal la que ha invitado a países y organismos internacionales a personarse, como terceros ajenos al litigio, para aportar propuestas como “amigos de la corte”. Junto con Alemania se sitúan Austria, Hungría y República Checa, así como Brasil y Uganda.
El exdiplomático israelí admite que esta sala tendría que decidir sobre la cuestión a finales de marzo, aunque se produjo un problema técnico con el informe de la fiscal que ha forzado un plazo especial. “Confiamos en que la CPI resuelva sobre su jurisdicción antes del verano”, prevé.
El Estado judío no es signatario del Estatuto de Roma, que en 1998 dio origen a la CPI. "Inicialmente, Israel apoyaba su creación, que había sido instada entre otros por organizaciones judías en memoria del Holocausto”, recuerda el antiguo embajador en Londres. “Yo mismo participé a comienzos de los noventa en esas reuniones, pero cuando vimos la redacción final del estatuto consideramos que no podríamos formar parte de la CPI. La principal razón fue la presión del grupo de países árabes para convertir un tribunal de justicia en un arma política contra Israel”, asegura.
—Palestina se adhiere como miembro de la CPI en 2015. Como Estado, aunque solo sea observador. ¿Ahí se agota el debate?
—La cuestión es quién decide. Se supone que debe ser una instancia legal y judicial. Pero la fiscal del tribunal asegura que no va a entrar a considerar si es un Estado o no, después de que los organismos políticos [la Asamblea General en este caso] lo hayan decidido. Y eso es realmente problemático. Un órgano judicial debe actuar solo con criterios legales.
“Si nos ajustamos a criterios técnicos”, argumenta el experto israelí en derecho internacional, “Palestina no ha llegado aún a ese estadio; puede que algún día sea un Estado, pero aún no lo es. Es necesario que exista un gobierno efectivo que gestione un territorio. Y es difícil sostener que la Autoridad Palestina esté controlando hoy en día Gaza, e incluso Cisjordania, más allá de las áreas A y B de Oslo [la C queda bajo control de Israel] y aún así se encuentra sometida a grandes limitaciones por sus acuerdos con Israel”.
En línea con la posición oficial israelí ante los jueces de La Haya, Taub cree que la cuestión de si Palestina es un Estado “no resiste un análisis serio, desde un punto de vista legal”. “Políticamente, hay muchos países que tienen interés en reconocer el Estado de Palestina, pero incluso así existen complicaciones. La propia fiscal es la que le pasa la patata caliente al tribunal”, concluye.
Taub reconoce finalmente la acción política que ejercen los palestinos cuando acuden a la comunidad internacional en los órganos de Naciones Unidas. “En la mayoría de los asuntos relativos a Oriente Próximo, hay una mayoría automática que incluye los países árabes e islámicos y los no alineados”, analiza Taub. “Si se observa este fenómeno con una perspectiva amplia, resulta preocupante. Ahora se quiere llevar también a los órganos judiciales. Pero los tribunales deben tener independencia, y la de la CPI se está viendo comprometida”.
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