Israel contra la CPI

La propuesta de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que el tribunal que abra una investigación por crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos responde plenamente a la lógica jurídica legítima de una institución nacida, entre otros, con el fin de frenar este tipo de abusos en todo el planeta.

En su escrito la fiscalía expresa su convencimiento de que se han cometido “o se están cometiendo” crímenes de guerra en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, es decir, los territorios palestinos ocupados por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967, situación que se prolonga en la actualidad y es causa directa de uno de los conflictos más sangrientos y con mayores repercusiones internacionales y de inestabilidad en el mundo. La fiscalía, que lleva trabajando en varios casos concretos desde 2015, argumenta que existe “una base razonable para proceder a una investigación”.

En realidad los abusos de todo tipo, aunque no lleguen a la gravedad de calificación de crimen de guerra, llevan décadas produciéndose mientras que, en la mayoría de las ocasiones, los sucesivos gobiernos israelíes han desestimado las denuncias escudándose en supuestas motivaciones políticas de los denunciantes. Los bloqueos, detenciones irregulares, demoliciones ilegales, apropiaciones de tierra, disparos contra la población civil, toques de queda arbitarios y deportaciones forzosas están más que documentados no solo por organizaciones palestinas u organismos internacionales, sino por organizaciones y ciudadanos israelíes comprometidos por salvaguardar la naturaleza democrática del Estado nacido en 1948 fruto de una resolución de Naciones Unidas. Una democracia a la que la ocupación y sus consecuencias está dañando gravemente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —encausado por soborno, fraude y, abuso de poder y en plena campaña tras un nuevo fracaso para formar Gobierno— no ha tardado en despreciar la petición de la fiscalía ni a la propia CPI. En vez de expresar su voluntad de colaborar y facilitar la investigación y de asumir su responsabilidad histórica de lograr una paz duradera y justa con los palestinos, ha calificado de “parodia” la iniciativa y acusado a la CPI de tratar de “deslegitimar al Estado judío”.

Y al igual que ha jugado en los margenes del juego límpio político con su rocambolesco periplo para seguir siendo primer minsitro, Netanyahu sigue dando sobradas muestras de hacer lo mismo con las relaciones internacionales. Pretende aferrarse a la definición de Palestina como Estado para rechazar la competencia de la CPI. Pero lo importante de todo esto es que se ciña a la legalidad y trabaje por la paz con Palestina. Que es una forma de servir a Israel.