La UE critica la nueva detención de un activista turco absuelto por las protestas de 2013

La Unión Europea y el Consejo de Europa han criticado este miércoles la nueva orden de arresto emitida contra el filántropo y empresario turco Osman Kavala que ha impedido su puesta en libertad pese a haber sido absuelto el martes de los delitos que se le imputaban como supuesto líder de las protestas antigubernamentales del parque de Gezi en Estambul, en 2013. La noche del martes estaba prevista su excarcelación tras 28 meses en prisión preventiva, pero la Fiscalía de Estambul reclamó que siguiese entre rejas alegando que hay otra investigación en marcha contra Kavala. La Fiscalía le imputa el mismo cargo que en el anterior caso (“derrocar al Gobierno en grado de tentativa”), pero esta vez en relación con el intento de golpe de Estado de 2016. Los activistas y defensores de derechos humanos han calificado esta decisión de “vengativa” y producto de la fijación personal que tiene el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el empresario. No en vano, el mandatario islamista lo ha acusado en diversas ocasiones de “financiador de terroristas” y representante en Turquía “del judío George Soros”.

“La falta de pruebas creíbles para el nuevo arresto de Osman Kavala y su continua detención dañan la credibilidad de la justicia de Turquía. Como país candidato [a la adhesión a la UE] se espera de Turquía que aplique los más altos estándares democráticos, incluidos el derecho a un juicio justo, el respeto más estricto a la presunción de inocencia y al proceso debido”, ha afirmado Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea en materia de Asuntos Exteriores: “Los procesos judiciales no pueden ser utilizados para silenciar a los oponentes”.

También el Consejo de Europa —del que Turquía es miembro desde su fundación— ha denunciado el tratamiento de Kavala. “Es la perfecta ilustración de los problemas que afectan a la justicia turca y a la situación de los derechos humanos”, ha lamentado la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, quien precisamente este miércoles publicó un informe sobre el “alarmante” estado de los derechos humanos en Turquía, donde su sistema judicial “muestra indiferencia hacia los principios legales más básicos” como la presunción de inocencia, la no-retroactividad de los delitos y la prohibición de ser juzgado dos veces por la misma acusación. Algo que, en sus palabras, resulta en un nivel de “incertidumbre legal y arbitrariedad que amenaza la misma esencia del Estado de derecho”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el pasado diciembre que los derechos procesales de Kavala habían sido violados y reclamó su inmediata puesta en libertad, pero el Ministerio de Justicia evitó ejecutar la sentencia escudándose en que la decisión no era firme y que se podían presentar alegaciones ante la Gran Sala de la corte de Estrasburgo. Osman Kavala, que dirige la fundación cultural Kültür A.S y ha participado en organizaciones como Open Society de George Soros y el think tank TESEV, siempre ha negado tener un papel organizador en las protestas de Gezi —que fue un movimiento horizontal— y, mucho menos, haber tomado parte en el levantamiento militar de 2016, que se atribuye a facciones del Ejército simpatizantes con la cofradía político-religiosa de Fetulá Gülen. Es más, todas las organizaciones de las que ha sido miembro Kavala se han distinguido por sus argumentos contra el golpismo —de larga tradición en Turquía— y sus críticas a la excesiva influencia política que, en el pasado, tenían las Fuerzas Armadas.

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Sin embargo, Kavala se olía que aunque fuese absuelto por el caso Gezi, no saldría de la cárcel. Así lo dijo en una entrevista contestada por escrito al medio digital T24 publicada el año pasado. Sospechaba que sería imputado por el caso del golpe de Estado aunque afirmó “no saber nada” de lo que se le acusaba. La cuestión es que, pese a que la policía le preguntó por el tema durante su arresto en octubre de 2017, más de dos años después no se ha instruido aún un acta de acusación. En dicha entrevista, Kavala también dijo desconocer por qué Erdogan se la tiene jurada.

Pero es cierto que ha ocurrido con otros individuos en la diana del presidente como el líder kurdo Selahattin Demirtas o el periodista Ahmet Altan, a cuyos casos se añadieron nuevas acusaciones para anular la decisión del Tribunal de Estrasburgo que ordenaba su liberación. O el presidente local de Amnistía Internacional, Taner Kiliç, que fue liberado por un tribunal para ser detenido por orden de otro a las pocas horas.

Erdogan ha pedido este miércoles “respeto” para la Fiscalía y su exigencia de mantener a Kavala entre rejas, igual que, según ha dicho, él respeta la decisión judicial de absolver a los acusados de Gezi. “Pero nuestro veredicto sobre los líderes de Gezi nunca cambiará. (…) Los incidentes de Gezi fueron un ataque cobarde contra el Estado y la ciudadanía, igual que los golpes militares y los ataques de grupos terroristas”, ha dicho el presidente turco.

El periódico Daily Sabah informó de que el Consejo de Jueces y Fiscales —similar al Consejo General del Poder Judicial en España— ha abierto una investigación contra los togados que el martes ordenaron la absolución de los encausados en el caso Gezi. Según este diario progubernamental se ha nombrado un inspector para examinar a los tres jueces que componen el tribunal.

“Es imposible creer ninguna mejora en Turquía si la Fiscalía socava cada paso hacia adelante. De nuevo [entramos] en un periodo de oscuridad”, tuiteó el relator del Parlamento Europeo para Turquía, el español Nacho Sánchez Amor.