Erdogan rechaza el fallo de Estrasburgo para liberar al líder kurdo
El tribunal que juzga a Demirtas decidirá si acata la decisión, pero la presión del presidente podría inclinar la balanza
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que su país no acatará la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exige la liberación de Selahattin Demirtas, antiguo líder del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación prokurda y tercera más votada de Turquía. “La decisión del TEDH no nos atañe. Hasta ahora ha emitido muchas sentencias relacionadas con organizaciones terroristas, todas contrarias a nosotros”, dijo Erdogan en declaraciones a la agencia turca Anadolu. El líder turco acusó al tribunal de "apoyar el terrorismo" con su fallo.
Demirtas permanece en prisión desde noviembre de 2016 y se enfrenta a 142 años de cárcel por una larga lista de delitos que se le imputan, desde “enaltecimiento del terrorismo” e “incitación al odio” a participar en la “dirección de organización terrorista”, debido a sus presuntos lazos con el grupo armado PKK, que el político kurdo siempre ha negado.
En una decisión este martes, la corte con sede en Estrasburgo arguyó que sí hubo “sospechas razonables” para justificar el arresto de Demirtas, pero no así para prolongar su detención a lo largo de dos años sin que haya habido una sentencia firme sobre sus casos. Su encarcelamiento tuvo como objeto, afirma el tribunal, “suprimir el pluralismo y limitar la libertad del debate político” en Turquía ya que “interfirió en el derecho a ser elegido y ejercer como parlamentario” del detenido. Desde la cárcel, Demirtas se postuló como candidato a la presidencia en los comicios del pasado junio, pero no pudo llevar a cabo una campaña electoral en condiciones y solo cosechó el 8,4 % de los votos.
Por todo ello, el TEDH exige a Turquía “poner fin a la detención” de Demirtas “en el tiempo más breve posible”, así como pagarle 10.000 euros de indemnización y 15.000 en concepto de gastos legales. Demirtas dijo que la sentencia demuestra su condición “de rehén político”, en unas declaraciones filtradas a través de su abogado Mahsuni Karaman, quien exigió que se aplique la sentencia inmediatamente pues, como dejó claro el tribunal de Estrasburgo, la continuidad del encarcelamiento supone “una violación” de los artículos 5.3 (sobre el derecho a un juicio justo) y 18 (sobre restricciones a los derechos básicos) de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Erdogan considera que esta decisión no agota los recursos legales de Turquía y la tachó, en un discurso en Ankara este miércoles, de una decisión que “apoya al terrorismo”. El presidente turco justificó la prolongada detención de Demirtas, así como la de otras decenas de miles de personas, en el riesgo de fuga y puso como ejemplo el caso del periodista Can Dündar, que se exilió en Alemania “desde donde dirige una campaña de difamación contra Turquía”. Además, cargó contra “las instituciones de la Unión Europea” por su supuesto apoyo a organizaciones armadas: “Esos terroristas que tanto os gustan volverán las armas contra vosotros el día que toquéis sus intereses”.
Al contrario de lo dicho por Erdogan, el TEDH no depende de la UE, sino del Consejo de Europa, institución de la que Turquía es miembro fundador. El tribunal de Estrasburgo recordó al Gobierno de Ankara que sus sentencias “son vinculantes para todos los Estados miembros”.
Con todo, desde el Ministerio de Justicia turco, matizan las palabras del mandatario islamista, que califican de “opinión personal”, y desmienten que se trate de una “orden” o una “decisión tomada de antemano”. “El juicio sigue su curso y será la justicia independiente de Turquía la que tome una decisión. El tribunal que juzga a Demirtas deberá valorar la sentencia y sus argumentos y decidirá en consonancia con nuestras leyes. En este Ministerio o en el Gobierno podemos pensar que es una sentencia buena o mala pero no podemos decirle al tribunal si debe aplicarla o no”, explicó a este diario una fuente del Ministerio de Justicia turco.
El temor es que las declaraciones del presidente turco ejerzan de presión sobre el tribunal. Erdogan ha criticado con dureza otras decisiones judiciales en los últimos años que chocaban con su postura. Cerca de un tercio del total de jueces y fiscales turcos han sido despedidos desde el fallido golpe de Estado de 2016 y la oposición denuncia que en su lugar han sido nombrados togados favorables a los islamistas turcos. “La sentencia debería tener importantes implicaciones en un país en que miembros de la sociedad civil son rutinariamente encarcelados por largos periodos bajo cargos inventados”, sostuvo en un comunicado el director de investigación de Amnistía Internacional en Turquía, Andrew Gardner: “Además, expone las perniciosas e indebidas influencias de la política de Turquía en un sistema judicial que no funciona”.
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