El líder del principal partido kurdo de Turquía se enfrenta a 142 años de cárcel

A inicios de 2015 las conversaciones de paz entre el Gobierno turco y los insurgentes kurdos entraban en su recta final. El Ejecutivo, coordinado con el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), que codirige Demirtas, había presentado un plan de 10 puntos y el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado a perpetuidad, había redactado una carta en la que ordenaba a su grupo abandonar la lucha armada. Pero Erdogan, viendo que su partido perdía los caladeros de voto del nacionalismo turco ordenó “congelar” el proceso. Y el PKK, crecido por la buena imagen internacional que le daba su lucha contra el Estado Islámico (ISIS) en Siria e Irak, así como por la cantidad de armamento del que pudo hacer acopio en esa contienda, decidió llevar su guerra a las ciudades kurdas poniendo fin a un alto el fuego de más de dos años. En apenas unos meses se consumió la mejor oportunidad que han tenido Ankara y los kurdos de enterrar sus diferencias y la violencia regresó a la zona con fuerza inusitada.

Los halcones de ambos bandos ganaron la partida —si bien el Gobierno turco ha logrado imponer cierta paz en las regiones kurdas arrinconando al PKK gracias a su superioridad tecnológica— y se hundió la estrella de políticos como Selahattin Demirtas, representante del ala pacifista del movimiento kurdo. En mayo del año pasado, la alianza entre el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) y el Partido de Acción Nacionalista (MHP, ultraderecha) logró aprobar en el Parlamento el levantamiento de la inmunidad de 138 diputados, en su mayoría de la oposición socialdemócrata y prokurda, lo que abrió la vía para que unos meses más tardes fuese arrestado Demirtas.

“Mi marido sabía que iba a ser detenido. Aunque algunos amigos le sugirieron que escapase al extranjero, él se negó”, explicó recientemente Basak Demirtas, esposa del político detenido, añadiendo que su marido no vio correcto huir mientras “otros miles son arrestados”. Junto a él fueron detenidos una decena de diputados. Entre ellos se encontraba Figen Yüksekdag, copresidenta del HDP junto a Demirtas y contra la que ya se han iniciado varios procesos y a la que una sentencia judicial le ha privado de su escaño al considerarla culpable de “propaganda terrorista” por haber cantado supuestamente eslóganes favorables al PKK durante un funeral.

Hay numerosos procesos en marcha contra Demirtas, la mayoría derivados de discursos políticos en los que se considera que profirió “insultos contra el presidente y las instituciones del Estado”, pero la causa por la que inicialmente había sido detenido no se inició hasta este jueves. Y lo hizo con el acusado ausente puesto que —por razones de seguridad— se le impidió asistir a la vista, que se celebra en el recinto penitenciario de Sincan, a las afueras de Ankara.

Por su parte, Demirtas, que se halla en una cárcel de Edirne —la provincia geográficamente más alejada de la región kurda de Turquía—, se negó a comparecer por videoconferencia, tal y como había insistido el tribunal. Los jueces prohibieron la entrada en la sala de los observadores internacionales y de la delegación de solidaridad, integrada por representantes de partidos socialdemócratas e izquierdistas de países como Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega o Grecia. Por razones de espacio también impidieron la presencia de parte del equipo de abogados que defiende a Demirtas, compuesto por 1.250 letrados. En juicios de alto contenido político en Turquía es habitual que los acusados se rodeen de un gran número de abogados, cuantos más mejor. Según explicó un jurista a este periódico, es el modo para que los jueces “experimenten más presión”, ya que la capacidad de influencia que tiene la Fiscalía es muy grande.

La principal acusación que se le hace a Demirtas es la de dirigir el Congreso de la Sociedad Democrática (DTK), una de las instituciones de las que dispone el movimiento nacionalista kurdo y que, según la Fiscalía, forma parte de la estructura del PKK. Por ello se le imputan los delitos de “establecimiento y dirección de organización terrorista”, “apología de organización terrorista”, “enaltecimiento de criminales” e “incitación al odio”.

“No se le permite defenderse y el ministro de Justicia está constantemente presionando a los tribunales. En este contexto no puede haber un juicio justo”, denunció la diputada del HDP Meral Danis Bestas en declaraciones a EL PAÍS desde la sala de juicios de Sincan: “Demirtas representa la voluntad política de millones de personas, a los que se está sentando en el banquillo de los acusados. Y la única razón por la que está siendo encauzado es porque el presidente Erdogan lo ve como un rival político”.