Los europeos inquietos al otro lado del puente levadizo

Toda la fanfarria de banderas de la Union Jack que el Gobierno de Boris Johnson prepara para este viernes para oficializar la salida británica de la UE ahondará en “un sentimiento de depresión e inseguridad” para millones de ciudadanos europeos, señala la alemana Maike Bohn, quien por primera vez en sus 28 años en el Reino Unido ya no se siente “como en casa”. Habla una orgullosa ciudadana europea, de 52 años, pero también la activista que quiere dar voz a los más de tres millones de comunitarios que se enfrentan a la amenaza de convertirse en ilegales si en los próximos meses no consiguen regularizar su estatus de residentes. Da igual que lleven años, lustros o décadas en las islas: se les impone empezar de cero.

Bohn es cofundadora de 3million, la mayor campaña creada a partir del referéndum sobre el Brexit de 2016 en defensa de los residentes comunitarios, a quienes entonces se garantizó que sus derechos serían preservados. Ya no será así cuando el próximo 31 de diciembre expire el periodo de transición pactado con Bruselas.

El que Maike Bohn define como “este viernes simbólico” es un recordatorio para los europeos instalados en suelo británico sobre el imperativo de regularizarse por vía administrativa. Tienen de plazo extraordinario hasta junio del próximo año y todos los miedos. Unas declaraciones a la prensa alemana del secretario del Home Office (Ministerio del Interior), Brandon Lewis, sugiriendo que los no cumplidores se enfrentan “en teoría” a la deportación, han encendido las alarmas en la UE, que viene emitiendo mensajes de inquietud sobre el trato dispensado por Londres a la comunidad europea de inmigrantes.

El Gobierno de Johnson esgrime la presunta sencillez de solicitar la carta de residente. Laura Jiménez, de 40 años, ya lo decidió el pasado verano, ante las recomendaciones del banco en el que trabaja, pero su marido, Dani Lozano, de 39 años, empleado del mismo sector, no quiso dar un paso “hasta que se aclaren las cosas”. Y a que se despejara el confuso panorama de la política británica en el que todas las vías parecían posibles hasta la victoria electoral de Johnson, el 12 de diciembre. Al final, el matrimonio barcelonés inició unos trámites que les acaban de procurar el settled status (estatuto de asentado), que garantiza que su vida de residentes en Londres seguirá igual en la era del Brexit.

Ambos saben que son unos privilegiados y que la situación se augura precaria para quienes acumulan menos de cinco años de estancia, o bien les cuesta justificarla. Estos solo encajan en la modalidad de pre-settled status (estatuto de preestablecido), que les concede un lustro de permanencia en el Reino Unido, pero ni un día más, a no ser que una vez cumplido el quinquenio de residencia vuelvan a presentar los papeles para conseguir el mismo reconocimiento que el de Laura y Dani. La leonesa Silvia González, de 40 años, empleada en el Ayuntamiento galés de Newport, ya ha sufrido el estrés que entraña el proceso, como relató a este diario hace unos meses. A su marido, el madrileño Raúl López, se le requirió el envío y retención del pasaporte cuando pidió el estatuto de preestablecido. La Administración se revela arbitraria al demandar diferentes requisitos a personas en la misma situación. Silvia declinó seguir ese camino. Aún hoy, señala en una nueva conversación, espera a que en mayo se cumplan los cinco años de su llegada para optar directamente por el más tranquilizador settled status.

La pareja conecta cada mes por vía telemática con grupos de españoles que evalúan las informaciones actualizadas por la Embajada y sus propias vindicaciones. Como la que subraya Raúl, de 39 años —trabajador de mantenimiento en instalaciones universitarias—, sobre la expedición de un documento que no les haga “depender de la buena voluntad del interlocutor” a la hora de buscar piso de alquiler, abrir una cuenta o acudir a la sanidad pública. Es decir, que les permita demostrar que están regularizados (en el Reino Unido no hay DNI). A Silvia le preocupa “que no llegue la información a tanta gente que no entiende que tiene que hacer el papeleo”, y pone como ejemplo a muchas personas de edad avanzada que “piensan que esto no va con ellos después de tantos años de vivir aquí y que incluso cobran una pensión estatal”.

Esas inquietudes, que se extienden a personas en situación precaria y sin recursos para pagar a un abogado, no son tenidas en cuenta por el programa de regularización, denuncia Maike Bohn. El Home Office exhibe como un éxito que 2,7 millones de comunitarios y sus familias hayan pedido acogerse a uno de los dos formatos de residentes, y que “solo” 300.000 sigan pendientes de respuesta. Pero el grupo 3million desconfía de unas cifras que suman más de una solicitud del mismo usuario y, sobre todo, subraya que es imposible evaluar su dimensión cuando “el Gobierno británico no sabe [a falta de censo] cuántos ciudadanos europeos están instalados en el país con sus parejas e hijos”. Entre 3 y 3,6 millones es la generosa horquilla con la que se especula.

Bohn aboga por un sistema alternativo que implique el progresivo registro de los comunitarios en la instancia local, y sin la presión de una fecha fija e inminente. Que el calado del discurso eurófobo apunta a otros derroteros le quedó claro cuando su hijo pintó una bandera europea en la ventana de su casa de Bristol y se lo afearon. Incluso en esta ciudad inglesa que votó contra el Brexit, a una de sus amigas la han espetado hasta siete veces: “¡Vuelve a tu país!”.