La bomba de relojería que puede provocar un nuevo desastre en las minas de Brasil

Un año después de que una represa de la multinacional minera Vale se rompiera en Brumadinho, soltando un mar de lodo que acabó con la vida de 270 personas y dejando un rastro de graves secuelas ambientales, aún pueden encontrarse escenarios de riesgo en diversas estructuras del sector de la minería. Solo en Minas Gerais, Estado en el que tuvo lugar la tragedia hace un año, al menos 50 represas de residuos están consideradas de alto riesgo por la Agencia Nacional de Minería (ANM) —es decir, hay grandes posibilidades de accidente por su modo de construcción o conservación y provocarían graves daños de pérdida de vidas e impactos ambientales en caso de rotura—. Este organismo, encargado de visitar las instalaciones amenazadas, opera solo con un tercio del equipo necesario y ni siquiera logra analizar en profundidad los informes técnicos que le envían. Y la legislación, que permite un escenario de autorregulación de las empresas —responsables de presentar los informes técnicos que atestan que sus estructuras están en regla—, poco ha cambiado, pese a que las investigaciones sobre la tragedia hayan afirmado que las compañías están compinchadas, con informes a menudo incompletos o falseados.

Actualmente, en Minas Gerais hay 22 represas mineras a las que se les ha prohibido operar por no tener certificada su estabilidad, y otras 28 que aún están en funcionamiento, aunque catalogadas por los organismos de inspección como de alto riesgo. Con varias ciudades enteras en constante alerta desde la tragedia de Brumadinho, los organismos de inspección y control están obligando a las compañías mineras a tomar medidas debido al peligro identificado en decenas de represas. Se han desalojado personas de las zonas de riesgo, se han instalado señales con rutas de fuga en las carreteras y se han puesto en marcha varias obras para cambiar el curso del barro en el caso de que sobrevenga otra rotura. No obstante, estas acciones aún no logran solucionar un problema crónico en la minería brasileña: el control periódico de las represas, un elemento clave para prevenir que estas estructuras se desmoronen, según los expertos entrevistados.

La ANM, organismo federal encargado de fiscalizar represas como la que se rompió en Brumadinho, admite operar con solo una tercera parte de los 40 técnicos necesarios para desarrollar este trabajo de forma adecuada. Si bien el número de inspectores aumentó tras el desastre (de ocho se pasó a 13), el organismo solo ha sido capaz de examinar, durante todo el año pasado, 274 de las 816 estructuras a su cargo. El problema no es nuevo. Incluso antes de que Brasil aprobara un nuevo marco regulatorio para el sector y transformara el por entonces departamento responsable de este trabajo en un organismo regulador en 2017, ya faltaban estructura y mano de obra para controlar una de las actividades económicas más importantes del país.

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Parte de las modificaciones del nuevo marco de la minería —sancionado dos años después de una catástrofe similar en Mariana, en 2015— vislumbraba ofrecer más estructura e independencia en el control de esta actividad en Brasil. Sin embargo, la agencia creada con esta finalidad todavía no ha logrado estructurarse para cumplir efectivamente con sus atribuciones. La ANM dice que, a parte de las restricciones presupuestarias, se enfrenta a una reducción constante en su plantilla puesto que se han producido varias jubilaciones sin que se hayan realizado nuevos concursos para ocupar las plazas vacantes. El organismo, que actualmente emplea a cerca de 800 funcionarios, dice que 80 de ellos se jubilaron el año pasado y que casi 200 están listos para hacerlo de aquí a 2022. “Tenemos una coyuntura bastante crítica para conseguir trabajar con eficiencia, por eso siempre estamos por debajo de la meta de inspecciones”, asegura el director de la ANM, Eduardo Leão. Pondera, sin embargo, que el ente público ha avanzado en sus trabajos de supervisión y control de estas estructuras durante el año pasado, con capacitaciones de inspectores y foco en la seguridad de las represas.

Cuando el año pasado se rompió la represa de la Mina do Feijão en Brumadinho, tanto Vale como la ANM afirmaron que la empresa minera había emitido todos los documentos de inspección obligatorios por ley. En aquel momento, la estructura estaba paralizada y catalogada como de “bajo riesgo” de derrumbe. Nueve meses después, el organismo federal concluyó un informe técnico sobre el historial de la estructura que se desplomó, en el que indica que Vale ocultó información sobre anomalías detectadas y mintió acerca de los riesgos de rotura. “Los extractos enviados tras lo acaecido el 25 de enero de 2019 señalan que la empresa no seguía los debidos procedimientos legales de comunicar la información de seguridad con la debida tempestividad, veracidad y de forma coherente con la realidad”, apunta el informe.

Según la ANM, si hubiese sido informada correctamente, podría haberle exigido acciones a la empresa para evitar la tragedia, como viene haciéndose en varias estructuras el último año. Las presas se clasifican en tres niveles. El nivel 1 significa que no hay riesgo de rotura. Cuando hay una discrepancia en la lectura de los aparatos que controlan la estabilidad de la represa, se activa el nivel 2, de alerta. El nivel tres es la clasificación máxima, cuando el riesgo de que la estructura se venga abajo es inminente. Es en esta fase en la que ha de sonar la sirena, y el plan de autorrescate puede activarse. La presa, B3/B4 de la mina Mar Azul, del distrito de Nova Lima conocido como Macacos, fue una de las que recibieron la alerta el año pasado. La ciudad todavía sufre con los efectos del miedo de un posible derrumbe.

Las investigaciones sobre Brumadinho apuntan a la existencia de partes e informes técnicos adulterados, lo que dificultaba que la agencia pudiese identificar estos niveles de riesgo efectivamente. Fue con este argumento con el que la fiscalía de Minas Gerais ha denunciado, esta semana, a 16 empleados de Vale y de la empresa de auditoría Tuv Sud por homicidio con dolo. A estas empresas también se les ha acusado de delitos ambientales. En un comunicado, Vale se declaró “perpleja” ante las acusaciones. "Es importante recordar que otros organismos también investigan el caso, por lo que es prematuro señalar una asunción de riesgo consciente para provocar una deliberada rotura de la presa”, afirmó la compañía minera.

Aunque la ANM haya cambiado algunas normas para la seguridad de las represas, como la prohibición de las estructuras construidas bajo el método de elevación empleado en Brumadinho, aguas arriba (cuando la estructura crece en forma de escalones hacia dentro del embalse utilizando los propios residuos), y la monitorización en tiempo real en las represas de alto daño potencial, las propias empresas mineras siguen siendo las responsables de facilitar la información de seguridad sobre sus estructuras. Y, sin estructura, el organismo inspector no siempre logra analizar exhaustivamente los informes técnicos que recibe regularmente para comprobar si la información proporcionada es real.

“Pedimos que [las empresas mineras] sean idóneas y honestas”, afirma el director del organismo, Eduardo Leão. Dice que los inspectores de la ANM observan si hay información técnica incongruente en los documentos que les envían las empresas y que a los inspectores se les forma para que busquen indicios de irregularidades, pero argumenta que el organismo no tiene poder de policía para incautarse de documentos internos de las empresas, como aquellos que preveían los riesgos de la presa de Brumadinho y que la Policía encontró en las instalaciones de Vale. “Es siempre un gran riesgo esta actividad, pero no tenemos autonomía”, declara.

En este contexto de desconfianza sobre el riesgo real de las presas y la fragilidad en la inspección, el Ministerio Público Federal ha desplegado un operativo para prevenir que se rompan más presas en Minas Gerais, Estado que concentra el 29% de los diques de minería del país, y se ha involucrado de forma más intensa en el control y supervisión de tales estructuras. Ha creado un grupo de trabajo con cinco técnicos y expertos cedidos por la Universidad de Porto y por la propia ANM o incluso remunerados mediante compromisos de ajuste de conducta con empresas mineras para examinar minuciosamente las presas. Y concluyó que, de hecho, las empresas suelen incluir datos tergiversados en los documentos de inspección, aunque cumplan los plazos de envío. Según la fiscal Mirian Lima, coordinadora de este equipo especial, se identificaron varios casos con información falsa sobre la seguridad del método de construcción de la represa e irregularidades en estructuras más altas de lo permitido en sus licencias.

“El trabajo se ha hecho más ágil, porque negociamos directamente con la empresa para ajustar las conductas”, explica Lima. “Estamos intentando mejorar la inspección porque el riesgo es alto. Como era previsible, las empresas no merecían la credibilidad de los organismos, quienes confiaban únicamente en los documentos que les enviaban. Sabemos que nuestra institución de vigilancia [la ANM] tiene grandes carencias en lo que a cuerpo técnico cualificado se refiere para seguir más de cerca y más detalladamente los documentos que dicen garantizar la seguridad de tales represas”, añade.

El Ministerio Público Federal ha interpuesto una demanda por intereses colectivos, determinando que el Gobierno Federal destine a la ANM 42,7 millones de reales [10,2 millones de dólares] para que se empleen única y exclusivamente en la estructuración del sector de represas a lo largo de tres años. Hasta la fecha, la agencia ha recibido 6,2 millones de reales [aproximadamente 1,5 millones de dólares]. La cuantía se ha invertido en la compra de 20 vehículos y de equipos como tabletas y ordenadores para los trabajos de campo, además de la contratación de una empresa holandesa especializada en represas de minería, que trabajará durante los próximos dos años ayudando a los inspectores de la ANM. “Esta empresa nos va a echar una mano. También saldrán al campo y nos ayudarán a intentar cumplir las auditorías”, concluye el director del organismo, Eduardo Leão.