El tsunami de barro tóxico, el mayor desastre medioambiental de Brasil

El congelador que Vanda Lopes Rosa guarda con celo en su casa no da abasto. Las bellas capturas de tilapia, dorada y bagre se acumulan dentro del electrodoméstico, pese a que su pescadería doméstica —situada en una humilde estructura de ladrillo a orillas del río Dulce— atrajo durante años a cocineros de restaurantes y comerciantes de todo el municipio de Baixo Guandú, en el estado de Espíritu Santo (sudeste de Brasil). “Estamos desesperados. Hace días que los peces mueren en el río. ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Cómo vamos a sobrevivir económicamente? Nadie quiere comprar nuestro pescado tóxico y aquí no hay empleo para nadie”, lamenta esta fornida brasileña de 43 años.

Como en decenas de localidades erigidas a lo largo del cauce del río Dulce, las redes en el modesto barrio de Mascarenhas ya no son desplegadas y los grifos han dejado de suministrar agua. Días después de la ruptura de una gigantesca presa de residuos de mineral de hierro el pasado 5 de noviembre en la localidad de Mariana —un accidente ocurrido casi 500 kilómetros río arriba—, las aguas quedaron teñidas de un color ocre oscuro. El cauce está contaminado con elementos tóxicos y metales pesados como el arsénico. Una polución perceptible por el hedor que desprende el agua y por los cientos de especies que yacen muertas en las orillas: ante la agonía provocada por la falta de oxígeno producto de la polución, gambas y pacamaos optan por salir de su medio natural y morir en tierra, bajo un sol abrasador.

“Nuestra vida era el río, porque el 80% de las personas aquí vive de él”, explica Adroaldo Gonçales Filho, un pescador de 58 años con 40 de carrera a sus espaldas. “Sólo sé pescar. Mi vida y las de 60 familias de aquí se han desmoronado. Han matado nuestro río”, asevera, en una reunión en casa de Vanda Lopes que congrega a varios pescadores locales y que está dominada por un sentimiento de indignación contra las empresas mineras.

Un poco más de un mes después de que la presa minera de Fundao cediera y liberara el equivalente a 20.000 piscinas olímpicas de agua y barro tóxicos en el estado de Minas Gerais y —a través del río Dulce— en el vecino Espíritu Santo, no hay diagnóstico sobre lo que pudo causar “el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil”, según palabras de la presidenta Dilma Rousseff. Los técnicos de la empresa minera responsable, la compañía Samarco —una sociedad propiedad a partes iguales de dos gigantes mundiales del sector, la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton— dicen que tardarán seis meses en determinar lo que provocó el accidente, que arrasó por completo el pueblo de Bento Rodrigues y causó la muerte de 13 personas, así como ocho desaparecidos.

Los primeros indicios apuntan a una negligencia de la compañía ante el deterioro de los diques y del sistema de drenaje, pese a que auditorías anuales desde 2013 advertían del riesgo de colapso. También se baraja la hipótesis de que, ante el hundimiento del precio de mineral de hierro, el exceso de producción para hacer económicamente viable la mina provocara un exceso de presión en la estructura de contención.

El impacto medioambiental del vertido es devastador para esta región dependiente del agua del río Dulce. En ciudades como Colatina, donde residen 122.000 habitantes, se ha interrumpido por tiempo indeterminado el suministro, y el Ejército y una legión de camiones cisterna abastecen diariamente a la población, obligada ahora a esperar durante horas para conseguir un recurso básico. Un desabastecimiento que impacta de lleno a unos municipios azotados ya por una histórica sequía desde 2014 y que ahora se preguntan si lograrán sacar adelante negocios como la producción de papel o la ganadería, actividades de gran peso económico localmente y que requieren abundante agua dulce.

La polución es perceptible por el hedor que desprende el agua y por los cientos de especies que yacen muertas en las orillas

“El impacto es muy grande para nuestra actividad, que demanda agua totalmente potable para la limpieza de nuestras instalaciones de sacrificio de bueyes. Estamos teniendo unas pérdidas de unos 600.000 euros por mes”, explica Arthur Arpini Coutinho, presidente de la empresa cárnica industrial Frisa, mientras recorre las instalaciones de la compañía en Colatina, con capacidad para sacrificar cientos de cabezas de ganado por día. “Como ve, muchos de los empleados están parados. Sólo trabaja el 30% del personal mientras el desabastecimiento continúe”.

Para tratar de explicar la magnitud de la catástrofe provocada por el vertido en la naturaleza, el biólogo brasileño Augusto Rischi ha dicho que es solo “comparable al accidente de Fukushima”, en referencia a la destrucción causada por la central nuclear japonesa accidentada en 2011. Arguye Rischi que, además de la destrucción de la fauna y flora en el cauce del río y sus orillas, el vertido tóxico tendrá un notable impacto en la costa atlántica cercana a la desembocadura, donde desde hace 10 días se extiende una mancha de varios kilómetros de aguas marrones.

Para mayor infortunio, es precisamente en ese delta donde se encuentra la reserva biológica de Comboios, un área de playa protegida donde varias especies de tortugas marinas en peligro de extinción —entre ellas las tortugas gigantes, de hasta dos metros de longitud— van a desovar. “No sabemos qué va a pasar ahora con las tortugas ni con las crías. La mala suerte ha querido que estemos en el período de desove más importantes del año para dos tipos de tortugas en peligro”, señala João Carlos Thome, coordinador de la asociación Tamar, que lleva 35 años preservando tortugas marinas en varios centros de la costa brasileña.

Reparación y combate de los indios krenak

Con la herida socioambiental aún supurando por el vertido, no son pocos los que han levantado la voz contra la minera Samarco, aunque el mayor foco de indignación lo suscita la accionaria Vale, minera estatal privatizada –aunque controlada por el Ejecutivo brasileño- y que es la mayor productora de mineral de hierro del planeta.

El Estado brasileño ha pedido por medio de una causa civil 20.000 millones de reales en concepto de reparación —unos 5.000 millones de euros—, a los que se suman otros 260 millones en de multas y fondos de garantía ya decretados. Cuantiosa cifra para Samarco, una empresa que en 2014 facturó 2.000 millones de euros, pero que ahora tiene la licencia de explotación minera suspendida por un período de tiempo indefinido.

Mientras en los juzgados comienza una batalla judicial que se anuncia larga, la sociedad civil ha iniciado acciones concretas, ante el temor de que ni siquiera la eventual multimillonaria multa suponga la rehabilitación integral del río Dulce.

Los indígenas brasileños krenak entendieron que la mejor forma de presionar a Samarco y a Vale era atacando el centro neurálgico de su negocio: la exportación de mineral, sobre todo a China. Durante cuatro días, unos 350 miembros de esta tribu originaria de Minas Gerais acamparon nada menos que sobre los raíles de la línea de tren propiedad de la empresa Vale. Armados con barras metálicas y armas de madera, cerraron los accesos por carretera al campamento situado a las afueras de la ciudad ribereña de Resplendor, con el objetivo de que la policía no les pudiera expulsar.

Los primeros indicios apuntan a una negligencia

El transporte de decenas de trenes repletos de mineral de hierro que hacen la ruta diaria entre los yacimientos de mineral de hierro y el puerto de Vitoria quedó interrumpido. “Estamos llevando a cabo una guerra justa”, señala Djukurna Krenak, una de las líderes tribales, entrevistada sobre los raíles, que avanzan en paralelo al río Dulce. Esta línea férrea es una infraestructura estratégica para Vale y para Brasil, pues el año pasado 119 millones de toneladas de mineral de hierro –en torno al 35 por ciento del total de la producción de la empresa- circularon por esta línea de 660 kilómetros, según explicó Vale a este diario.

“Nuestra tradición ha sido arrasada por completo. Siempre vivimos en estas tierras. Nuestra lengua, nuestro ocio, nuestra pesca e incluso nuestra religión están asociados al río Dulce. ¿Cómo va a ser ahora el futuro de nuestros hijos? Es una tragedia ecológica mundial. Nuestros antepasados seguro que están muy tristes”, dice Djukurna, de 36 años y formada en historia. “Tenemos que empezar a entender cómo va a ser nuestra forma de relacionarnos con nuestra propia cultura en adelante. Este es el mayor desafío enfrentado por nuestro pueblo. Pero en ese proceso no podemos flaquear, porque si lo hacemos, Vale pasará por encima de nosotros”, agrega, y promete que volverán a ocupar la línea si la minera incumple los términos del pacto.

Opacidad y riesgo para la salud

La gestión pública del desastre ha sido igual de catastrófica que los daños medioambientales causados. Los habitantes del pueblo de Bento Rodrigues sólo supieron del advenimiento del tsunami tóxico cuando llegaron las oleadas del vertido, lo que suscita dudas sobre los sistemas de alerta instalados por Samarco, si es que había. El Gobierno brasileño no lo hizo mejor: la presidenta Dilma Rousseff tardó nada menos que una semana en visitar la zona del accidente, que divisó apenas durante un vuelo en helicóptero.

La mayor opacidad, cuando no negligente desinformación, está vinculada a la calidad del agua del río Dulce, que decenas de miles de personas utilizan en su día a día. Samarco y Vale han negado tajantemente que haya metales pesados —cancerígenos, en muchos casos— en el agua, una versión apoyada por algunos estudios de autoridades locales.

Alarmada por informes que indicaban lo contrario, Naciones Unidas intervino el 25 de noviembre con un duro comunicado en el que alertaba de la existencia de “metales pesados y químicos tóxicos” en el agua, y urgió a Brasil y a las empresas a respetar el “derecho a la información de la población”.

“Había una falta de transparencia sobre la causa del desastre y de los efectos. El Gobierno y las empresas decían que el vertido no era tóxico, pero recibimos informes de laboratorios independientes que indicaban exactamente lo contrario”, explica a El País Baskut Tunkat, Relator Especial sobre sustancias químicas peligrosas y desechos en la ONU. “Los riesgos para la salud deben de ser clarificados por parte del Gobierno y las empresas. Es un derecho básico”, agrega.