Guerra entre bastidores por la responsabilidad en el desastre de Brumadinho
Las declaraciones ante la policía de empleados de la minera Vale y la auditora Tüv Süd y los correos electrónicos desvelados en las pesquisas hablan de presiones de la multinacional
Más de un mes después de la tragedia en la mina de Brumadinho (Brasil) todavía no se sabe, oficialmente, qué provocó que se rompiera la presa y liberara un tsunami de residuos que causó 186 muertos y 122 desaparecidos. Tampoco está claro a quién se le atribuirá la responsabilidad del delito, aunque la Fiscalía ha pedido la destitución de varios directivos de la empresa propietaria Vale, incluida la del presidente Fabio Schvartsman, que fue el fin de semana fue apartado temporalmente de su cargo. Mientras, se libra una guerra entre bastidores: Vale y Tüv Süd, la empresa alemana contratada por la minera para auditar la estabilidad de la estructura, se culpan mutuamente. La posición oficial de las dos empresas ante las preguntas de EL PAÍS es que están colaborando con las autoridades y que no comentan detalles sobre el caso.
Las declaraciones a la policía federal, los documentos internos y correos electrónicos que los órganos que investigan el desastre han hecho públicos hasta ahora reflejan una simbólica disputa por la narrativa. Mientras la investigación indica que ambas empresas conocían los riesgos y habrían asumido las consecuencias de la ruptura, los empleados de la minera y de la consultora intentan eludir la responsabilidad de la tragedia. E intentan culpar a los otros de posibles negligencias que influyeron en la toma de decisiones relacionadas con la presa que se desmoronó. Eso es al menos lo que muestran las declaraciones y los documentos que se conocen.
Desde el principio, Vale ha insistido que no tenía ningún conocimiento previo de que hubiera un “riesgo inminente” de rotura. A su favor, contaba con los informes de estabilidad de la estructura, entregados cada seis meses a la Agencia Nacional de Extracción Minera (ANM), dependiente del Estado brasileño. Esos documentos los elaboraba la empresa Tüv Süd, contratada por Vale y que, al contrario de lo que decían varios especialistas en seguridad de presas, sostenía que no había señales previas de peligro antes de que la estructura se desmoronara. Sin embargo, el ingeniero de la empresa alemana Makoto Namba, que estuvo unos días detenido, declaró a la policía que se sintió presionado por Vale para certificar la estabilidad de la presa, aunque había identificado problemas. Namba ya había comentado esta supuesta presión en mayo del año pasado, en un correo enviado a otros tres empleados de la consultora y que se hizo público la semana pasada, cuando la Justicia del estado de Minas Gerais dictó prisión preventiva para ocho empleados de Vale implicados en la inspección de la presa.
El ingeniero Namba afirmaba que probablemente los estudios de licuefacción (cuando los desechos, por una posible infiltración de agua, se vuelven más líquidos) de la presa que colapsó no alcanzarían el factor de seguridad mínimo de 1,3 y que “en rigor” la empresa no podría certificar la estabilidad de la presa. La consecuencia, destaca, sería la paralización de todas las actividades de la mina, que tiene otras presas además de la que se rompió. Según Namba, un empleado de Vale llamado Felipe Figueiredo Rocha (a quien también se investiga) había sugerido que otra consultora certificaría la estabilidad de la presa otra presa —denominada Forquilha III y ubicada en la ciudad de Ouro Preto— basándose en las promesas de que Vale tomaría las medidas necesarias para resolver los problemas. Namba pide a sus colegas una discusión interna urgente para acordar la respuesta que la firma alemana daría a Vale. "Pero Vale, como siempre, nos pondrá contra la pared y nos preguntará: 'Y si no pasa los controles, ¿firmaréis o no?'. Por eso, tenemos que tener la respuesta de la corporación, en base a nuestras posiciones técnicas", escribió el ingeniero.
La declaración de otro ingeniero, Washington Pireti, que trabaja en Vale desde hace 22 años y no está entre los arrestados, indica que la empresa se abstuvo de tomar medidas aun sabiendo que había anormalidades en la presa. A la Fiscalía le contó que se constataron problemas en la estructura en el primer semestre de 2018, pero que solo a finales de año la empresa elaboró el proyecto de desmantelamiento de la presa, que no llegó a iniciarse. La rotura se produjo el 25 de enero y arrasó el comedor de la mina entre otras instalaciones. También comenta sobre la discrepancia en la lectura de cinco piezómetros automatizados —equipos utilizados para medir el nivel del agua de la estructura— 15 días antes del desastre. “No es normal que este tipo de lectura, realizada el día 10, llegue al día 25 sin que se haya revisado o se hayan tomado medidas”, declaró.
Los piezómetros funcionaban bien
Vale contrató la empresa Ibptech para examinar los componentes del Sistema Automático de Recogida de Datos de estos piezómetros y analizar si, de hecho, los equipos habían identificado alguna alteración en el nivel del agua de la presa antes de que la estructura se desmoronase. El informe de este trabajo, publicado el 9 de febrero, indica que los piezómetros funcionaron normalmente y que un error de registro en el sistema provocó que este leyera los datos de forma equivocada. O sea, en la práctica, las anormalidades identificadas no existían. Pero esa información solo se confirmó 15 días después de que se rompiera la presa y el informe —producido por IBPTECH teniendo como única base la información que le proporcionó Vale— sugiere que los empleados de la empresa minera tenían más prisa por resolver el problema que las empresas subcontratadas.
El problema con la lectura se dio en los piezómetros automatizados instalados en la Presa I de la Mina de Feijão (la siniestrada). Los responsables de la implantación y operatividad de estos instrumentos más modernos, según el informe, eran Tüv Süd (que controlaba la presa) y Tecwise (responsable por el sistema tecnológico). “[El problema de los piezómetros] lo provocó un error en la configuración de partes del sistema, actividad que estaba bajo la responsabilidad de los proveedores [de Vale]”, alega el estudio. En otro fragmento, el documento defiende la actuación de Vale: “Ya se había identificado la incorrección de los datos visualizados, motivo por el que requirió, advirtió y reiteró a sus proveedores que solucionaran el problema”.
El documento incluye varios correos intercambiados entre empleados de Vale, Tüv Süd y Tecwise y pretende arrojar luz sobre cómo las empresas actuaron al detectar la supuesta anormalidad, que por aquel entonces no se sabía que era solo un error de lectura. Dos días antes de la tragedia, Denis Valentin, un empleado de la empresa alemana, comunicó a empleados de Vale por correo electrónico que desde el día 10 había lecturas discrepantes en cinco piezómetros. El ingeniero geotécnico Helio Marcio Lopes de Cerqueira, de Vale, responde a Tüv Süd y a Tecwise al día siguiente, solicitando prioridad al caso. “Las lecturas son incoherentes. Por favor, comprobad qué ha ocurrido. Todavía no tenemos lecturas para seguir con el control de esta presa. ¡Hay que dar prioridad a eso! Si no encontráis el fallo, llamadme al móvil. Tenemos que solucionar esto rápido”, escribió.
El mismo día, otro empleado de Vale, Anderson Fernandes, reitera a los proveedores la necesidad de realizar un “análisis rápido” y de “sanar rápidamente este problema”, además de establecer que, si no lo corrigen, debe realizarse “la recogida manual de los datos” de los puntos con divergencias. Tecwise respondió que concertaría una visita para la semana siguiente. Como respuesta, Vale solicitó que las medidas se tomaran al día siguiente, porque estaban preocupados por las multas que deberían pagar si no presentaban las lecturas al órgano supervisor.
“El riesgo de que el DNPM [Departamento Nacional de Producción Minera] nos multe es muy alto”, escribió el ingeniero geotécnico Helio Marcio Lopes de Cerqueira, de Vale, a los dos proveedores. Ni los representantes de Tüv Süd ni los de Tecwise llegaron a hacer la visita, ya que la presa se rompió el día que estaba prevista, el viernes 25 de enero.
Al detectar la anomalía, no se siguió el protocolo
En sus declaraciones a la Fiscalía, empleados de Vale admitieron que el protocolo en caso de anomalía en los datos emitidos automáticamente por los piezómetros sería que los empleados de la propia empresa comprobasen las condiciones físicas de la presa e hicieran una lectura manual de los instrumentos de control. En los correos y fragmentos de declaraciones divulgados por los organismos que llevan a cabo la investigación judicial, ningún empleado explica por qué no se siguió. Los propios peritos contratados por Vale muestran que, durante varios días, la empresa esperó a que los proveedores comprobasen si las lecturas de los piezómetros eran reales o si había problemas en la comunicación de los datos al sistema tecnológico.
Los investigadores indican que, de momento, las declaraciones y pruebas apuntan a que las dos empresas estaban en connivencia para maquillar la situación real de la presa que se rompió. El 15 de febrero, la Fiscalía pidió la detención de ocho empleados de Vale y cuatro de Tüv Süd, que supuestamente autorizaron la emisión de un certificado de estabilidad sin que se alcanzara el nivel mínimo de seguridad para no perder futuros contratos con la multinacional minera. La Justicia solo autorizó la detención de los empleados de Vale. A los de la empresa alemana solo les realizaron registros.
Desde el desastre en Brumadinho, la veracidad de los certificados de estabilidad se ha puesto en entredicho. Las empresas de auditoría se muestran más cautelosas al certificar la seguridad de estas estructuras. En las últimas semanas, empresas mineras han activado un Plan de Acción de Emergencia en varias presas porque no han conseguido los certificados, y cientos de personas han sido desalojadas, la mayoría por Vale.
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