La vicepresidenta de Huawei afronta en Canadá las primeras audiencias de su posible extradición a EE UU
Los abogados de Meng Wanzhou y la fiscalía han presentado sus argumentos por la denuncia de que la ejecutiva vulneró las sanciones estadounidenses a Irán
La vicepresidenta de Huawei, Meng Wanzhou, ha afrontado esta semana varias audiencias en el tribunal de Vancouver que decidirá si acepta la petición de extradición de Estados Unidos, que acusa a la ejecutiva del gigante chino de las telecomunicaciones de haber violado supuestamente las sanciones comerciales impuestas a Irán. Meng, de 47 años de edad, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver el 1 de diciembre de 2018 y se encuentra bajo arresto domiciliario tras pagar una millonaria fianza. Los abogados de Meng han basado su oposición a la extradición en que las acusaciones contra ella no encajan en el código penal canadiense, una condición para que pueda aceptarse la entrega de la ejecutiva a EE UU. La Fiscalía ha argumentado lo contrario y aboga por dar curso a la petición estadounidense, algo que deberá decidir en los próximos meses la juez Heather Holmes.
En virtud de la ley canadiense de extradición, una persona puede ser entregada a las autoridades de otro país solo si la acusación constituye también un crimen en su código penal. La Fiscalía argumenta que Meng es acusada por EE UU de haber mentido al banco HSBC en 2013 respecto a los vínculos entre Huawei y la empresa SkyCom, la cual hizo negocios en Irán para eludir las sanciones estadounidenses. Por dicho motivo, el ministerio público afirma que el proceder de Meng tiene todas las características de un fraude, un delito sancionado en Canadá, tomando en cuenta el impacto que podrían tener las declaraciones falsas en las actividades de la institución bancaria.
En cambio, Richard Peck, uno de los abogados de Meng Wanzhou, ha sostenido ante el tribunal que “el crimen que aduce Estados Unidos consiste en la violación de sanciones contra Irán, no un fraude”. Ottawa levantó las sanciones contra Teherán en 2016, después de que se firmara el acuerdo nuclear con Irán, del que EE UU se retiró tras convertirse en presidente Donald Trump.
El caso de la vicepresidenta de Huawei ha tensado las relaciones entre Canadá y China. El lunes, cuando comenzaron las audiencias contra Meng, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló que el suyo “es un país que se basa en el Estado de derecho”, rechazando, como ha hecho en repetidas ocasiones, cualquier injerencia política. Por su parte, Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, declaró que el caso de Meng es un asunto político serio. “Estados Unidos y Canadá están abusando de su tratado bilateral de extradición”, sostuvo Geng.
Trudeau descartó el martes por completo la propuesta del ex primer ministro Jean Chrétien y varios de sus antiguos colaboradores sobre un posible intercambio de prisioneros para dar otra salida al caso de Meng. En concreto, la propuesta sería entregar a la ejecutiva a las autoridades chinas para que los canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig, detenidos por Pekín, recobren la libertad. “Vamos a seguir trabajando con China directamente para subrayar que somos un país de leyes y continuaremos actuando con vigor para asegurar el regreso de los dos canadienses detenidos”, insistió Trudeau.
El mes pasado, en una entrevista a la cadena TVA de Quebec, el primer ministro de Canadá dijo, además, que había solicitado a Estados Unidos no concluir un acuerdo de libre comercio con los chinos mientras los canadienses permanezcan encarcelados. Las palabras de Trudeau fueron criticadas por Pekín.
Huawei, mientras, ha expresado su postura respecto a las audiencias de extradición a través de Twitter: “Confiamos en el sistema judicial de Canadá, el cual demostrará la inocencia de la señora Meng. Huawei apoya a la señora Meng en su búsqueda de justicia y libertad”.
Este jueves, al término de las citas en el tribunal, la juez Holmes indicó que necesita tiempo para analizar los argumentos presentados con el fin de emitir un veredicto sobre la primera fase del proceso, que debe determinar si el delito que se imputa a la ejecutiva en EE UU es equivalente a otro en la legislación canadiense. En caso de que la juez considere que no se cumplen los requisitos, Meng podría quedar libre, salvo que la Fiscalía recurriera, lo cual sería previsible.
Dado que el caso se puede prolongar y hay otros argumentos pendientes, como las alegaciones de la defensa de que no se cumplió la ley en el momento de la detención de Meng, la juez se ha adelantado y ha fijado ya audiencias para junio. En cualquier caso, de acuerdo con la ley canadiense, David Lametti, fiscal general de Canadá y ministro de Justicia, tiene la facultad de suspender la extradición en cualquier momento, incluso cuando Meng agote los recursos legales.
El proceso de extradición de Meng podría durar meses o años, por lo que las relaciones entre chinos y canadienses —con Estados Unidos de fondo— difícilmente volverán a la normalidad próximamente. En los días de las audiencias, varias personas se manifestaron ante el tribunal de Vancouver. La cadena CBC difundió que dos mujeres afirmaron haber recibido dinero para manifestarse a favor de Meng.
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