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Las sospechas de corrupción empañan la reforma judicial en Perú

Algunos miembros del nuevo organismo de selección de jueces están vinculados con el magistrado investigado por encabezar una red corrupta

Manifestantes peruanos contra la corrupción en las instituciones públicas frente al Palacio de Gobierno en 2018.
Manifestantes peruanos contra la corrupción en las instituciones públicas frente al Palacio de Gobierno en 2018. (Getty Images)

 

La reforma judicial en Perú nace envuelta en polémica. La prensa local ha revelado que algunos de los miembros de la recién creada Junta Nacional de Justicia mantienen relaciones con César Hinostroza, antiguo juez investigado como cabeza de una red de corrupción y cuya extradición desde España está pendiente. La Junta es el organismo que sustituye al Consejo Nacional de la Magistratura, desaparecido hace año y medio, que evaluaba y destituía a los magistrados. Este organismo estaba considerado uno de los nodos de la mafia judicial, la llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La nueva Junta está integrada por siete miembros elegidos por concurso y tras la selección de una comisión especial compuesta por autoridades judiciales y académicas. Los nuevos cargos están llamados a revisar más de 2.400 nombramientos, destituciones y procesos disciplinarios del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura entre 2015 y 2018, período en el que la corrupción para colocar a los magistrados era moneda de cambio entre los congresistas fujimoristas (en la oposición) y jueces, fiscales, empresarios y abogados. Las conversaciones telefónicas que mantuvieron los Cuellos Blancos del Puerto sacudieron Perú cuando se conocieron en julio de 2018, tras una investigación fiscal a narcotraficantes presos y sus abogados.

Las escuchas autorizadas documentaron el pago de sobornos a cambio de sentencias judiciales, pero también la proximidad de Hinostroza con la líder de la oposición Keiko Fujimori, quien en 2018 esperaba favores para librarse de una investigación fiscal por lavado de activos que aún continúa.

Tras varias protestas ciudadanas los fujimoristas tuvieron que permitir en el Congreso el debate sobre la acusación constitucional contra Hinostroza y el Parlamento lo destituyó del cargo de juez supremo y lo inhabilitó por diez años. La justicia peruana lo espera para procesarlo por tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Otro de los altos cargos investigados por pertenecer a la red es el fiscal supremo Pedro Chávarry, quien dimitió como fiscal general hace un año, pero mantiene una importante cuota de poder en el Ministerio Público.

Hace una semana, El Comercio reveló que dos de los siete nuevos integrantes de la Junta, tuvieron conversaciones telefónicas con Hinostroza y con otros investigados del caso Cuellos Blancos, pero no las mencionaron a la comisión especial que los seleccionó. El escrutinio público y los reclamos de transparencia de dos miembros de esa comisión evaluadora -la fiscal general Zoraida Ávalos y la presidenta del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma- lograron suspender la toma de posesión de Marco Falconí y María Zavala hasta presentar sus descargos.

El contralor Nelson Shack, también en dicha comisión, propuso que esos dos candidatos pasaran por el polígrafo. Pero se opusieron a ello el presidente de la comisión, Walter Gutierrez -defensor del Pueblo elegido con los votos de la mayoría fujimorista en el Congreso- y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

Aunque la comisión especial está obligada a publicar los votos, no lo hizo. La prensa difundió el voto de la fiscal general contra Marcos Falconí y contra José Ávila por su incapacidad de identificar conflictos de interés.

Todo se complicó cuando el pasado lunes El Comercio reveló que el presidente de la comisión seleccionadora también cruzó llamadas telefónicas con Hinostroza. Desde Madrid, el juez inhabilitado pidió "no satanizar" a sus interlocutores. "El hecho de llamar y recibir llamadas no constituye falta alguna", dijo por escrito.

16 llamadas

En sus descargos, los candidatos Falconí y Zavala indicaron que no les pareció importante aludir a sus conversaciones con Hinostroza. La presidenta del Tribunal Constitucional pidió a Falconí que intentara recordar el motivo de las 16 llamadas, y este insistió en que se debían a asuntos académicos. Zavala superó el obstáculo y prestó juramento el jueves. Para empeorar el cuadro, la prensa informó que Falconí plagió en sus tesis doctoral y de maestría, mientras que Ávila copió artículos académicos. En los corrillos judiciales hablan de manipulación en el baremo de selección. Este viernes, el diario Perú21 reveló llamadas entre el actual presidente del Poder Judicial e Hinostroza, pese a que en agosto dijo a la radio RPP que nunca había hablado por teléfono con él.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, confía en que podrán esquivar los problemas: "La labor de la Junta es completamente viable para enfrentar todo atisbo de corrupción y para garantizar la independencia de jueces y fiscales", señaló Vásquez a EL PAÍS. "Hay una enorme expectativa ciudadana que no puede ser defraudada", añadió. Vásquez dijo que esperan revisar, en los próximos 180 días, el caso Chávarry y otros "donde hay indicios de irregularidades".

Mientras tanto, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo criticó el desempeño de Walter Gutiérrez como presidente de la comisión seleccionadora de los miembros de la Junta. "Sus actuaciones generan cuestionamientos en la opinión pública, perjudicando la imagen y legitimidad de nuestra institución frente a la ciudadanía", afirmó el gremio en un tuit.

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