México eleva la cifra de desaparecidos de la guerra al narco a más de 60.000

Sin ser una cifra definitiva, el Gobierno mexicano ha elevado el número de personas desaparecidas durante la guerra al narcotráfico a 60.053. Se trata de un aumento del 50% respecto a cálculos anteriores. La cifra, que cuenta los casos denunciados entre 2006 y 2019, podría ser aún mayor. Al menos diez estados siguen en "proceso de entrega de información". Otros ocho "siguen actualizando la información y revisando la información histórica" y 13 más continúan "revisando información histórica".

Las frases entre comillas son de Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México desde finales de 2018. Quintana se encargó de presentar los datos este lunes junto al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. "La información seguramente variará", insistió Quintana.

La incógnita apunta ahora al tamaño del desfase de los estados morosos. O mejor dicho, de las fiscalías estatales, que son las encargadas de recopilar y sistematizar la información. Entra las diez que aún siguen en proceso de entrega de información aparecen por ejemplo Guanajuato o Morelos, que desde hace años viven un repunte de la violencia homicida.

La cifra que ha dado el Gobierno es en todo caso el primer dato concreto de personas desaparecidas desde el sexenio anterior, cuando se manejaba un número cercano a las 40.000. Familiares de desaparecidos y organizaciones han recordado al Gobierno sin embargo que el conteo no es perfecto. No solo por el retraso de algunas fiscalías. La organización Data Cívica, que sigue de cerca el proceso de creación del registro de personas desaparecidas y el mapeo de fosas clandestinas en todo el país, criticó el lunes la falta de explicaciones del Gobierno respecto a la metodología que ha empleado en el conteo.

El informe presentado por la Administración López Obrador discrimina por género y rangos de edad. También por años. Tres cuartas partes de los 60.053 desaparecidos son hombres. La mayoría entre los 15 y los 39 años. De las mujeres desaparecidas, más de un tercio son niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.

Otro de los aspectos preocupantes que arrojan las cifras es que 2019 y los tres años inmediatamente anteriores han sido los peores en materia de personas desaparecidas. Solo en ese cuatrienio los desaparecidos ascienden a más de 22.000.

Un nuevo mapa de fosas

El Gobierno ha actualizado el mapa nacional de fosas clandestinas, diferenciando las que se han encontrado desde que empezó la guerra contra el narco, en 2006, y las halladas desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 fueron encontradas 874 fosas con restos de 1.124 cuerpos. Solo se han identificado 395 y entregados 243. La cifra de fosas clandestinas asciende a 3.631 desde 2006.

Más allá de la violencia, las cifras de fosas y cuerpos ilustran uno de los principales problemas del país, la crisis en materia forense de las fiscalías y los servicios periciales. Encinas lo ha apuntado varias veces desde que llegó a Gobernación. No es solo un problema de corrupción, sino de capacidades. Durante años, fiscalías de estados como Veracruz o Jalisco, de los más poblados del país, han carecido de medios para enfrentar el análisis o la identificación de miles de fragmentos hallados en fosas de toda su geografía.

En muchos casos carecían siquiera de personal para analizar cadáveres completos.

Las denuncias por hacinamiento y tratamiento inadecuado dibujaban una situación que ha llegado a picos de irrealidad increíbles. Fue el caso, por ejemplo, de los tráileres cargados de cuerpos, medio abandonados en un municipio de la periferia de Guadalajara a finales de 2018. El instituto de ciencias forenses del Estado no daba abasto y los camiones se convirtieron en fiambreras portátiles. Solo las denuncias de los vecinos y la prensa forzaron a la fiscalía a analizar a marchas forzadas y tratar de identificar los cadáveres.

El Gobierno de López Obrador toma 2006 como fecha de referencia. Fue entonces cuando el presidente, Felipe Calderón, del derechista PAN, sacó al Ejército a la calle para combatir al crimen organizado. El despliegue castrense se produjo principalmente en Estados del centro y el norte: Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. Pese a contenciones momentáneas, los asesinatos y desapariciones no han dejado de aumentar. 2019 terminó como el año más violento en México desde que hay registros.