Naciones Unidas evaluará las violaciones de los derechos humanos durante la crisis política en Perú
La policía se niega a reconocer los abusos que causaron dos muertos y 63 heridos durante una protesta pacífica en Lima
Una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evaluará a partir de este miércoles el impacto en los derechos humanos de la crisis política en Perú. Según explicó la unidad de derechos humanos de la ONU en América del Sur a EL PAÍS, el equipo busca ofrecer “recomendaciones concretas a las autoridades para prevenir futuras violaciones” durante manifestaciones pacíficas como las que recorrieron el país desde la destitución del presidente Martín Vizcarra y evitar los abusos policiales. La noche del sábado, la represión de las fuerzas de seguridad en el centro de Lima contra una protesta dejó a dos manifestantes muertos, 63 heridos que requirieron hospitalización, un joven desaparecido y un caso de violencia sexual. El lunes, el Ministerio de Salud comunicó que el personal sanitario atendió a más de 200 personas lesionadas desde ese día.
La misión, encabezada por Jan Jarab, representante para Sudamérica de ONU Derechos Humanos, llegará a Lima “a raíz de la preocupante situación en Perú” y tras de una invitación del Gobierno interino de ese país. Las masivas protestas ciudadanas empezaron la noche del pasado lunes, después de que el Congreso destituyera a Vizcarra usando la figura de la “vacancia presidencial por permanente incapacidad moral” y basándose en una investigación por supuestamente haber recibido sobornos —de más de 634.000 dólares— cuando era gobernador regional del departamento sureño de Moquegua en 2014.
El político pudo haber concluido su mandato el próximo julio mientras continuaba la pesquisa, pero una alianza de parlamentarios buscaba destituirlo desde septiembre, cuando en un primer intento no lograron suficientes votos para ello. Uno de los promotores de la salida de Vizcarra, Manuel Merino, el entonces presidente del Parlamento, se convirtió en gobernante interino durante seis días. Las protestas contra el Congreso no se realizaron en apoyo del mandatario destituido, sino contra el cuestionado uso de la moción para atentar contra la independencia de poderes del Estado y contra la calidad educativa en las universidades.
Desde el primer día de manifestaciones de jóvenes contra el Congreso, la policía reprimió duramente a personas que portaban pancartas, banderolas y las cornetas de plástico. En el cuarto día de protestas, los agentes detuvieron a 17 personas e hirieron en el cuerpo y rostro con perdigones a los manifestantes y a cuatro periodistas en Lima. En una protesta similar en Puerto Maldonado, en la región amazónica de Madre de Dios, otra periodista fue lesionada por las fuerzas del orden.
Sin embargo, lo peor ocurrió la noche del sábado. Hubo emboscadas y se registraron ataques desde un helicóptero, además de disparos de perdigones y gases lacrimógenos. La oficina de ONU Derechos Humanos indicó a EL PAÍS que la misión de observación “se reunirá con una variedad de actores para recopilar información de primera mano sobre la situación en el país, con énfasis en las violaciones de derechos humanos reportadas en el marco de protestas ocurridas en los últimos días”. Asimismo, dijo que proporcionará recomendaciones a las autoridades “incluidas las más recientes normas internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la reunión pacífica y uso de la fuerza policial”.
Negación de responsabilidades
En la primera comparecencia ante la prensa desde la violencia policial del sábado, un portavoz de la Policía Nacional rechazó que hubiera habido excesos en la actuación de los agentes. “Se ha dicho que ha habido brutalidad policial, y ya hemos demostrado que no hay detenciones arbitrarias ni desapariciones”, declaró el general Víctor Sanabria. Sin embargo, los familiares de Gabriel Rodríguez Medrano, que participó en las manifestaciones en el centro de Lima, aún lo siguen buscando. Mientras Francisco Sagasti asumía como nuevo presidente interino este martes, fue hallado con vida Luis Fernando Araujo, quien había sido secuestrado durante las protestas. Araujo señaló que fue retenido por un grupo de la policía llamado el Grupo Terna, el cual actuó camuflado durante las protestas.
Acerca del uso excesivo de perdigones, las lesiones oculares, y la ilegalidad de los disparos de balas de cristal contra el cuerpo, Sanabria señaló que las responsabilidades son “individuales y personalísimas” y que no podían atribuir a toda la policía “un posible hecho aislado”. La prensa preguntó por el reconocimiento de errores en la represión contra la protesta pacífica del sábado, pero el portavoz no lo vio necesario, al menos hasta que concluyan las investigaciones de la Fiscalía. La excesiva violencia contra las protestas en Lima no se repitió en otras regiones del país donde también los ciudadanos se habían manifestado contra el Congreso y contra el Gobierno interino de Merino.
Dado que los manifestantes en Lima enfrentaron la fuerte represión de los agentes desde el primer día de protestas, se constituyeron brigadas médicas de voluntarios para asistir a los heridos, que desde el jueves atendieron a los lesionados o asfixiados por los gases, y trasladaron a los más graves a los hospitales. Otros jóvenes consiguieron guantes para desactivar las bombas lacrimógenas que lanzaba la policía.
“Me sumé como voluntaria en una brigada porque soy enfermera de primera línea y mi esposo tiene formación en medicina. Los políticos que asumieron en el Gobierno interino [de Merino] no conocen las necesidades que tenemos los trabajadores de la salud y eso me preocupa debido a la pandemia. Además, sentimos que las solicitudes que hacen los jóvenes que protestan son totalmente legítimas y la represión policial es totalmente desproporcionada”, comentó a este diario Heydi, de 40 años.
