El Congreso de Perú debate por segunda vez la destitución del presidente

El Congreso de Perú ha aprobado debatir la destitución del presidente Martín Vizcarra el próximo 9 de noviembre. La Fiscalía investiga al mandatario peruano por presuntos sobornos que habría recibido de empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. A mediados de septiembre, el Parlamento evaluó destituir a Vizcarra debido a la contratación irregular de un amigo suyo en el Ministerio de Cultura, pero no alcanzaron los votos suficientes.

La moción de vacancia presidencial fue presentada el pasado 20 de octubre por 27 congresistas, luego de que el diario El Comercio publicó testimonios de colaboradores con la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra, por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo. Según las pruebas entregadas por los delatores, el monto entregado a inicios de 2014 ascendería a unos 281.000 dólares.

Este lunes, con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, los parlamentarios han admitido la moción para someterla a votación en una semana. Martín Vizcarra tiene derecho a presentar su descargo en la sesión de pleno en persona o a través de un abogado.

El pedido para destituir al presidente cuenta con la mayoría de votos de Unión por el Perú, una organización liderada por Antauro Humala, exmilitar preso debido a que dirigió la toma de una comisaría en 2005 que tuvo como consecuencia la muerte de cuatro policías. De acuerdo con el audio de una conversación telefónica desde la prisión, el político -hermano del expresidente Ollanta Humala- ha animado en octubre a su bancada a presionar por la salida de Vizcarra.

El otro grupo político promotor de la destitución del mandatario peruano es Podemos Perú, cuyo fundador, José Luna Gálvez es investigado por lavado de dinero y colusión agravada como testaferro del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, en la recepción de sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Además, junto con su hijo, José Luna Morales, congresista de Podemos Perú, afrontan otra investigación fiscal por haber pagado coimas para inscribir su partido político en 2018. Durante la sustentación de la propuesta para destituir al presidente, el congresista de Unión por el Perú, José Vega, no solo mencionó los supuestos pagos ilegales de Obrainsa y Astaldi, sino también otro posible soborno al exgobernador regional -de unos 359.000 dólares- por parte de la constructora peruana ICCGSA, en 2014. En esa ocasión, sería a cambio de adjudicar la ampliación del Hospital de Moquegua. “Hay testigos de las coimas que se han generado, ¿qué más quieren, colegas congresistas?”, exclamó el parlamentario.

Dos fiscales lo investigan

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, está a cargo de ambas pesquisas que forman parte del caso llamado el Club de la Construcción, en el que las compañías -a manera de cartel- se repartían las licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016. Unas 15 constructoras están bajo investigación. Hace 20 días, el fiscal Juárez solicitó al secretario general de la presidencia que le indique la vía para recabar el testimonio del presidente este martes 3 de noviembre, sin embargo -consultado por la prensa- Vizcarra dijo que no había recibido la notificación.

El funcionario reiteró el pedido y, el viernes pasado, el presidente respondió que enviaría una carta a la Fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, debido a “dudas y contradicciones” en la investigación fiscal. El mandatario ha negado las acusaciones en tres entrevistas en televisión. “Son totalmente falsas”, reiteró el viernes. Este lunes el presidente ha pedido por escrito a Ávalos definir qué fiscal es competente para investigarlo, debido a que ella dispuso el 16 de octubre que un fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios asuma la investigación de los supuestos pagos ilegales por las obras públicas en Moquegua. Por lo tanto, dos magistrados distintos investigan el mismo asunto. “Esta situación podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna”, apunta Vizcarra en su carta a la fiscal general.