La Fiscalía peruana investiga un supuesto soborno por 300.000 dólares al presidente Martín Vizcarra

Un colaborador en las investigaciones fiscales del Club de la construcción, como se llama a una treintena de empresas que se confabularon entre 2002 y 2016 para repartirse licitaciones de obras públicas, ha entregado pruebas de un soborno de 300.000 dólares en 2014 al presidente Martín Vizcarra, cuando este era gobernador de Moquegua, ha revelado la prensa peruana. La coima, de acuerdo con el testimonio del investigado, fue a cambio de información privilegiada que Vizcarra supuestamente entregó para que la empresa constructora Obrainsa, y su socia italiana Astaldi, ganaran la licitación de la obra de irrigación Lomas de Ilo, un concurso administrado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Es una práctica corriente en la administración pública peruana delegar a entidades internacionales la realización y gestión de licitaciones de obras. La estrategia ha restringido el acceso a la información sobre esos procesos, porque no están alcanzados por las exigencias de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. La Procuraduría Anticorrupción señaló en 2017 que 67 gobernadores y exgobernadores regionales estaban bajo investigación por hechos ocurridos desde 2013, entre ellos el actual mandatario. "La sindicación al presidente es grave y debe investigarse”, dice a EL PAÍS el exdefensor del Pueblo Eduardo Vega, quien dirigió en 2017 un estudio sobre la corrupción en obras públicas en cinco regiones del país, entre ellas, Moquegua.

De acuerdo con la información del colaborador judicial, en 2013 el gerente de Obrainsa, Elard Tejada, presentó una propuesta económica a UNOPS para la obra de irrigación, pero a inicios de octubre la entidad le pidió modificar el presupuesto. Siempre de acuerdo con ese testimonio, el empresario llamó por teléfono al entonces gobernador regional de Moquegua, Vizcarra, y este le dijo que podía darle una información que no había sido divulgada: el presupuesto del cual disponía el Gobierno Regional para esa licitación. A cambio le pedía una “comisión” del 2% de la obra. El ahora presidente también habría dicho que UNOPS le informaba de los resultados de la propuesta “antes de realizar la adjudicación, para que manifieste su no objeción”, reportó el diario El Comercio.

El gerente de la constructora Obrainsa ha estado dos años prófugo y el viernes pasado una jueza giró la orden de arresto en su contra por detención domiciliaria. Las empresas de Tejada y Vizcarra trabajaron juntas en consorcio cuando ganaron la licitación de una millonaria obra pública en 2003 en Arequipa.

El testimonio recabado por la Fiscalía indica que el gerente de la constructora pagó el soborno al entonces gobernador regional, en efectivo y en dos partes, en la sede de la empresa en Lima, en enero y abril de 2004. La Fiscalía ha recibido como pruebas las copias de los cheques para pagar la coima y varios correos electrónicos.

Según el relato judicial del arrepentido, otra parte del soborno fue pagado, a pedido de Vizcarra, mediante el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos de Lima a Moquegua, con quienes el político necesitaba reunirse. El pedido a la constructora de que asuma el vuelo “a cuenta de lo pactado” ocurrió en diciembre de 2013, antes de la adjudicación de la licitación.

La noche del domingo, el presidente peruano señaló en un programa de televisión que no visitó la constructora Obrainsa en las fechas señaladas. “He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada porque era de importancia”, declaró.

Además, el presidente explicó que si Obrainsa pagó el costo del vuelo fue como una acción de “responsabilidad empresarial”, pues los funcionarios bolivianos estaban interesados en usar el puerto de Ilo para exportaciones. “Rechazo categóricamente. En toda mi vida no he estado indignado como lo estoy ahora”, dijo el jefe de Estado en el programa de televisión Panorama.

La República reporta además este lunes que ejecutivos de otras dos empresas han ofrecido al Ministerio Público pruebas de pagos ilícitos a Vizcarra cuando fue autoridad regional. Una es la constructora peruana ICCGSA y la otra la ecuatoriana CASA.

El exprocurador anticorrupción César Azabache comentó en una radioemisora que para corroborar la versión de Vizcarra sobre “las reuniones técnicas” tendría que haber documentación del Gobierno Regional que las sustente. Además, dijo que bastaría con que la fiscalía recabe información de las llamadas de teléfonos móviles para confirmar los dichos del arrepentido.