Un estudio cuestiona la voluntad política del Gobierno colombiano para proteger a los líderes sociales

Una y otra vez, informe tras informe, distintas organizaciones sociales y organismos internacionales han llamado la atención sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia. ¿Qué hace que se repitan con frecuencia? ¿Por qué las medidas no son efectivas? ¿Dónde está fallando el Gobierno de Iván Duque? Esas son las pregunta que se hizo Amnistía Internacional para elaborar el estudio ¿Por qué nos quieren matar?, que revela los errores en la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia. “A pesar de las declaraciones de preocupación sobre el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos por funcionarios del más alto nivel, incluido el presidente Duque, no pareciera que exista una auténtica voluntad política en las autoridades colombianas para abordar las causas estructurales que las ponen en riesgo”, advierte el documento.

Las cifras de las cuales parte Amnistía revelan la dimensión del problema. “A pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su Gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, las cifras de fuentes confiables revisadas por Amnistía Internacional indican lo contrario”, señala el informe. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al 30 de septiembre de 2020, se hizo seguimiento a 97 asesinatos de líderes, de los cuales pudo verificar 45 homicidios. A finales de 2017, la organización Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Colombia, reportaron entre 96 y 126 casos de defensores asesinados en todo el país. En 2018, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. Y en 2019, se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, entre 10 y 31 asesinatos más que ocurrieron en 2019 están siendo verificados.

Amnistía Internacional reconoce que el Estado colombiano tiene “numerosas normas e instituciones para la protección del trabajo y las actividades de las personas defensoras de derechos humanos”, y que es uno de los primeros países en crear una Unidad Nacional de Protección (UNP), que se enfoca en la protección individual y otorga escoltas, celulares, carros blindados y esquemas de seguridad a las personas amenazadas; así como sistemas de protección colectiva. Sin embargo, Amnistía señala que no son efectivos. La razón –asegura Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional– es que “las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras”.

Uno de los mayores vacíos –dice el informe– se encuentra en la reacción del Gobierno al Sistema de Alertas Tempranas, a través del cual la Defensoría del Pueblo le advierte al Ministerio de Interior de las amenazas y posibles ataques a los líderes sociales. A menudo, cuando ocurren masacres o asesinatos a defensores, sale a la luz que el Estado estaba advertido. Para Amnistía esto ocurre porque no hay consecuencias políticas ni jurídicas para los funcionarios del Gobierno nacional o los Gobiernos locales que no cumplen su labor de protección, “mientras que las consecuencias para las personas defensoras son, literalmente, fatales”.

El otro hoyo negro estaría en la Unidad Nacional de Protección que, según cifras de la entidad, desde 2011 hasta 2020 ha dado protección física a 4.890 personas. Sin embargo, según las entrevistas que hizo Amnistía Internacional a defensores de derechos humanos, las medidas llegan tarde o con deficiencias de calidad. “Incluyendo, por ejemplo, la entrega de vehículos sin gasolina, teléfonos celulares sin crédito o chalecos blindados en zonas de altas temperaturas que hace inviable su uso”, dice la ONG. Esa ha sido una denuncia permanente de líderes sociales como Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental; o Leyner Palacios, hoy miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Márquez fue víctima de un atentado, mientras que el escolta de Palacios fue asesinado en Cali en circunstancias aún no establecidas. “El asesinato de mi escolta es un mensaje y una amenaza a mi labor”, dijo en su momento Palacios, quien perdió a 28 familiares durante la masacre de Bojayá.

Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante la negociación de los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno se adoptaron unas medidas para proteger a los líderes sociales. Pero estas no se han implementado. En al menos cuatro comunidades en las cuales la organización documentó la situación, están a cargo de la fuerza pública que ha perdido la confianza de la comunidad o la capacidad de acción recae en municipios con pocos recursos económicos. “Amnistía Internacional considera que es preocupante que la policía sea la institución a cargo de la protección colectiva de personas defensoras, ya que podría representar un enfoque policiaco, y no una perspectiva integral de protección, que va más allá de la policía garantizando la vida e integridad”, continúa.

Ante los incesantes homicidios, en 2019 el Gobierno de Iván Duque ha respondido con la creación del Plan de Atención Oportuna, pero esto tampoco ha detenido el desangre. Y la Fiscalía General creó una Unidad Especial de Investigación que ha reportado “algún avance” en la investigación de 173 de los 317 casos de homicidios al 31 de marzo de 2020. La ONG valora los esfuerzos y avances pero considera que no han sido suficientes para combatir la impunidad en los ataques contra defensores de derechos humanos, pues existen apenas 49 sentencias firmes para homicidios relacionados con líderes sociales.