Crisis del coronavirus

La pandemia empodera a las Fuerzas Armadas en América Latina

El papel protagónico de los uniformados levanta muchas suspicacias por las consecuencias a futuro que pueda tener haberles otorgado tanto poder

Policías protestan frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en Buenos Aires.
Policías protestan frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en Buenos Aires.Juan Ignacio Roncoroni / EFE
Buenos Aires / México / São Paulo / Santiago de Chile - 12 sep 2020 - 22:49 UTC

Un general está al frente del Ministerio de Salud en Brasil. Rige el estado de excepción en Ecuador, Perú y Chile. La policía de Buenos Aires se subleva por mejoras salariales. La muerte en manos de la policía de un abogado enciende la ira ciudadana en Bogotá. Un operativo contra una fiesta clandestina termina con 13 muertos en Lima. En México, el Gobierno se apoya en el Ejército para casi todo. Las medidas extraordinarias contra la propagación de la covid-19 han dado un inesperado protagonismo a policías y militares. Frente a la memoria aún fresca de las dictaduras de los setenta y ochenta, las fuerzas de seguridad se presentan ahora como garantes del orden y, sobre todo, eficientes. El papel protagónico de los uniformados, sin embargo, levanta muchas suspicacias por las consecuencias a futuro que pueda tener haberles otorgado tanto poder.

Las necesidades de control social han empoderado a las armas. El fenómeno no es homogéneo en la región, pero sigue como patrón que los uniformados han tomado el control de las calles. “En los países donde las Fuerzas Armadas ya tenían un rol importante, como Brasil, México, Perú, Bolivia y Colombia el coronavirus acentuó ese rol. En el caso de México, por ejemplo, hasta se les cedieron puertos y autopistas”, dice el politólogo argentino y experto en seguridad Fabián Calle. Los uniformados han sumado protagonismo sin ruido, como si la gente considerase el nuevo statu quo una consecuencia natural e inevitable de la pandemia.

El caso más paradigmático de este creciente poder ha sido Brasil. El coqueteo del presidente Jair Bolsonaro con los uniformados les ha dado una visibilidad sin precedentes en democracia. Su vicepresidente, Hamilton Mourão, es un general en retiro y 10 de sus 23 ministros han pasado por los cuarteles. En el gabinete castrense destaca el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un militar experto en logística que poco sabe de política sanitaria. La relación de Bolsonaro con los cuarteles viene de sus años de juventud. Al inicio de su carrera militar (se retiró como capitán), encabezó un motín. Fue así como consiguió el apoyo político de las fuerzas de seguridad y creó una base que lo ayudó a mantenerse en el Congreso durante 30 años.

En las elecciones de 2018, cuando Bolsonaro fue elegido para ocupar el palacio de Planalto, el número de militares y policías electos se cuadruplicó en relación con 2014. El sector más radicalizado, formado principalmente por jóvenes soldados, no deja de crecer. Solo en São Paulo, el número de policías y militares en servicio activo con licencia para disputar elecciones municipales ha aumentado en un 62% en comparación con 2016. Mientras avanza la politización de los cuarteles, expertos alertan sobre los posibles riesgos de que los uniformados se conviertan en un vector de ruptura democrática.

Fabián Calle no cree que estemos ante semejante posibilidad, pero reconoce que las cosas ya no serán como antes de la pandemia. “Hay Estados débiles, burocracias poco eficientes y crecientes problemas. Todos los Gobiernos terminan recurriendo a una de las pocas burocracias ordenadas y con cadena de mando que, además, funciona. Pero no hay ningún salto al poder. Lo que habrá serán más recursos económicos y más influencia, porque esto no será gratis”, advierte.

Otro país donde sin duda han adquirido más preponderancia las Fuerzas Armadas es México, donde los uniformados nunca tuvieron el peso de otros lugares de la región. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pasó de defender en campaña que volviesen a los cuarteles ante el fracaso de la conocida como guerra contra el narcotráfico, a otorgarle el control de diversas instancias de la Administración, como las aduanas y los puertos. Durante la pandemia, las Fuerzas Armadas han sido las encargadas de desarrollar hospitales de campaña y distribuir los suministros necesarios por todo el país. A ello se suma una mayor presencia en las calles, con la Guardia Nacional, el cuerpo creado y con un cambio en la legislación que les permite actuar en asuntos de seguridad pública.

La policía de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ya ha cobrado la cuenta. Durante tres días, policías armados realizaron una huelga sin precedentes que terminó con una subida de salarios. La “bonaerense”, como se la conoce, es una fuerza de 90.000 hombres en activo con un largo historial de excesos y corrupción que ningún Gobierno ha logrado controlar. Desde el regreso a la democracia, en 1983, las distintas administraciones han desfinanciado progresivamente a las Fuerzas Armadas, que pagaron así su pasado dictatorial, y transfirieron recursos a las policías. La de Buenos Aires se levantó ahora con el argumento de que la pandemia había limado sus ingresos (sin fútbol y espectáculos terminaron las horas extras), mientras que su trabajo se había multiplicado por el control de la cuarentena.

El coronavirus no es lo único que ha dado un papel protagónico a las fuerzas de seguridad en el último año. En Bolivia, la presión de la policía fue el detonante para forzar la salida del entonces presidente Evo Morales. En Colombia, el asesinato de un joven tras un disparo de los antidisturbios volvió a poner de manifiesto los excesos policiales. En el país sudamericano las alarmas se volvieron a encender esta semana, tras la muerte bajo custodia policial de un abogado. El desencanto de la población con la policía no hace si no ir en aumento y la necesidad de una reforma se antoja inevitable.

La policía militar chilena también está en la calle, pero por orden del Gobierno. Este viernes, el presidente Sebastián Piñera decidió extender por otros 90 días el estado de excepción en todo el territorio. La medida empezó a regir en Chile tan pronto comenzó la pandemia, por lo que el país estará nueve meses con los militares haciendo cumplir las restricciones de tránsito y reunión. El Ejecutivo justificó la decisión por la covid-19, pero sobrevuela el fantasma del desorden público. El 18 de octubre se cumple un año de las revueltas sociales en Chile y el 25 del mismo mes se celebrará el plebiscito constitucional, con más de 14 millones de personas convocadas a las urnas. Será un referéndum bajo condiciones inéditas, como el toque de queda, que rige entre las 11 de la noche y cinco de la mañana.

“La crisis sanitaria no se resuelve con militares en las calles. Es un exceso y, al mismo tiempo, desvela la incapacidad de las autoridades para establecer normas básicas de seguridad ciudadana”, señala el chileno Gabriel Gaspar, analista político y exsubsecretario de Fuerzas Armadas del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Para el diplomático, en su país se ha empujado a los militares “a patrullar a los chilenos, cuando las Fuerzas Armadas están diseñadas más bien para defenderlos”. ¿Pueden los militares tentarse con el poder? Fabián Calle opina que es poco probable que alcancen el protagonismo de los años de Pinochet, pero no descarta que “levanten el perfil” si la violencia crece. “No será para tomar el poder”, dice, “pero marcarán el terreno”.

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