El último escollo en la negociación del Brexit

El último jeroglífico en torno al Brexit se compone de dos suposiciones de buena fe y una decisión jurídica con un sospechoso aroma a maniobra política. Primera suposición: una vez fuera del mercado interior de la UE, el Reino Unido debe ordenar su propio mercado interno. Los Gobiernos autónomos de Escocia, Gales, o Irlanda del Norte van a recuperar competencias propias ―pesca, agricultura, comercio, etcétera― que hasta ahora regulaba Bruselas. Londres aspira a desarrollar una ley de mercado único que establezca reglas comunes y evite la competencia desleal y posibles distorsiones. Segunda suposición: los tratados internacionales tienen fuerza de ley y deben ser respetados. El Acuerdo de Retirada firmado entre el Reino Unido y la UE en enero de este año establecía que Irlanda del Norte se mantendría ―hasta dar con una solución definitiva― dentro del mercado interior comunitario, sometida a sus reglas. Era el modo de impedir el restablecimiento de una nueva frontera entre las dos Irlandas (conviene siempre recordar que la República de Irlanda es la frontera occidental entre la UE y el Reino Unido) que resucitara la amenaza de la violencia.

La maniobra que ha puesto en peligro un futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas es, según el Gobierno de Boris Johnson, un mero tecnicismo para atar cabos y evitar vacíos legales; y según sus críticos, una trampa para saltarse descaradamente las obligaciones suscritas en el Acuerdo de Retirada. Afecta a dos asuntos muy concretos: las declaraciones aduaneras y las subvenciones estatales a la industria. En teoría, cualquier bien cuyo origen sea Irlanda del Norte y su destino otro punto del Reino Unido, debe contar con el correspondiente formulario de exportación, y viceversa. Y en teoría también, cualquier ayuda pública a una empresa norirlandesa debe ser notificada a Bruselas para calibrar si se trata de una ventaja competitiva injusta.

En el texto de la nueva Ley de Mercado Interior del Reino Unido, el Gobierno de Johnson ha introducido dos cláusulas que alteran ambas presuposiciones. Corresponderá en exclusiva al ministro de Comercio decidir qué debe considerarse ayuda estatal y qué no a la hora de notificarlo a Bruselas. Y excluye a las empresas norirlandesas de rellenar ningún formulario aduanero cuando exporten bienes al resto del Reino Unido. Es el modo de que Johnson salve la cara y cumpla su promesa de que Irlanda del Norte no tendría un trato diferente al del resto del país, como le siguen reclamando los conservadores euroescépticos y los unionistas norirlandeses.

Asegura Downing Street que la acusación de haber quebrado la validez jurídica del Acuerdo de Retirada es falsa, que el Reino Unido cumple sus compromisos y actúa “de buena fe”, y que, en palabras del ministro de Medio Ambiente, George Eustice, este mismo lunes, “el mismo tratado reconocía en su texto que determinados asuntos debían concretarse y perfilarse en el futuro”. Las consecuencias del movimiento, sin embargo, pueden ser catastróficas. A corto plazo, porque pueden descarrilar unas negociaciones actuales ya muy encalladas. A largo plazo, porque será difícil borrar esa mancha futura en el prestigio del Reino Unido como actor internacional que ofrezca confianza.