La Justicia ecuatoriana tiene en sus manos el futuro político de Rafael Correa

Un tribunal comunica este lunes su fallo sobre el juicio del ’caso Sobornos’, por el que el expresidente está condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en Madrid, en 2017.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en Madrid, en 2017.Patricio Realpe (GETTY)

El regreso al poder de Rafael Correa en Ecuador depende más de la Justicia que de las urnas. Tras ver frustradas sus opciones de participar en las próximas elecciones, el expresidente escuchará este lunes desde Bélgica qué va a pasar con su futuro político en la próxima década. Un tribunal ha pasado el fin de semana deliberando y por la tarde -cuando ya sea de noche en el huso horario de Correa- debe comunicar si el juicio por el que fue condenado a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cargo público se apegó al procedimiento o si tuvo errores, antes de declarar si se ejecuta la sentencia. Esa resolución sobre los recursos de casación presentados por la defensa de Correa y por otros 15 condenados es el punto de inflexión para el político.

Si el tribunal no le da la razón en la tercera instancia, la condena debe ejecutarse. Hasta ahora, estaba pendiente de agotar la vía judicial antes de que el expresidente tuviera que cumplir con los años de prisión y con el impedimento para seguir en política. Pero desde este lunes, el expresidente sabrá si queda apartado de cualquier proceso electoral durante los próximos ocho años -lo que podría alejarle, por los plazos, incluso de las próximas tres disputas presidenciales- y si debe ir a la cárcel por un periodo similar. Sobre él, ya pesaba una orden de prisión que nunca llegó a materializarse debido a que vive en Europa y la Interpol no dio paso a la orden de detención internacional.

Al no haber vuelto a pisar territorio ecuatoriano desde 2017, Rafael Correa ha evadido esa detención, pero también un juicio que sigue pendiente por el secuestro de un asambleísta opositor y, esta última semana, ha quedado apartado de la carrera presidencial del próximo año. La autoridad electoral no tomó en cuenta su postulación, pues la normativa exige a todos los aspirantes que formalicen su participación de forma presencial, personal e indelegable. Es una “persecución”, ha repetido en numerosas ocasiones Corea para protestar en todos los casos.

La importancia del fallo judicial para su futuro político quedó definitivamente evidenciada el pasado viernes, último día de la audiencia de casación. El expresidente no había comparecido en todo el juicio, ni presencial ni virtualmente. Tampoco en la instancia de apelación. Pero sí lo hizo cuando se agotaban los recursos judiciales para insistir en el argumento de la persecución y en el de que todas las pruebas del caso fueron forjadas o manipuladas. “Jamás he permitido un soborno; es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí. Para tratar de inculparme se han inventado nombres: arroz verde, sobornos y cuadernos escritos de un viaje de Quito a Guayaquil… Fueron manipulados esos archivos desde el 2018”, dijo Correa el viernes, desde la esquina de una pantalla de la sala de audiencias antes de hacer un llamado al tribunal a “hacer justicia y cambiar la historia”.

“Señores magistrados, en sus manos está parar. Interpol les rechaza todo; Bélgica se les ríe”, ridiculizó el exmandatario. La decisión que se dará a conocer el lunes podrá enfrentar nuevos recursos de ampliación o de aclaración; sin embargo, ya no podrá alterarse la posición del tribunal. También podría acudir a instancias internacionales, pero esas otras opciones no dejan sin efecto la aplicación de la sentencia.

Junto a Correa, han sido condenados -y también están a la espera de la decisión sobre sus recursos- otros 15 procesados. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas, preso desde 2017 por el caso Odebrecht; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que fue uno de los hombres de confianza del exmandatario durante su década de gobierno; y la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, que a mediados de agosto rompió el arresto domiciliario y acudió a refugiarse a la residencia del embajador de Argentina en Quito. Además de los exasambleístas de Alianza PAIS, Viviana Bonilla y Christian Viteri, que también incumplieron antes de llegar a casación la medida cautelar de comparecer ante el juez regularmente. La última vez que se presentaron ante la Corte de Guayas fue el 11 de agosto y se desconoce su paradero desde entonces.

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Según el Ministerio Fiscal, los miembros de la cúpula de Gobierno de Rafael Correa implicados formaron una trama de aportaciones irregulares de campaña al partido oficialista Alianza PAIS que operó entre 2012 y 2016. Esta red movió más de siete millones de dólares (unos 6,5 millones de euros), a través de intercambios de favores entre las autoridades y contratistas del Estado. A cambio de la financiación ilegal, los empresarios recibían grandes proyectos de infraestructura. La Procuraduría General del Estado, que también actuó como acusación, cifró el perjuicio al país en 21 millones de dólares.

El caso salió a la luz en abril del año pasado gracias a la revelación del portal periodístico MilHojas, en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados. Dos de las acusadas colaboraron con la Justicia desde la etapa de investigación. Pamela Martínez, asesora de Presidencia cuando gobernaba Correa, y Laura Terán, asistente de esta, entregaron a la Fiscalía un cuaderno y archivos de Excel en los que llevaban un registro contable de los pagos que recibían los funcionarios y de cómo se hacían las transacciones de los empresarios: en efectivo o con cruce de facturas por servicios no prestados o con precios inflados. A cambio de la cooperación penal, ambas se beneficiaron de una pena menor que ya están cumpliendo. Para Martínez son 38 meses y 12 días y para Terán, tres meses y seis días.

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