Venezuela solicita a Italia la extradición del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió este viernes una resolución que da luz verde para que el régimen chavista solicite al Gobierno de Italia la extradición de Rafael Ramírez, presidente de la petrolera estatal, PDVSA, y también ministro de Minas entre 2002 y 2013. Conocido como el zar del petróleo venezolano en los años de Hugo Chávez, Ramírez está acusado de corrupción y desde el exilio ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a Nicolás Maduro.

Según la información del alto tribunal, controlado por el oficialismo, el pedido de extradición de Ramírez busca someter al funcionario, que también es miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir”. Estos delitos están sancionados por las leyes contra la corrupción y la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.

A Ramírez y algunos de sus colaboradores en la petrolera estatal se les ha acusado de varios delitos graves desde diversos frentes políticos. En esta ocasión, de acuerdo con el Supremo, por sobreprecios en un contrato entre PDVSA Servicios SA y Petrosaudí Oil Services LTD. Hombre poderoso e influyente en los tiempos de Chávez, cuya figura sigue reivindicado, sobre Ramírez descansó la responsabilidad de la reorientación estratégica de la política petrolera y las decisiones organizativas de la compañía en el ciclo de precios petroleros más alto de la historia. La industria fue abandonada a sus aliados y mercados naturales para establecer alianzas con China y Rusia, sellar un pacto con la revolución cubana y alejarse de Estados Unidos. Bajo su administración, el volumen de las deudas de PDVSA se triplicó.

Casos de corrupción

Luego de la enfermedad y muerte de Chávez, en 2013, el expresidente de la petrolera comenzó a alejarse sin retorno de la dirección política de la revolución bolivariana, entre otras cosas por diferencias con Maduro y su “número dos”, Diosdado Cabello, sobre la orientación económica del Gobierno. En 2016, cuando empezó la legislatura de la Asamblea Nacional dominada la oposición, los diputados iniciaron una activa investigación de los casos más flagrantes de corrupción en los años del chavismo, con sus gravísimos daños patrimoniales a la nación, que colocaban al descubierto el descalabro de la industria petrolera.

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida entonces por Freddy Guevara –hoy resguardado en la Embajada de Chile en Caracas—cerró una voluminosa investigación que responsabiliza a Ramírez y a varios de sus colaboradores por el desvío masivo de dinero a cuentas bancarias particulares, triangulados en complejas operaciones financieras, y le atribuye responsabilidad directa en la decadencia de la industria venezolana, por varias décadas una de las más dinámicas y poderosas del mundo.

Ramírez fue tenazmente defendido por sus compañeros militantes del PSUV al comienzo de las acusaciones parlamentarias de la oposición, que fueron obstaculizadas. El dirigente político fue apartado de su cargo y se le asignó la representación del Gobierno de Maduro en Naciones Unidas. A partir de ese momento, la ruptura de Ramírez con el Palacio de Miraflores fue definitiva.

Un gesto hacia Estados Unidos

Esta semana, se conoció también una medida inesperada que afecta a dos de los seis ejecutivos de Citgo, la filial petrolera de Venezuela en EE UU, detenidos en el país sudamericano desde hace más de dos años sin haber sido sometidos a juicio. Dos de los directivos pasaron a régimen de arresto domiciliario. La medida la confirmó el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que a mediados de julio visitó Caracas en una misión mediadora por el caso de estos ciudadanos estadounidenses. “Estamos aliviados de escuchar que el jueves Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los #CITGO6, fueron liberados de prisión y se les concedió el arresto domiciliario”, escribió Richardson en su cuenta de Twitter.

Cárdenas y Toledo fueron detenidos en el aeropuerto de Maiquetía el 21 de noviembre de 2017 junto con el expresidente de la filial de PDVSA José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, cuando regresaban al país para asistir a una reunión de urgencia a la que fueron llamados en PDVSA. Todos ellos, con pasaporte estadounidense, fueron acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos, por supuestamente negociar el refinanciamiento de unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo a cambio de una participación del 50% de la compañía. La transacción nunca se concretó.

Los seis exejecutivos de Citgo estuvieron desde su detención bajo arresto domiciliario, pero en febrero de este año, sin ninguna explicación, fueron trasladados a la prisión del Helicoide, la cárcel donde suelen encerrar a los presos políticos, justo después de que el líder de la oposición y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca y recibiera un nuevo espaldarazo durante su gira internacional de principios de año. Ahora, dos de ellos vuelven al régimen inicial.

El demócrata Richardson ha gestionado negociaciones internacionales para detenidos de alto perfil y a mediados de julio se reunió con Nicolás Maduro. Al regresar a su país dijo que había fracasado en su intento por liberar a los seis ejecutivos, una exigencia que ha reiterado Washington, al igual que a los exboinas verdes Luke Denman y Airan Berry, detenidos en mayo durante una fallida incursión militar en las costas venezolanas. Richardson ha agradecido ahora el gesto de Maduro y de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, por la liberación de los estadounidenses detenidos en el país. “Es un primer paso”, dijo.

La medida ocurre en uno de los momentos de mayor hostilidad entre Venezuela y Estados Unidos, que continúa acorralando al régimen de Maduro con más sanciones a sus funcionarios y ofrecimientos de recompensas para dar con su captura y la de sus altos cargos. Además, Citgo ha estado en el centro de las hostilidades políticas en Venezuela, luego de que Guaidó lograse el año pasado tomar control de la filial y nombrar una junta ad hoc. La refinería estaba en riesgo de perderse al haber sido puesta como garantía para tenedores de bonos de PDVSA. En tribunales, la junta designada por Guaidó ha peleado con los acreedores y ha logrado suspender la liquidación de este activo, sobre el que todavía tiene control, al menos hasta octubre.